Guatemala: Arévalo bajo ataque en dos frentes

El presidente fe Guatemala, Bernardo Arévalo, se ha visto obligado a decretar el estado de excepción por 30 días para enfrentar el reto proveniente del crimen organizado, que ha creado una situación que ha puesto en peligro de acabar con las débiles instituciones democráticas del país, sumándose al asedio de los actores más oscuros, reaccionarios y corruptos  que le han estado haciendo la guerra principalmente en la esfera judicial desde que asumió las riendas del país, electo por la mayoría de un esperanzado pueblo.

Arévalo viene de una disyuntiva internacional que lo amerita cuando expresa su rechazo a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente y la esposa, pero que llena de dudas cuando se suma al corifeo de deleznables gobiernos de derecha que ensalzan y respaldan la entrega de la presidencia de Honduras a Nasry Asfura -favorito de Trump-, en circunstancias a todas luces corruptas.

La crisis de este domingo que provocó el estado de excepción es más que una serie de motines y ataques “terroristas”, sino una manifestación del desajuste entre la capacidad institucional y la organización criminal transnacionalizada dentro del país, lo cual, además de conspirar contra la gobernanza de Arévalo -al igual que los factores políticos ya citados-  lo hace contra un Estado debilitado que tiene el reto de convertirse en un ente articulador de justicia y seguridad, además de democracia participativa.

La crisis de seguridad de este domingo 18 de enero de 2026 en Guatemala no es un episodio aislado de violencia criminal, sino un desafío directo a la soberanía estatal y a la capacidad de gobernar democráticamente. Los motines carcelarios, los ataques coordinados contra la policía y la suspensión de la vida pública revelan una crisis estructural del Estado, donde actores criminales disputan poder real y obligan a respuestas de emergencia que tensionan derechos, instituciones y legitimidad política.
En fin, la cárcel dejó de ser un espacio de encierro y se convirtió en un centro de mando. Los motines coordinados y la violencia externa muestran que el sistema penitenciario no solo está colapsado, sino capturado en partes clave. Sin control efectivo adentro, el Estado paga el costo afuera.

Además, la violencia pandillera ya no es solo criminal, sino que es política. Cuando grupos armados fuerzan suspensiones de clases, militarización urbana y estados de excepción de facto, la violencia produce efectos de gobernanza. No busca solo lucro o intimidación, sino condicionar decisiones estatales.

Por eso, la respuesta no puede reducirse a fuerza o coerción sin articulación democrática. La contención inmediata puede ser necesaria, pero sin inteligencia, reforma institucional y política social territorial, la excepción se vuelve rutina. Sin una articulación democrática amplia, el miedo termina reorganizando la política en clave autoritaria.

DESAFÍO

El domingo 18 de enero del 2026 quedará marcado en la historia política reciente de Guatemala como un momento en que la violencia organizada desafió abiertamente la capacidad de gobernar del Estado y puso en evidencia la fragilidad del monopolio de la fuerza estatal. Lo que empezó como un motín carcelario simultáneo se transformó en una crisis de seguridad nacional, con ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil (PNC), suspensiones de servicios públicos, y reacciones diversas de instituciones estatales, sector privado y autoridades civiles.

El sábado 17 de enero se registraron motines simultáneos en tres prisiones del país: Renovación I (máxima seguridad, Escuintla), Fraijanes II y el Preventivo de la zona 18 (Ciudad de Guatemala). Según el Ministerio de Gobernación, todos fueron coordinados desde adentro por la pandilla del Barrio 18, liderada por Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”.

Las exigencias iban desde traslado a otro centro penitenciario hasta exigencias imposibles (aire acondicionado, cama tamaño “king”, comida “de restaurante”), revelando el grado de control interno y las dinámicas de privilegios que operan dentro del sistema penitenciario.

Lo más perturbador no fue el motín per se, sino que esta acción no fue aislada: evidenció sincronización operativa entre pandillas en distintos reclusorios, lo que llevó a expertos a advertir lo más obvio, es decir, otras posibles fugas masivas o nuevos episodios de violencia coordinada. No se necesita mucha preparación intelectual o política para predecir que todo eso, o peor, puede ocurrir.

