Rodeado de sus hijas y esposa, así como de algún que otro correveidile, el aún flamante mandatario expreso con un rictus que intentó ser doloroso que “no se puede vivir tampoco el sufrimiento que tuvimos en el año 2025, un atentado contra la democracia, eso no se puede permitir”, recalcando:

“Y si nosotros no somos respetuosos de la democracia y la libertad, entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? Entonces, debemos de fortalecerla aún cada vez más. El compromiso de cada ciudadano hondureño reside en garantizar elecciones donde se respete la ‘voluntad del pueblo´ para asegurar el goce pleno de la libertad en todo el territorio nacional”.

El “respetuoso por la democracia” no se refirió en nada, por supuesto, que para ostentar el poder ejecutivo fue avalado en todo momento por el presidente norteamericano, Donald Trump, quien amenazó primero con quitarle la ayuda económica a Honduras si ganaba la amplia favorita en las encuestas Rixi Moncada, de izquierda; conminó a votar por Asfura, a quien calificó del único leal amigo de Estados Unidos, y amenazó con que si no salía electo, impediría las remesas familiares que benefician a más de dos millones de hondureños.

Para colmo, por recomendación de Marco Rubio, indultó antes al para él desconocido -no para su canciller- expresidente Juan Orlando Hernández (uña y carne de Asfura), un expresidente hondureño condenado a 41 años de prisión por un jurado de Nueva York por traficar más de 400 toneladas de cocaína, quien ahora intenta regresar al país y lograr judicialmente la absolución, y con ello fraguar planes de venganza contra quienes hicieron posible su justa captura y condena.

CACERÍA DE BRUJAS

Con 93 votos, el Congreso Nacional de Honduras inició juicio político contra Johel Antonio Zelaya, quien fue separado del cargo, y con 90 al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por supuestos abusos de poder y atentados contra la democracia hondureña, reflejando la subordinación del débil opositor Partido Liberal al oficialista Partido Nacional, de Asfura.

A Zelaya se le acusa falsamente de actuaciones contrarias a la Constitución, así como negligencia e incompetencia en el ejercicio de sus funciones. Los denunciantes sostienen que, bajo su dirección, el Ministerio Público habría utilizado la persecución penal para presionar a autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Entre los hechos expuestos, se menciona la citación reiterada de consejeras en momentos clave del calendario electoral, intervenciones en sedes institucionales y la divulgación de audios sin cadena de custodia. Según los diputados, estas acciones habrían vulnerado la autonomía de los órganos electorales y el principio de presunción de inocencia.

La denuncia también apunta a una supuesta persecución penal selectiva, señalando omisiones en casos que involucran a funcionarios afines al anterior oficialismo, como Marlon Ochoa, mientras se aceleraban procesos contra actores de la otrora oposición. Asimismo, se cuestiona la independencia del fiscal general, acusándolo de responder a intereses externos y de incurrir en errores técnicos en la aplicación de figuras legales.

No contento el grupo que apoya a Papi a la Orden, como también se conoce a Asfura, hizo renunciar a la titular de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, quien no quería someterse a un juicio político que le abriría el Legislativo.

DERECHA CONCENTRA PODER

Representantes del conservador Partido Liberal encendieron las alertas sobre la situación política que enfrenta hoy Honduras, para muchos inmersa en un escenario de corte autoritario marcado por la concentración de poder de la derecha gobernante.

El diputado liberal Marlon Lara cuestionó los procedimientos de juicio político emprendidos en el Parlamento por su bancada (41 curules), en alianza con el derechista Partido Nacional (PN) del presidente Nasry Asfura. “Todo apunta a que hubo componendas” entre ambas formaciones, sugirió Lara sobre la destitución del fiscal general del Estado, Johel Zelaya, y la renuncia 
Para el congresista, los procesos en casos relevantes como el Zelaya y Ráquel no concluyeron adecuadamente y advirtió que el mandato del pueblo hondureño es actuar de manera distinta a viejas prácticas del pasado, promovidas por el PL y PN, las dos fuerzas tradicionales de este país.

“Es una herramienta (la del juicio político) muy poderosa y se presta a cuestionamientos si no se respeta la ley”, remarcó, alertando sobre los riesgos de la concentración de poder político, al asegurar que “aunque un partido acumule todo el poder, ese mismo poder puede volverse en su contra si se cometen abusos”.

Llamó a su bancada y a la del nacionalismo, con 49 escaños en el Congreso (Parlamento), a garantizar procesos transparentes y apegados a la normativa vigente, ante persistentes amagos de enjuiciar a otros funcionarios públicos cercanos al ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Por su parte, la también diputada liberal Iroshka Elvir señaló que si se va aplicar juicio político a altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ese mecanismo legislativo debe abarcar a todo el pleno de ambos organismos. “Si vamos hacer juicio político que se le haga a los tres miembros del CNE y a los tres del TJE”, subrayó.

LA VERDAD

Lo cierto es que esta acción contra el consejero Marlon Ochoa constituye una represalia por las denuncias que realizó en su momento, respecto a irregularidades en el proceso eleccionario del 2025, a través de la divulgación de audios que evidencian una conspiración relacionada con fraude electoral.

“No es un juicio, es persecución y revancha”, y le pidió “al pueblo hondureño que respalde a nuestros diputados y diputadas de LIBRE y de otros partidos, incluidos Liberales, que se oponen a mi ilegal y sectaria destitución, que constituye un nuevo crimen electoral para preparar el retorno de Juan Orlando Hernández y organizar la nueva dictadura de Nasry Asfura. Exijo ser escuchado”.