Con la asunción espuria de la presidencia de Honduras por el protegido de Donald Trump, Nasry Asfura, llegó la virtual expulsión de los 168 integrantes de la brigada médica cubana contratada por el anterior gobierno, el comienzo de los asesinatos de lideres locales de izquierda, el intento de llevar a juicio a personeros de la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral que denunciaron nel fraude y la abrogación de obras virtualmente terminadas por la presidenta Xiomara Castro.

En fin, toda una debacle creada por este nuevo mandatario cuyo gabinete está integrado por elementos ligados a la oligarquía y respaldan todo este entramado.

Asfura asumió la presidencia tras unas elecciones cuestionadas y sin respuestas claras a las denuncias de fraude. Pero la sombra electoral no llegó sola: el mencionado respaldo de Donald Trump, el peso del legado del narcotraficante  Juan Orlando Hernández, el bipartidismo que negocia impunidad y un Estado capturado por élites económicas ya están marcando el nuevo mandato.

Con un discurso de “reducción del Estado” y un caso de corrupción aún abierto, el gobierno arranca entre promesas de cambio y viejos fantasmas del poder.

Vínculos familiares y exfuncionarios nacionalistas marcan el gabinete de Asfura, quien asumirá directamente la Secretaría de Salud, mientras su gobierno impulsa una reducción del Estado que contempla eliminar 38 instituciones públicas, y los nuevos nombramientos revelan exfuncionarios nacionalistas, vínculos familiares y una brecha de género, con solo 15 mujeres entre 36 cargos anunciados hasta ahora, en una reconfiguración del poder.

En este contexto, el Colegio Médico de Honduras exigió al Poder Ejecutivo que reconsidere la decisión de que el presidente Asfura asuma directamente la titularidad de la Secretaría de Salud, al considerar que esta medida vulnera la Constitución y la Ley General de la Administración Pública, advirtiendo una incompatibilidad constitucional por la acumulación de funciones y exigiendo el nombramiento de un profesional idóneo con formación y experiencia en el sector salud.

Nada ajeno le es ajeno

Asfura no es ajeno a la política hondureña: fue impuesto como presidente tras un intento fallido en el 2021 y ocho años al frente de la alcaldía capitalina (2014-2018 y 2018-2022) y un periodo como diputado al Congreso Nacional por Francisco Morazán del Partido Nacional en el periodo 2010-2014, cargo que no ejerció al ser nombrado ministro-director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Sus empresas de construcción y manejo de desechos sólidos tienen millonarios contratos con la alcaldía capitalina.

El caso judicial contra Asfura data del 2024, cuando la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Fuerce) lo acusó junto a otros exfuncionarios municipales de constituir una red de lavado de dinero mediante la cual se habrían desviado de las arcas de la alcaldía capitalina más de 28 millones de lempiras (un dólar igual a 26,7 lempiras) entre el 2017 y el 2018. Los fondos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía y el pago de tarjetas de crédito de Asfura y sus hijas, para realzar compras personales, como joyas.

El ahora presidente ha sido acusado por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, violación de los deberes de los funcionarios, usos de documentos falsos y fraude. En octubre del 2024, en la audiencia de declaración de imputado, se le permitió defenderse en libertad al imponérsele varias medidas distintas a la prisión como no salir del país y presentarse cada mes a firmar a los tribunales y el pago de una fianza de 15 millones de lempiras.

Posteriormente, en diciembre del 2024, se le revocaron las medidas y se le devolvió la fianza, pasando el caso a la Corte Suprema de Justicia donde se nombró como juez natural al magistrado, Milton Jiménez Puerto, quien hasta el momento no ha agendado la audiencia inicial.

Alejado de las masas

Acompañado por un reducido círculo social y político y rodeado de simbolismos religiosos de las iglesias católica y evangélica, Asura fue juramentado en el Congreso Nacional, acompañado por su esposa Lissette del Cid y sus hijas Stephanie, Monique y Alexandra.

Horas antes y fuera del hemiciclo, un reducido grupo de militantes del Partido Nacional, quienes lograron pasar los anillos de seguridad, gritaron “la racha”, en referencia a su viral frase que inundó las redes sociales durante su campaña electoral, al no contar con una propuesta de gobierno sólida.

Un sector de este grupo coreó el nombre “Juan Orlando” [Hernández] en referencia al expresidente del mismo instituto político que recientemente fue indultado por Donald Trump, tras haber sido condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.

Jefferson, residente de la capitalina colonia La Joya, llegó acompañado de su familia para apoyar al nuevo mandatario, a quien dijo respaldar por su gestión como alcalde y por propuestas como el cuestionado empleo por hora, que, según afirmó, podría beneficiar a jóvenes sin empleo.

Esta modalidad laboral fue derogada en abril de 2022 durante el gobierno de la entonces presidenta Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), tras casi nueve años de vigencia y por señalamientos de precarización de los derechos de los trabajadores. Pese a ello, su reinstalación forma parte de las iniciativas que el nuevo gobierno de Asura busca implementar.

Durante su toma de protesta, ya sea por nervios o por un error, Asura sufrió un lapsus al confundir la Constitución de la república con la biblia. “Hago la promesa de ley de cumplir la constitución, las leyes como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras para servirte estamos”, declaró.

Junto a Asura fueron juramentados sus designados presidenciales María Antonieta Mejía, Carlos Alberto Flores Guifarro y Diana Waleska Herrera.

