Inmerso en su tarea de sembrar el caos dondequiera que se pose, el atorrante secretario de estado norteamericano, Marco Rubio, acaba de amenazar con una nueva intervención armada de Estados Unidos, esta vez en Bolivia, para impedir que las masivas protestas de campesinos, indígenas y obreros en general provoquen la caída de uno de los especímenes elegidos por la derecha, Rodrigo Paz, quien ha traicionado su programa para resolver la crítica situación económica y social y dado pasos para la entrega de los recursos naturales a magnates estadounidenses.

Rubio, famoso por atizar las agresiones de Israel a Irán, Gaza y El Líbano, así como elogiar a los elementos nazis ucranianos que incursionan contra la población civil rusa, calificó de narcotraficantes a quienes dirigen las manifestaciones, incitó a aumentar la represión e indicó que el principal responsable de todo ello es el ex presidente Evo Morales.

Ello confirmó en parte la afirmación de Evo de que Estados Unidos busca eliminarlo físicamente e invadir Bolivia para apropiarse de los recursos naturales del país, especialmente el litio, así como que el régimen argentino, encabezado por Javier Milei, envió de armas para eliminarlo a él y a su movimiento, que calificó de revolucionario, para lo cual, aseguró, existe una coordinación entre mercenarios extranjeros y el gobierno de Rodrigo Paz para impulsar las acciones.

¿COMPLICIDAD?

Legisladores del movimiento opositor argentino Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Ejecutivo por el envío de dos aviones militares C-130 a Bolivia, en plena represión a las protestas populares que reclaman la renuncia del presidente Paz.

El diputado Juan Marino  advirtió: “La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente del 2019, no alcanza”.

En aquel entonces el general Rodolfo Montero Torrico comandó las masacres de Sacaba y Sensata, por lo que fue imputado por genocidio. Además, el argentino Fernando Cerecedo (donante de la campaña de Milei) es asesor del presidente boliviano.

“No podemos tolerar que el Estado argentino respalde la represión”, exigió Marino. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas.

Por ahora, solo silencio y complicidad.

MARCHA POR LA VIDA

La Marcha por la Vida para Salvar Bolivia avanzó con rumbo a la ciudad de La Paz. En esta movilización, los participantes han sumado un detalle simbólico: su mascota acompaña a los marchistas portando la chípala, emblema de identidad y unidad, que fue colocada cuidadosamente para acompañar el recorrido.

En este contexto, los marchistas han sufrido la represión policial, pero han persistido en sus demandas sociales y pedido la renuncia presidencial, en tanto se multiplican los bloqueos en numerosos puntos del país.

Y es que Bolivia vive un escenario de máxima tensión desde hace varias semanas debido a protestas sindicales, bloqueos y movilizaciones impulsadas inicialmente por reclamos salariales y cuestionamientos a reformas vinculadas a la propiedad agraria.

Sin embargo, el conflicto escaló rápidamente hacia pedidos de renuncia contra Rodrigo Paz y derivó en violentos enfrentamientos entre grupos manifestantes y fuerzas de seguridad.
La presión popular hizo que Paz promulgara la abrogación de la norma conocida como Ley de Reconversión de Tierras o Ley 1720, promulgada el 10 de abril de 2026,que autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir una pequeña propiedad rural titulada en mediana propiedad, siempre que el titular lo solicitara de manera voluntaria.

El trámite debía realizarse gratuitamente y en un plazo máximo de diez días hábiles. Una vez realizada la reconversión, la propiedad cambiaba oficialmente de categoría dentro del catastro agrario y quedaba sujeta a verificación de la Función Económica Social (FES) en un plazo de diez años.

Según el Gobierno, la norma buscaba facilitar que pequeños productores pudieran acceder a créditos bancarios utilizando sus tierras como garantía para financiar inversiones y ampliar su producción. El Ejecutivo también aseguró que la ley no afectaba Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni territorios indígenas, ya que estos no eran mencionados expresamente en el texto.

Pero lo que estaba escondido tras ello es que se abría la puerta a la reconcentración de tierras y debilitar la protección histórica de la pequeña propiedad rural en Bolivia.
Para organizaciones indígenas y campesinas, permitir que pequeñas propiedades ingresaran plenamente al mercado financiero implicaba el riesgo de que esas tierras terminaran hipotecadas, vendidas o absorbidas por sectores con mayor capacidad económica.

El investigador Gonzalo Colque sostuvo que la norma beneficiaba principalmente a sectores empresariales y agroindustriales interesados en ampliar el mercado de tierras.

A eso se sumó otro elemento sensible: la falta de consulta previa.

Diversos sectores denunciaron que la ley fue promulgada sin un proceso amplio de diálogo con organizaciones indígenas y campesinas, pese a que el tema territorial tiene un fuerte peso político y constitucional en Bolivia.

El rechazo a la Ley 1720 derivó en movilizaciones en distintos departamentos del país.
Cientos de indígenas de Beni y Pando iniciaron una marcha hacia La Paz exigiendo la abrogación total de la norma. La movilización terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de presión sobre el gobierno.

Aunque la Ley 1720 fue eliminada, el conflicto político y social no terminó.

La Central Obrera Boliviana mantiene movilizaciones y puntos de bloqueo en distintas regiones del país, mientras algunos sectores ya no cuestionan únicamente la ley derogada, sino también la gestión del presidente Rodrigo Paz en medio de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.

Las protestas y bloqueos en Bolivia ya llevan más de tres semanas y mantienen al gobierno de Rodrigo Paz bajo una fuerte presión política, mientras recibía el apoyo de Estados Unidos y  expulsaba a la embajadora de Colombia por “injerencia”, tras cuestionamientos públicos a la represión y a la situación política del país. La decisión profundizó el aislamiento regional del gobierno de Paz y aumentó la tensión con sectores diplomáticos.

En paralelo, el vicepresidente boliviano Edmand Lara volvió a profundizar su enfrentamiento con el Ejecutivo. Lara pidió que se suspenda la orden de detención contra Mario Argollo y acusó al gobierno de utilizar mecanismos de “intimidación” contra dirigentes sociales y sindicales. La Fiscalía había emitido una orden de aprehensión contra el dirigente de la COB por cargos vinculados a instigación pública, terrorismo y ataques a servicios públicos.

“Le han armado un proceso con el fin de amedrentarlo y que abandone las protestas”, denunció Lara, quien además reclamó un “diálogo real, transparente y sin condiciones” con los sectores movilizados.

En medio del clima de creciente tensión, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) solicitó una tregua de 48 horas para abrir una instancia de negociación y evitar una escalada represiva o nuevos hechos de violencia. El organismo advirtió sobre el deterioro de la situación social y humanitaria producto de los bloqueos, la militarización y la crisis económica que atraviesa el país.

Las protestas representan la mayor crisis que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz desde su llegada al poder hace apenas seis meses, profundizada por la inflación, el aumento del costo de vida, el conflicto por los combustibles y la falta de consensos políticos.