El Gobierno venezolano presentó una demanda ante la Organización Marítima Internacional (OMI), por el asalto a un barco petrolero por parte de fuerzas estadounidense en el mar Caribe, lo cual supone una infracción a la libertad de comercio y navegación.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, siguiendo directrices del presidente Nicolás Maduro, comunicó desde el estado La Guaira que había sostenido ayer una conversación telefónica con el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, para dar a conocer y formalizar esta grave circunstancia.

Rodríguez describió el incidente como un «vulgar robo» y sostuvo que este hecho revela las auténticas motivaciones tras la constante agresión contra Venezuela.

"La verdad verdadera es que quieren nuestro petróleo y lo quieren sin pagar", desestimando las justificaciones presentadas por el gobierno estadounidense, como la supuesta lucha contra el narcotráfico o los asuntos relacionados con los derechos humanos y la democracia.

Por otra parte, Rodríguez manifestó que la operación ahora se muestra como una manera de interrumpir las actividades comerciales y económicas en el Caribe e incluso, de robar los recursos naturales venezolanos.

El despliegue militar en esta zona incluye destructores, submarinos nucleares y el portaaviones Gerald Ford, y es “desproporcionado, exorbitante, exagerado”.

En esta circunstancia, Venezuela pidió oficialmente a la OMI que se activaran todos los canales y procedimientos previstos en los acuerdos internacionales para proteger la libertad de navegación y el libre comercio marítimo.

La vicepresidenta enfatizó que el objetivo de la acción ilegal de los Estados Unidos es “perjudicar el comercio marítimo petrolero” en el país. “Venezuela está haciendo lo que debe hacerse, que es apelar al derecho, apelar a la legalidad internacional y defender nuestros recursos naturales”, enfatizó.

El gobierno de Venezuela afirmó en una declaración el miércoles que las fuerzas militares estadounidenses asaltaron a esta embarcación y que este hecho se añade al robo de Citgo, la empresa que, mediante procedimientos judiciales engañosos, fue arrebatada al país.