Su discurso, de toma de posesión destacó más por los agradecimientos que por la profundidad de sus planteamientos. Asura atribuyó su llegada al poder a la “gracia de Dios”, agradeció a autoridades electorales, a las Fuerzas Armadas y a representantes de las iglesias católica y evangélica, y llamó a gobernar sin distinción partidaria. Sin aludir a las denuncias de fraude ni a la exclusión de votos, delineó como prioridades la reducción del Estado, la seguridad, la salud, la educación y la atracción de inversión, y cerró con una oración religiosa y la promesa de “no fallarle” a Honduras.

Recordatorio

Las elecciones generales del 2025 en Honduras estuvieron empapadas por la intervención estadounidense a través del presidente Donald Trump, quien a cuatro días de los comicios, del 30 de noviembre, dio un espaldarazo a Asura y vetó al candidato del Partido Liberal, Salvador Narrarla. Dos días después, condicionó el apoyo económico al triunfo del candidato nacionalista y anunció el indulto de Juan Orlando Hernández, sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos.

Posteriormente, el 1 de diciembre, pocas horas después del primer corte tras el cierre de las urnas, Trump volvió a pronunciarse sobre el proceso electoral hondureño. Esta vez acusando a funcionarios electorales de “cambiar los resultados de las elecciones” e “interrumpir bruscamente el recuento de votos.

A las publicaciones de Trump se sumaron presiones desde el Departamento de Estado, que emitió otros posteas exigiendo “respetar” los resultados, pese a que no se había finalizado el conteo.

Contrario a la investidura de Xiomara Castro como jefa de Estado, cuando la entonces vicepresidenta Kamala Harris visitó Honduras, en la juramentación de Asura solo estuvo presente la encargada de negocios de la embajada de EE.UU. en Honduras, Collen Anne Hoy, quien afirmó que la toma de posesión de Asura “marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Honduras, con oportunidades para avanzar juntos en prioridades compartidas”.

Ofensiva conservadora

El presidente impuesto mediante fraude representa el retorno del proyecto político de Juan Orlando Hernández, ahora encarnado en la figura de Asura, con lo cual se abre un escenario de retrocesos en derechos, represión, persecución y criminalización en la protesta social.

El gobierno de Nazly Asfura viene marcado por una ofensiva conservadora, con propuestas para imponer la Biblia en las aulas, represión a movilizaciones feministas y señales de retroceso en derechos de mujeres y niñas, lo cual es un riesgo al Estado laico, al dar peso a las cúpulas religiosas. en el nuevo poder.

Además de la sombra del fraude electoral. hay otras que pesan con mayor fuerza sobre Asfura, incluso cuando intenta presentarse, desde el discurso, como un presidente bonachón y unificador de un país profundamente polarizado.

La primera y quizá más envolvente de esas sombras es la que proyecta Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, cuya legitimidad en su país ha sido erosionada por acciones que socavan la democracia y los contrapesos institucionales, por señalamientos en casos graves como el de Epstein —que sigue revelando redes de abuso y trata de personas vinculadas a élites políticas y económicas— y por la represión violenta de protestas en su país, es también quien influyó decisivamente para inclinar el resultado electoral hondureño a favor de Asfura.

Esa sombra no es menor, puede definir el rumbo de decisiones clave para Honduras en temas como migración y deportaciones, aranceles, seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación para el desarrollo. Además, activa otras sombras asociadas a la agenda trompista: el fundamentalismo religioso, el libertarismo económico y la entrega de la soberanía promovidos por empresarios de las Zonas Especiales de Desarrollo (Zede) y sus inversionistas, y una visión autoritaria que se expresa en prácticas injerencistas y de control geopolítico.

Aunque Asfura llega con un discurso corporativista de “reducción del Estado”, su principal referente ha hecho exactamente lo contrario: cooptar al Estado y utilizarlo como herramienta para la impunidad y la proyección personal de poder autoritario.

Otra sombra que lo rodea es la de Juan Orlando Hernández y del sector del Partido Nacional históricamente vinculado a la corrupción, la represión y el autoritarismo. Aunque Asfura ha intentado marcar distancia de la figura de Hernández —quien traicionó pilares tradicionales del nacionalismo tras la reelección—, su presencia reaparece como un fantasma en momentos clave de la comunicación política del nuevo gobierno. Como si buscara recordar que son parte del mismo proyecto y que el retorno del Partido Nacional al poder depender, en buena medida, de esa herencia.

Esa sombra se vuelve más densa si se considera que, pese a su indulto, Hernández arrastra una condena por narcotráfico dictada por un tribunal estadounidense. A ello se suma el control territorial que siguen ejerciendo grupos del crimen organizado en amplias zonas del país, que se expandieron gracias a la permisividad otorgada por él. La capacidad de estos grupos para pactar con cualquier gobierno —de derecha o de izquierda— es una herencia envenenada que recibe cada nueva administración.

Finalmente, está la sombra de las élites económicas que han sido señaladas por facilitar la crisis que ha vivido Honduras en las últimas décadas. Que el lobby en Estados Unidos para asegurar el respaldo de Trump haya sido liderado por empresarios e inversionistas vinculados a proyectos tan controvertidos como las ZEDE o a la banca privada revela una clara inclinación hacia esos intereses.