Sublevados tratan de lucrar con la toma del Congreso de EEUU
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La policía trata de contener a una turba que terminó tomando el Congreso en Washington el 6 de enero del 2021. Muchos de los insurrectos tratan ahora de lucrar a partir de su participación en la sublevación. (AP Photo/Julio Cortez, File)
La posibilidad de ser condenados a prisión y de sufrir serias consecuencias personales por participar en la toma del Congreso no impide que algunos de los sublevados del 6 de enero del 2021 traten de sacar provecho económico de sus acciones ese día, usándolas como plataforma para recaudar dinero, promover iniciativas comerciales y dar realce a sus semblanzas en las redes sociales.
Un individuo de Nevada detenido en conexión con la sublevación le pidió a su madre que se pusiese en contacto con editoriales en relación con un libro que estaba escribiendo sobre “el incidente del Capitolio”. Un alzado del estado de Washington ayudó a su padre a reunir ropa y otras mercancías con slogans como “nuestra casa” e imágenes del Capitolio. Otro de Virginia lanzó un álbum de rap con temas alusivos al alzamiento y una tapa en la que se lo ve sentado en un vehículo de la policía frente al Congreso el 6 de enero del 2021.
Estas iniciativas pueden costarles caro a estos individuos pues complican sus situaciones, sobre todo cuando esperan ser sentenciados. Los fiscales piden penas más fuertes por el hecho de que tratan de lucrar con sus acciones. En algunos casos el Departamento de Justicia procura quedarse con el dinero que ganaron explotando la insurrección.
En una instancia, las autoridades confiscaron decenas de miles de dólares de un individuo que vendió su filmación del ataque. En otra, un hombre de la Florida llegó a un acuerdo con los fiscales por el cual el gobierno puede quedarse con las ganancias derivadas de cualquier libro que pueda publicar en los próximos cinco años. Los fiscales, por otra parte, quieren que un hombre de Maine que recaudó más de 20.000 dólares entregue parte de ese dinero para cubrir los gastos de su abogado de oficio.
Muchos participantes en la toma del Congreso han pagado un precio muy alto por sus acciones. A menudo piden clemencia sobre la base de que ya han sufrido graves consecuencias por sus faltas.
Pierden trabajos, arruinan sus carreras, se disuelven sus matrimonios y son marginados por parientes y amigos, que a veces los denuncian al FBI. Reciben insultos por el correo y amenazas a través de la internet. Y contraen enormes deudas en los procesos legales que enfrentan.
Los portales y las plataformas de financiación colectiva (crowdfunding) a partir de las cuales buscan fondos los pintan como patriotas maltratados o presos políticos.
Una doctora antivacunas que se declaró culpable de ingresar ilegalmente al Congreso fundó una organización sin fines de lucro que recaudó más de 430.000 dólares para sus gastos legales. Los fiscales destacaron que America’s Frontline Doctors, la plataforma creada por la doctora Simone Gold, no menciona que se declaró culpable. Los fiscales, por otro lado, dudaron que sus gastos legales ascendiesen a 430.000 dólares.
Otro insurrecto, dueño de un gimnasio de Nueva Jersey, que golpeó a un policía, recaudó más de 30.000 dólares en donaciones online dirigidas a un “Fondo de Ayuda a Patriotas”. Dijo que el dinero era para pagar la hipoteca de su casa y cubrir otros gastos. Los fiscales mencionaron ese fondo al recomendar una multa para Scott Fairlamb, quien cumple una condena a más de tres años de cárcel.
“No se le debería permitir a Fairlamb que saque provecho económico” de su participación en la insurrección, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en un escrito.
Robert Palmer, un individuo de la Florida que atacó a la policía en el Capitolio, le pidió a un amigo que iniciase una campaña de crowdfunding en su nombre tras declararse culpable. Después de ver la campaña “Ayude al Patriota Rob”, un agente que supervisa la libertad condicional dijo que la declaración de Palmer aceptando su responsabilidad en los hechos no parecía genuina. Palmer admitió que la campaña tergiversaba su conducta del 6 de enero. La aceptación de la responsabilidad puede ayudar a reducir una condena varios meses, si no años.
Una jueza condenó a más de cinco años de cárcel a Palmer, quien le tiró un extinguidor de incendios a la policía.
Un grupo que se hace llamar Proyecto Libertad de Patriotas (Patriot Freedom Project) dice que recaudó más de un millón de dólares en donaciones y que pagó más de 665.000 dólares en ayudas y gastos legales de las familias de los sublevados.
Los sublevados tienen otras formas de recaudar dinero o de promover sus actividades.
Jeremy Grace, condenado a tres semanas de cárcel por ingresar al Congreso, trató de beneficiarse de su participación en la revuelta ayudando a su padre a vender camisetas, gorras de béisbol, botellas para el agua y otros artículos con frases como “Nuestra Casa” y “Apoye a los de Azul”, así como imágenes de lo ocurrido en el Capitolio, según los fiscales.
Los fiscales hablaron de la “osadía” de Grace de vender artículos con la inscripción “Apoye a los de Azul” y dijeron que era particularmente irritante porque Grace vio cómo otros alzados enfrentaban a la policía el 6 de enero. Un abogado defensor, no obstante, arguyó que Grace no violó ley alguna ni obtuvo ganancias por ayudar a su padre a vender mercancías.
Las autoridades federales confiscaron más de 62.000 dólares de una cuenta de John Earle Sullivan, un individuo de Utah que ganó más de 90.000 dólares vendiendo el video que hizo durante los acontecimientos del 6 de enero a al menos seis compañías.
Richard “Bigo” Bernett, un hombre de Arkansas que fue fotografiado con sus pies en el escritorio de la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi, cobra 100 dólares por fotos suyas con los pies en un escritorio de su casa, donde permanece bajo prisión domiciliar.
La agente de bienes raíces Jennifer Leigh Ryan promovió su negocio en las redes sociales durante y después de la toma, diciendo que se estaba “haciendo famosa”.
Los fiscales mencionaron la actividad de Treniss Evans III en las redes sociales al recomendar una condena a dos meses de cárcel para este texano que bebió un sorbo de whiskey en un salón del Congreso el 6 de enero. Los fiscales dijeron que Evans “explota agresivamente” su presencia en el Capitolio para ampliar su figuración en Gettr, un portal fundado por un ex asesor de Trump.
Algunos participantes en la sublevación están escribiendo libros sobre el ataque y haciendo videos con los episodios que filmaron durante el alzamiento.
Ronald Sandlin, un individuo de Nevada acusado de agredir a un policía, dijo en Facebook que estaba “negociando un acuerdo con Netflix” para vender un video de los incidentes del 6 de enero. Posteriormente, en una llamada desde la cárcel, Sandlin le dijo a su madre que se había visto con el escritor y cineasta de extrema derecha Dinesh D’Souza y que estaba en contacto con el podcaster Joe Rogan. También le pidió a su madre que hablase con la editorial que publicará un libro que está escribiendo, “Capitol Incident” (El incidente en el Capitolio), de acuerdo con los fiscales.
“Espero que se haga una película” con el libro, escribió Sandlin en un mensaje de texto en marzo del 2021. “Planeo tener a Leonardo DiCaprio representándome a mí”, agregó.
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