Ni Trump, ni Marco Rubio, ni el mítico personaje de Sansón Melena han podido convencer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de aceptar la participación militar de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, todo un velamen para tratar de permitir la injerencia norteamericana en tierras mexicanas, con el taimado propósito de serrucharle el poder a la muy popular mandataria.

Casos recientes de corrupción entre agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos muestran que ese país también debe atender sus propias responsabilidades en el combate al narcotráfico, señaló Sheinbaum en su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional.

"Nosotros insistimos en que ellos tienen una parte muy importante que hacer allá, y no solo estar mencionando a México", afirmó al ser cuestionada en su conferencia matutina sobre si Estados Unidos está haciendo "su parte" en materia de cooperación en seguridad. En ese contexto, la mandataria remitió a un caso reciente en el que agentes de la DEA fueron detenidos por corrupción.

La presidenta insistió en que Washington tiene casos pendientes por resolver en su propio territorio. Recordó que el trasiego de fentanilo desde México "se ha reducido en más del 70%, reconocido por ellos", y subrayó que en Estados Unidos también se produce metanfetamina, "tanto que hubo una serie de televisión dedicada a eso", además de que ahí ocurren la distribución y el lavado de dinero, "porque allá hay más consumo".

Al respecto, la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), Sara Carter, ha reconocido la necesidad de atender el consumo de drogas como un problema de salud pública, pero ni desde el Tesoro ni desde el Departamento de Justicia se han tomado acciones para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo.

DEA EN APUROS

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga a la DEA por una polémica táctica policial que permitió que “cantidades asombrosas de fentanilo mortal” llegaran a las calles cuando las autoridades federales buscaban armar casos antidrogas de mayor envergadura. De acuerdo con informantes de la agencia entrevistados por funcionarios de Nuevo México –entidad considerada el epicentro de la crisis del fentanilo–, sus jefes les ordenaron hacerse a un lado en lugar de incautar cientos de miles de pastillas de fentanilo, en posible violación de normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades.

Hace dos meses, The Associated Press reveló que entre el 2023 y el 2025, en medio de la epidemia de drogas más mortíferas en la historia de Estados Unidos, agentes de la DEA permitieron que más de tres millones de pastillas de fentanilo llegaran a las calles con el presunto propósito de fortalecer casos penales. En Albuquerque, la ciudad más poblada de Nuevo México, los elementos de la DEA se mantenían al margen y observaban desde helicópteros y vehículos de vigilancia cómo distribuidores de droga entraban a hoteles con mochilas que se creía que llevaban 100 000 pastillas de fentanilo. De acuerdo con la propia agencia, siete de cada 10 pastillas contienen suficiente droga para provocar la muerte por sobredosis a un adulto promedio, es decir, que por cada mochila que dejaban pasar se hacían cómplices de 70 000 homicidios. Por supuesto, es absurdo suponer que cada dosis derive en una muerte, pero la DEA y la Casa Blanca usan esa métrica al hablar de los “terroristas” que trafican los estupefacientes.

Quizá el público estadounidense pueda sorprenderse al conocer las tácticas cuestionables de sus corporaciones de combate a la delincuencia, pero en México y América Latina es bien conocido el doble rasero de Washington. De este lado del río Bravo, la sociedad recuerda el operativo Rápido y furioso, el esquema perverso con el cual, entre el 2009 y el 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos permitió de forma deliberada la venta y el tráfico ilegal hacia México de más de 2 000 armas de fuego, a sabiendas de que los compradores eran grupos del crimen organizado y de que esos dispositivos serían usados contra policías y civiles mexicanos.

La hipocresía se extiende al ámbito financiero: hace un año, el Departamento del Tesoro forzó el cierre de dos bancos y una casa de bolsa mexicanos por “facilitar el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los cárteles”; de acuerdo con los señalamientos, las entidades manejaron en conjunto menos de 17 millones de dólares de procedencia ilícita. En contraste, el mismo Tesoro impuso una multa irrisoria de 125 millones de dólares y permitió que continúe operando UBS Financial Services, pese a que esta filial del grupo financiero suizo realizó transferencias internacionales de más de 10 000 millones de dólares sin monitorear el posible origen ilícito de los recursos.

PRETEXTO

Este patrón de conducta confirma que a Washington no le interesa combatir el crimen organizado dentro de sus fronteras ni evitar que las drogas lleguen a sus ciudadanos, sino usar el narcotráfico como pretexto para interferir en otros países. En los hechos, hay una protección sistemática y bipartidista al multimillonario negocio de los estupefacientes.

Desde la organización del trasiego de la cocaína para financiar la guerra contra el gobierno nicaragüense en la década de 1980, hasta el auge de la siembra de amapola durante la ocupación de Afganistán; desde el indulto al narcotraficante y expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández –amiguito de Marco Rubio-, hasta el programa de recompensas a los llamados testigos protegidos, resulta inocultable que durante el último medio siglo Estados Unidos ha sido un verdadero narcoestado.

Cada año fluyen 100 000 millones de dólares del tráfico de drogas al sistema financiero de Estados Unidos y, en específico, toda la cadena de suministro de fentanilo que se comercializa en ese país, desde la adquisición de precursores químicos, hasta los esquemas de lavado de dinero, pasa por esa red de prestamistas, de acuerdo con información oficial del Departamento del Tesoro.

Sin embargo, hasta la fecha ningún banco estadounidense ha sido señalado o siquiera se ha informado de una investigación sobre el dinero que entra y sale a carretadas del país con la mayor población de adictos en el mundo. El problema no sólo es el boyante mercado de drogas, sino que es justo en Estados Unidos, donde las agencias del Tesoro han encontrado el mayor número de alertas de lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo: 95 de cada 100.

En una revisión a reportes bancarios presentados el año pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) corroboró que 1 246 informes de movimientos financieros estaban vinculados con el tráfico de fentanilo y en ellos se detectó el movimiento de 1 400 millones de dólares. Toda la cadena de suministro, desde la adquisición de precursores químicos, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero tienen puntos de contacto en todo el sector financiero de Estados Unidos.