Contra viento y marea: Sin cesar protestas en Perú

Cuando algunos mayoritarios medios de la derecha conservadora peruana coincidían en afirmar que el mal estado del tiempo impediría o si acaso debilitaría las manifestaciones contra la presidenta, Dina Boluarte, a 100 días de haber asumido su espurio mandato, estas han proseguido en numerosas regiones del país, e incluso la etnia indígena aimara se declaró en estado de huelga indefinida.

Las demostraciones para que renuncie Boluarte, se adelanten las elecciones y surja una nuevo Constitución que impida la elección de un congreso tal como está ahora, han sido combatidas a sangre y fuego por las denominadas fuerzas del orden, con abundante empleo de armas letales y granadas de gas lacrimógeno de tal manera que algunos elementos conservadores indicaron que ello envalentonará aún más a un movimiento sin cabeza visible, pero determinado.

La publicitada decisión de la Fiscalía de invitar a Boluarte y a su premier, Alejandro Otárola, para que respondan acerca de las muertes de los manifestantes, ha quedado en eso, publicidad, porque se impide una indagación profunda, a todas luces con el fin de mantener en la impunidad a los cabezas visibles y culpables de la violación de los derechos humanos. Ni ella ni Otárola serán juzgados por la actual justicia del país.

BOFETADA

No es sencillo y si una bofetada al rostro, cuando en sus pocos más de tres meses en el poder, la política de la presidenta ha causado 66 muertes, entre ellos recién nacidos, menores de edad y soldados que recibieron la orden de sus superiores de entrar a un río crecido, así como hombres y mujeres que no participaban en las protestas, además de atentados a periodistas que cubrían las marchas. 

En solo 100 días, ha recibido alertas de numerosos organismos de derechos humanos en una situación que nadie sabe cómo irá a terminar, pues no existen rastros de programación de un adelanto de elecciones.

Recusable también es la decisión órganos de derecha que intentan de dar validez a la decisión judicial de mantener preso al expresidente Pedro Castillo durante tres años más, además de que divulgan declaraciones de un testaferro llamado Carlos Barba, quien afirmó que el mandatario le dio órdenes para que realizara labores de espionaje.

Lo cierto es que Dina Baluarte –apoyada públicamente por la Embajada de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos- ha sido conflictiva desde el inicio de su mandato. Cuando asumió el cargo, aseguró que se quedaría hasta el 2026. Esta seguridad acrecentó el desencanto de la mayoría de las regiones de Perú, las cuales exigen su renuncia desde el día uno de su asunción a la presidencia. 

A ello se agrega que el Congreso, con una percha que es mayoritaria, y el resto de los diputados que no se hacen sentir, ha rechazado cinco veces el pedido de elecciones adelantada, para no perder privilegios y por ser representantes de partidos insignificantes que desaparecerían en nuevos comicios, además de volverse cómplices de una presidenta que reprime a quienes manifiestan contra su gobierno.

Reitero, las responsabilidades por los asesinatos se han obviado a tal punto que en las investigaciones en las que se la involucra aún no le toman ni las declaraciones, y el gobierno insiste en mentir, a vista y paciencia de toda la ciudadanía.

“DEMOCRACIA” DESAPARECIDA

Lo que se conoce como democracia representativa (no la participativa) no aparece por algún lado con el actual régimen interino peruano, que aún se mantiene en el poder, porque, a no dudarlo, hay fuertes intereses que así lo desean, realizan una política de desgaste contra las protestas y evitan así la asunción de un mandato popular peligroso para sus intereses.

Para Carmen Erizaber, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú, la diferencia entre las protestas sociales que se han suscitado desde diciembre del año pasado, con las que se llevaron a cabo en el 2020, es que ahora los manifestantes son campesinos de poblaciones rurales y no son de sectores liberales, limeños, que piden la recuperación de la democracia.