LA VIOLENCIA

Tras la intervención de fuerzas públicas para retomar el control, especialmente en Renovación I, se desencadenó una segunda fase de la crisis: ataques casi simultáneos contra agentes y sedes de la PNC en la ciudad de Guatemala y sus alrededores. En distintos puntos del país se reportaron enfrentamientos que dejaron al menos nueve agentes muertos y diez heridos, además de decenas de capturas posteriores.

La violencia alcanzó tal intensidad que Arévalo calificó los hechos como “ataques terroristas” contra las fuerzas del Estado y ordenó patrullajes conjuntos del Ejército y la PNC en zonas urbanas clave. El país parece estar bajo asedio de las maras.

Este salto, de motín penitenciario a agresión callejera, demuestra que las pandillas ya no están confinadas a espacios aislados, sino que son actores capaces de desafiar al Estado fuera de los muros y condicionan la seguridad y movilidad urbana. También obliga a cuestionar qué tipos de apoyo gozan de otras fuerzas interesadas en zozobra y pavor.

RECORDATORIO

En octubre del 2025, 20 jefes de pandillas del Barrio 18 se fugaron de Fraijanes II, generando una crisis que costó la renuncia de altos funcionarios de seguridad, incluyendo la del ministro Francisco Jiménez, y una acusación explícita de fallas en la cadena de mando penitenciario. Cuando las crisis de amplían de este modo, todos los rumores son posibles y casi necesarios. Pero también es el momento en el que son más problemáticos y funcionales a intereses igualmente oscuros a los de las maras.

Obvio que la fuga no fue un hecho aislado, sino un síntoma de captura institucional, es decir, pandillas con redes internas de complicidad, acceso a armas, influencia sobre el personal y coherencia organizativa suficiente para operar dentro y fuera de las prisiones. Esta vulnerabilidad estructural volvió a expresarse este fin de semana en forma de violencia social abierta.

Ante la crisis, las autoridades reafirmaron que no negociarán con pandillas o grupos ahora catalogados como “terroristas”. Se ordenaron operativos mixtos (policía + ejército) en puntos urbanos para contener la violencia y proteger infraestructura crítica.

Como se puede apreciar,  la violencia pandillera tiene efectos de gobernanza que calan a lo más profundo de la vida cotidiana, lo que implica que todo esto no se trata solo de violencia física, sino de una reconfiguración temporal del orden público y la vida cotidiana.

LO QUE OCURRE

La capacidad de las pandillas para coordinar motines y ataques exteriores muestra que el control territorial del Estado está seriamente debilitado en algunos espacios, lo que remite al siguiente argumento gramsciano: cuando “poderes paralelo–extraestatales” imponen costos altos a la sociedad, la hegemonía estatal misma está en crisis.

Si la política existe en principio para producir condiciones de vida dignas para la ciudadanía, en Guatemala, la violencia estructural cotidiana que incluye extorsión, control de territorios barriales, inseguridad, etc., ha erosionado esa base. La incapacidad del Estado para prever y responder a estos eventos vulnera el derecho social básico a la seguridad, el transporte y la educación. No importa cuánto reaccionen a las crisis después de los hechos.

La reacción más obvia, como imponer un estado de excepción, desplegar militarización, suspender derechos, etc., puede responder a la coyuntura inmediata, pero corre el riesgo de profundizar la captura de la política por un modelo de seguridad sin raíces sociales, reduciendo los espacios de deliberación democrática y reforzando un orden punitivo que no resuelve la raíz del problema.

LO QUE SE DEBE HACER

Desde la teoría de la articulación democrática, una respuesta coherente, estructural y de largo plazo debe combinar el restablecimiento del control estatal bajo marcos de transparencia y rendición de cuentas, especialmente en el sistema penitenciario (inteligencia, profesionalización, lucha contra la corrupción interna); la prevención social territorial integral, que atienda exclusión, desempleo y reclutamiento pandillero; así como políticas de largo plazo que desactiven las lógicas de violencia estructural, no solo con represión sino con reconstrucción de tejido social.