Honduras: La otra epidemia

Desesperados, más de 2 000 hondureños tratan de llegar a Estados Unidos, en la reanudación de las marchas hasta ahora fracasadas de huida del submundo en que la mala gobernanza ha sumido al país.

Aunque la epidemia de la COVID-19 ha dejado sin empleo a otros 600 000 hondureños, ya estos representaban casi el 65% de la pobreza en la abandonada nación centroamericana, donde se burlan diariamente los derechos humanos, se roban impunemente las arcas oficiales y las tierras son entregadas a latifundistas, previo despojo policial a familias campesinas.

Manifestaciones antigubernamentales no decaen y aumentan desde hace años, desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya, quien trató de dar un gobierno digno a los hondureños.

Las protestas han sido inútiles, porque el actual régimen de Juan Orlando Hernández utiliza métodos espurios para ganar comicios tras comicios, con el apoyo castrense y el aval de Estados Unidos, que tiene en la nación una excelente base militar, la de Palmerola, donde prepara a elementos mercenarios que son enviados a realizar actividades subversivas contra el Gobierno Bolivariano de Venezuela.

Recuerdo como a Zelaya la prensa local lo atacó por haber utilizado un avión para que sus hijos pudieran asistir a un concierto de la cantante colombiana Shakira, algo que, de ser cierto, es reprobable, pero un percance menor con lo que han hecho anteriores y posteriores gobiernos hondureños.

Se sabe que la corrupción beneficia a unos pocos, pero perjudica a millones de personas. El mal uso de los impuestos que pagan los contribuyentes -que sustentan más del 80% del presupuesto- hace que los hondureños pobres no puedan tener acceso a servicios de salud eficientes y oportunos, principalmente en estos tiempos de pandemia; que la educación sea de pésima calidad y que no se reciban los días de clase que se necesitan; que no se puedan realizar las inversiones en infraestructura para mejorar la competitividad del país y que, cuando se hacen, resulten de tan mala calidad que los puentes se caen antes de inaugurarlos.

Por eso no es extraño que Honduras haya sido descalificada para recibir financiamiento de proyectos que contribuyan a acelerar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La principal causa detrás de esta descalificación es precisamente la falta de transparencia y la corrupción.

El presidente Juan Orlando Hernández, quien fue elegido y reelegido por menos de la tercera parte del electorado, ha sido acusado directamente de haber sido pieza clave y partícipe directo en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras ejercía en el periodo de gobierno de Porfirio Lobo Sosa, como presidente del Congreso Nacional.

Hernández acepto haber recibido fondos para su campaña del IHSS que se componían de aportaciones de los abonados para poder recibir sus atenciones médicas, las que día a día decaían en calidad, al punto que dicho desfalco ocasiono la muerte de al menos 2 888 personas que no encontraron ni tratamiento o medicamentos en el IHSS.

Pero nada sucedió, y el mandatario mantuvo atributos para impedir la instalación de una comisión contra la impunidad independiente e internacional, y, cínicamente, propuso la creación de un sistema integrado de combate a la corrupción, que estaría integrado por los mismos organismos que no habían investigado ni señalado la amplitud ni los verdaderos culpables de los continuados desfalcos del erario nacional.

En medio de todo esto, de la desatención a la salud y la desesperación de miles de hondureños que tratan de emigrar, se suceden hechos de violencia y asesinatos selectivos contra líderes comunitarios, tal como está ocurriendo en Colombia.

La inseguridad es tal que altos funcionarios se desplazan en helicópteros, aun dentro de la ciudad.