Erizaber dudó de la afirmación oficial acerca de que las ´protestas han disminuido, y se refirió a un informe de la Defensoría del Pueblo que analiza los tres meses del gobierno de Dina Boluarte: 

“En ese tiempo hemos tenido 1327 protestas. Eso es más o menos lo que Perú acumula en todo un año. De esas, 153 han sido hechos de violencia, poco más del 10%...  Las protestas se han ido expandiendo, no son solo en el sur andino. Hay manifestaciones cívicas, simbólicas… Con volarte Perú está caminando por un camino muy peligroso”.

LA VERDAD

En su afán por evitar que se conociera le verdad sobre la muerte de seis jóvenes soldados que se ahogaron en el río Llave, el Ministerio de Defensa aseguró que un contingente militar había tratado de escapar del ataque de una muchedumbre de indígenas aimaras que les lanzaban piedras.

Las víctimas son Franz Canosa Cahuana, Álex Quispe Serrano, Elvis Parí Quiso, Elías Lupicia Inquilla, Perry Alex Castillo Pongo y Carlos Quispe Monta lico. Tenían entre 18 y 20 años, y todos eran aimaras.

Sin embargo, el periodista Liubomir Fernández, del diario conservador La República, quien se encontraba en el lugar en ese momento, desmintió de inmediato a las autoridades, y advirtió que no hubo ningún ataque ni persecución, además de tener la versión de uno de los soldados:

"El capitán dijo: '¡Perros, vamos a cruzar el río, ¿o se harán los pobrecitos?'. Muchos han dicho que no sabían nadar (…). Aun así, teníamos que cruzar. Estábamos con nuestra mochila, así. Con el peso, y todo, creo que a mí también se me ha hecho difícil llegar a la orilla. El peso de la mochila, el armamento", dijo al precisar las condiciones en las que los forzaron a cruzar el río.

"Estábamos cruzando agarrándonos, pero nos hemos soltado por completo porque cada uno quería nadar. Cada uno quería salir por sí mismo. Ya no podía ayudar Ahí nos hemos comenzado a desesperar. Nos hemos desesperado y todos nos hemos soltado", agregó.

Fernández, además de denunciar que se hizo un video para falsear la verdad, reafirmó que fue “una decisión unilateral la que los llevó a ingresar al río. Nada los presionó. No tenían a nadie en frente que los atacara de manera directa. 
Eso es lo que vimos, algo completamente diferente al comunicado del Ministerio de Defensa”.

Los comuneros bajaron de los cerros corriendo solo cuando vieron que varios soldados luchaban por salir del agua. En ese momento todos se dedicaron a prestar auxilio.

Los rescatados se identificaron como aimaras y, tras revelar la comunidad a la que pertenecían, les dieron todos los auxilios.

Después de reanimarlos, les contaron a sus paisanos que su jefe superior les ordenó cruzar el río con el propósito de cortar camino para llegar más rápido al cuartel Pachacútec. 

Contaron que la orden se habría coordinado con el comando del cuartel y con el comando de operaciones de Puno. Si lograban cruzar el río, los iban a recoger en carro portatropas. Luego terminaron contando que el uniforme que cargaban no les permitía nadar.

La situación se tornó dramática cuando el primer grupo que logró cruzar el río arrastraba por la orilla el cuerpo sin vida de Franz Juan Camaza Cahuana (20 años). Este era hijo de un teniente gobernador de Julic.

Cuando se enteraron de que los rescatados y el primer fallecido eran hijos de aimaras, los comuneros estallaron en llanto. Les parecía injusto que hijos y padres se enfrenten.

“Cómo es posible que los oficiales nos hagan enfrentar con nuestros propios paisanos. Eso no puede ser”, reclamaba una mujer que prestaba auxilio a los rescatados.

Todas las víctimas son de Puno, por lo que la tragedia ha impactado fuertemente en la región altiplánica.

Al conocer el hecho, hasta el bilioso periodista que perteneció en su juventud a la izquierda César Hildebrant expresó: "Antes sostenía que Boluarte debía renunciar, ahora que tiene que largarse”.