Ecuador: Lasso y su «varita mágica»

Estado de excepción, aumento de la represión policial, encarcelamiento a todo lo que huela a subversión forman parte de la “varita mágica” que el impopular gobierno de Guillermo Lasso ha esgrimido para suprimir las acciones violentas que bandas delincuenciales han emprendido en gran parte de Ecuador, a resulta de lo cual ha vuelto a recurrir al estado de excepción para enfrentarlas.

Lo que sucede por estos días es una muestra de la inoperancia oficial para enfrentar los problemas descuidados por el propio Lasso en la esfera de la seguridad, y una prueba que llegó a la presidencia sin saber las necesidades y los problemas de los ecuatorianos.

Ello es también producto de la vanidad de una persona que, a pesar de todo su dinero y ser un prominente banquero, ha fracasado en otros dos intentos ante Rafael Correa –líder de la ahora perseguida Revolución Ciudadana- por llegar a la Presidencia, y que movió todos los peones a su alcance para lograrlo, con lo cual contó con la complicidad de entes que dirigían el movimiento indígena Pachakutic, enemigo del correísmo.

No hace mucho encuestadores al servicio de la oligarquía situaban a Lasso como el segundo presidente más querido por sus electores en Latinoamérica, solo superado por el salvadoreño, Nayib Bukele, quien ahora lo criticó por haber declarado el estado de excepción y no haber implementado acciones para aumentar la seguridad.

Tales sondeos lo presentaban hasta con el 72% de aceptación, algo ilógico, cuando seguía cometiendo desatinos, y ahora otras encuestadoras más cercanas a la verdad ubicaban al susodicho con el 81% de desaprobación, una aprobación de solo el 14% y un 5% que no quiso opinar.

Ahora Lasso le echa la culpa de todos los entuertos a quien fuera su alumno Lenin Moreno y a la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, pero lo cierto es que durante su aún corto mandato han sucedido más levantamientos carcelarios que nunca y la cifra de muertes supera a la de sus predecesores en ese sentido.

Aunque en la Comisión Internacional de Derechos Humanos hay elementos favorables a la derecha que personifica Lasso, ha tenido que admitir el actual exacerbamiento de las principales falencias, como hacinamiento y abuso de la prisión preventiva, y establecer que las megacárceles no han solucionado nada.

A la Comisión no le ha quedado más remedio que señalar que al actual gobierno no escapa de las responsabilidades al respecto, a pesar de no haber cumplido ni siquiera la mitad del mandato, y en relación al tema de “Mecanismo de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes admitió que tampoco ha tenido voluntad para hacerlo cumplir.

El sistema carcelario en Ecuador se encuentra en un pozo profundo, cerrando el 2021 con 316 presos asesinados, una población carcelaria de alrededor de más de 37 000 personas en 36 centros de detención a nivel nacional, que dan evidencia de la superpoblación de internos. Con el actual gobierno, esa y otras cifras pueden ser superadas, independientemente de los hechos de sangre que están ocurriendo en estos momentos en los enfrentamientos de todo tipo entre pandilleros y la fuerza pública.

DESGOBIERNO

No solo la oposición política a Lasso, sino que los principales medios de la nación, favorables a su gestión, no han podido eludir que ha actuado de manera descoordinada, aunque se cuidan de no destacarlo en su titularidad.

Y es que lo que está sucediendo en Ecuador es una respuesta al desmantelamiento de todo el sistema de justicia que estaba en buen estado cuando el movimiento correísta estaba en el poder.

En aquel entonces existía el Ministerio de Seguridad que estaba coordinado con el de Justicia y el de Derechos Humanos que ahora no existen, porque ni al anterior gobierno de Lenín Moreno y ahora el de Lasso no les ha interesado poner fin a las actividades del crimen organizado en las cárceles del país, lo cual se traduce en sucesivas masacres carteleras, demostrando que no hay voluntad política tanto del gobierno como del presidente.

Y si ahora las pandillas y policías chocan en las calles y entidades oficiales, ello se deriva de esa crisis carcelaria que se ha exacerbado en la actual administración, causada por la incompetencia oficial en materia de seguridad, que se une a la social por incumplimientos de Lasso, entre ellos con la población indígena, que ha demostrado fuerza para oponérsele, a pesar de las complicidades del movimiento Pachakutic que le permitió llegar a la Presidencia.

Tras 16 meses de gobierno, no se ha visto una mejora de la pobreza, el empleo y la producción a niveles prepandemia. Si bien los ajustes macroeconómicos lograron una reducción del déficit global, todavía tiene retos importantes en materia de gobernabilidad, pobreza, inflación y seguridad.

Los niveles de pobreza extrema de 10,5% registran el pico más alto desde el 2012, sin contar el año pandémico. Todo lo anterior se volvió, precisamente, un caldo de cultivo para el actual estallido social. El peligro de la inestabilidad que vive hoy el país es que este escenario de fragilidad económica impedirá dinamizar la inversión y la generación de empleo, y lo que se está viendo es el incremento de la población carcelaria y las consecuencias de la represión interna que se traducen en la violencia en las calles, la cual trata de ser eliminada con estados de excepción que no resuelven nada y dejan las cosas igual o peor.