Dina: NO al pueblo, SÍ al Imperio

La crisis política y social de Perú sigue ahondando con una mandataria impuesta y sostenida hasta ahora por la oligarquía local y el imperialismo, con un Congreso desprestigiado y controlado por la derecha, reacio a adelantar elecciones que lo harían desaparecer, con el fin de y mantener su mandato hasta el 2026.

No importa el rechazo a la presidenta interina Dina Boluarte por cerca del 80% del peruano y la violenta represión a las manifestaciones populares en su contra, porque los mayoritarios medios justifican hasta el virtual fusilamiento de sus participantes, la mayoría indígenas, que reclaman su renuncia, la disolución del Congreso, nuevas elecciones y una Constitución que sustituya a la impuesta por Alberto Fujimori.

Boluarte dijo una vez que era una mujer de izquierda, se afilió a un partido con ideología marxista y escaló la vicepresidencia de la nación, desde la que conspiró y traicionó al mandatario legítimo, Pedro Castillo, santificando su injusta reclusión carcelaria, todos los tejeymanejes de la Fiscal General Patricia Montesinos y aliándose con la ultraderechista Keiko Fujimori, de la cual había dicho dos años antes que la iba a encerrar por sus diversos delitos de corrupción.

No sé cuánto le durará el respaldo de la ultraderecha a su gobernanza interina, y si ello sería motivado por otros ambiciosos de poder, quienes, sin dejar de estar en las filas de la reacción, se oponen a Keiko y más ahora cuando Boluarte la está respaldando en todo lo que pide.

Tan es así, que medios nada sospechosos de ser progresistas titularon despachos con esta aseveración: “Dina Baluarte agacha la cabeza ante Keiko Fujimori después de allanamiento a Joaquín Ramírez”, un jefe mafioso bajo el disfraz de alcalde que ha sostenido negocios y apoyado monetariamente a Keiko.

Y es que el fujimorista partido Fuerza Popular había exigido a la mandataria que sus ministros no declararan sobre el caso de Joaquín Ramírez y que evitaran brindar conferencias de prensa sobre este tema, el cual ubica a la hija del exdictador Alberto Fujimori como pieza clave del brazo político del clan Ramírez.

NADA DE “MARAÑA”

Tal como los delincuentes de la época del batistato en Cuba alegaban que las acusaciones sobre sus delitos eran parte de una maraña en su contra, así justificó Joaquín Ramírez lo que le está sucediendo, y apuntó a ciertos personajes también de derecha contrarios al fujimorismo y que envidian su poder político y riquezas “bien habidas”.

En este contexto, el ministro del Interior, Vicente Romero, señaló —en conferencia de prensa, tras un operativo en el que se incautó 214 inmuebles vinculados a Ramírez— que se trataba del segundo “caso más grande de lavado de activos” en Perú luego del caso Orellana.

“Después del caso Orellana, este es el más grande en el Perú en tema de lavado de activos. Más de 1 000 millones de dólares se van a incautar en un promedio de 295 bienes, edificios, vehículos, aeronaves, simulador e inmuebles. Esto nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de lavado de activos”, declaró.

De acuerdo a la tesis fiscal, tras la investigación preliminar iniciada contra Joaquín Ramírez en el 2019, se le atribuye al actual alcalde de Cajamarca el delito de lavado de activos por haber participado en el financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, cuando se desempeñaba como secretario general de Fuerza Popular. Este movimiento irregular de dinero se realizó en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado.

El Ministerio Público expuso que, durante el periodo de Ramírez al frente de la Universidad Alas Peruanas, se hicieron contratos millonarios simulados mediante empresas de fachada para la adquisición y reventa de inmuebles, además de otros negocios, con la finalidad de transferir fondos a la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Según la estructura de la organización criminal dedicada a la presunta comisión del delito de lavado de activos, el brazo político estaría integrado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Piar Figara, ex asesor de la hija de Alberto Fujimori. La función de ellos habría sido captar fondos ilícitos para obtener poder político y, con ello, blindar a la organización criminal.
 
¿LA SEGUIRÁN PROTEGIENDO?

Para Keiko, actualmente investigada por el caso Cócteles ―sobre lavado por aportes ilegales en las contiendas del 2011 y el 2016―, es el segundo entramado en el que la involucra la Fiscalía.

Que finalmente sea culpada de forma efectiva sigue siendo duda en muchos, cuando ahora tiene el favor de una mandataria que incluso trata de dar el visto bueno a una amnistía para su padre.

Este se encuentra momentáneamente en su domicilio por su salud, y debe seguir cumpliendo su condena de 25 años en la cárcel de Barbadillo, donde se encuentra recluido injustamente el ex presidente Pedro Castillo y ahora acaba de arribar otro ex mandatario, Alejandro Toledo, extraditado desde Estados Unidos, con el fin de que responda por cargos de corrupción, de lo que hasta ahora, no hay pruebas convincentes.

A su vez, Fujimori fue condenado, entre otros crímenes, por la matanza de civiles durante la lucha contra las guerrillas, aunque no por haber esterilizado inconsultamente a más de 3 000 mujeres indígenas.