Gracias a la mayoría derechista de la Cámara de Diputados, el presidente Rodrigo Paz tiene carta abierta en la represión a la masiva protesta contra su política neoliberal, que no estaba contemplada en sus promesas de campaña para ganar unas elecciones marcadas por la extrema división de la izquierda, que le allanó el camino hacia la victoria.

La Ley de Regulación de los Estados de Excepción allana el camino a todo tipo de ataques a quienes hacen 40 días bloquean las carreteras, la detención de dirigentes obreros y campesinos y el denunciado intento de asesinar o secuestrar al expresidente Evo Morales.

En este contexto, gracias a la preocupación de Trump y Marco Rubio, ya se encuentran  150 militares norteamericanos en Bolivia, para asesorar a personeros del régimen sobre métodos de represión y posiblemente de torturas sin dejar huellas y dejar huérfana a la dirigencia que encabeza las protestas.

Como se recordará, tras recibir la desatención gubernamental respecto a un pliego petitorio en el que resaltaba el reclamo de un incremento salarial del 20%, la Central Obrera Boliviana (COB) promovió marchas y bloqueos en un cabildo realizado el 1 de mayo del año en curso.

A partir de entonces, convergen en este tipo de medidas de presión los participantes en la Marcha por la Vida procedentes de Oruro, afines al expresidente Evo Morales; integrantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto; mineros, campesinos Ponchos Rojos; trabajadores fabriles, maestros urbanos y rurales, gremiales y transportistas.

Tal situación provoca un panorama crítico en varias regiones tras el cierre de las vías durante más de un mes, lo cual impide el acceso a combustibles, oxígeno para hospitales, alimentos, insumos médicos y medicamentos.

Principalmente en La Paz y El Alto es muy notoria la escasez de estos productos, y lo poco que se vende duplicó o triplicó su precio ante la desesperación de la población, que reclama soluciones.

La Cámara Nacional de Industrias informó este sábado que estos conflictos entre el Gobierno y los movilizados ya causaron al sector pérdidas valoradas en dos mil millones de dólares.

Desde varios sectores políticos y organizaciones civiles advirtieron sobre la necesidad de preservar las garantías constitucionales y evitar excesos en la aplicación de medidas excepcionales, como en el 2019, cuando ocurrieron las masacres de Sacaba, Senkata y Huainuni, que dejaron un saldo de 37 muertes.

La diputada Patricia Patiño lamentó la redacción de algunos artículos y observó la ausencia de una referencia expresa al presidente dentro de las responsabilidades establecidas por la norma.

De su lado, el legislador ultraderechista de la bancada Libre Edgar Zegarra opinó “en defensa de la Constitución y la democracia” que “si nosotros damos un paso atrás, estamos jodidos. Estos señores no juegan, vienen con todo”.

A su turno, Sandra Rivero, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), atribuyó la crisis a la gestión gubernamental, basada en “el amiguismo, el beneficio de mis pinki amigos, eso está haciendo caer este gobierno”, expresó.

Más radical fue el legislador de Alianza Popular Rolando Pacheco, quien sostuvo respecto al artículo 26 del documento que “(…) le estamos entregando al Estado una licencia para matar y la llamamos presunción de legalidad”.

De acuerdo con la normativa, el estado de excepción solo podrá ser declarado mediante decreto supremo del Órgano Ejecutivo en situaciones extraordinarias, como conmoción interna, amenazas a la seguridad del Estado, agresión externa o desastres de gran magnitud.

AÚN SIN SOLUCIÓN

La enorme movilización que recorre el país hermano viene creciendo a pesar de la represión y las amenazas. En las calles, con la huelga general indefinida y los bloqueos, se puede derrotar al gobierno de derecha, estiman los detractores de Paz.

Y es que Bolivia atraviesa una de las crisis sociales y políticas más profundas de los últimos años. Marchas, bloqueos y una huelga general indefinida dominan el escenario, con el grito de “¡Fuera Paz!” marcando la tónica del descontento popular contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que viene aplicando un ajuste feroz al servicio de los empresarios y el FMI. En solo seis meses, el actual presidente derechista lanzó políticas de ajuste: alza generalizada de combustibles; despojo de tierras a campesinos e indígenas; privatización de empresas públicas; endeudamiento; reducción de impuestos a grandes empresarios y saqueo de los bienes naturales comunes.

El gasolinazo golpea las condiciones de vida del pueblo trabajador y a la economía en su conjunto. A esto se sumó en las últimas semanas la movilización masiva de campesinos y pueblos originarios contra la llamada ley Marinkovic (ley 1720) que facilita la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad, lo que las convierte en embargables, permitiendo que los grandes terratenientes y latifundistas se terminen quedando con las pequeñas propiedades campesinas.

La respuesta estatal fue la represión. El 16 de mayo, la brutalidad policial y militar dejó al menos cuatro personas asesinadas. El gobierno intentó justificar la represión como un “operativo humanitario” para “dejar pasar ambulancias” y alimentos. Sin embargo, el repudio social es masivo. Los asesinatos solo hicieron que creciera la bronca.

NARCO POLLO

Rodrigo Paz, en Bolivia al que llaman el Narco Pollo, esto por los últimos escándalos de narcotráfico en su gobierno, después de su juramento el 8 de noviembre 2025, empezó a gobernar traicionando a su palabra a los que votaron por él, haciéndolo sobre decretos sin consulta previa o siquiera consensos en la asamblea legislativa de Bolivia, procediendo a hacer precisamente lo que hacen los regímenes totalitarios fascistas, a sacarlos de la noche a la mañana e imponiéndolos. 

Ante la seguidilla de protestas urbanas y del campo procedió al secuestro de varios dirigentes entre ello  Justino Apaza Callisaya este 3 de junio , apresándolo sin orden de aprehensión legal, esto utilizando grupos paramilitares encapuchados al mejor estilo de gobiernos golpistas.

CONSIDERACIÓN

Todas estas  movilizaciones populares surgen a raíz de varios decretos emitidos por el desgobierno favoreciendo en gran medida a los grupos de poder corporativos empresariales y millonarios pero perjudicando, empobreciendo y aislando aún más a los sectores más débiles  como lo es el del obrero.  A esto se suman un sin fín de  escándalos de corrupción y narcotráfico.

El desgobierno procedió a prestarse más de 16 000 millones de dólares de la banca internacional y el Fondo Monetario Internacional, supuestamente para aliviar la pobreza en Bolivia y agilizar la economía, pero las denuncias de los diversos sectores señalan que dichos dólares nunca lograron llegar a los sectores más necesitados, ni siquiera en proyectos de impacto para el sector agrario campesino o indígena;  por el contrario: el régimen no logra explicar el destino final de los millonarios préstamos.