Minorías de EEUU no quieren más poderes policiales

 Mientras las autoridades deciden cómo hacer frente a la amenaza a la seguridad nacional que representa el extremismo interno tras la mortal toma del Congreso, organizaciones de derechos civiles y activistas de comunidades minoritarias expresan alarma ante la posible ampliación de los poderes de las fuerzas policiales.

Afirman que sus comunidades han estado en la mira de las fuerzas de seguridad en las dos últimas décadas y temen que cualquier nueva herramienta para combatir el extremismo de derecha y el nacionalismo blanco terminen perjudicando, intencionalmente o no, a musulmanes, afroamericanos, hispanos y otras minorías.

Esas inquietudes ponen de manifiesto la complejidad del debate en torno a cómo prevenir la violencia extremista sin afectar la libertad de expresión. Sobre todo sectores musulmanes se oponen a la creación de un nuevo estatuto para combatir el terrorismo interno basado en leyes ya existentes que castigan al apoyo a organizaciones terroristas extranjeras.

“Habría que hacer una pausa. La decisión instintiva de hacer algo nos preocupa”, manifestó Maya Berry, directora ejecutiva del Instituto Árabe-Americano, una de más de 130 organizaciones de derechos humanos y civiles que dicen que el FBI dispone de todas las herramientas que necesita.

“Hay toda una legislación federal que te permite contener esta violencia sin que sea necesario decir, ’un momento, necesitamos más atribuciones´”, expresó.

“El debate acerca de cómo prevenir la violencia extremista y a si se necesitan nuevas leyes no es nuevo. Ya se dio después de ataques a judíos en una sinagoga de Pittsburgh y a hispanos en un Walmart de Texas.

El ataque del 6 de enero, en que una turba casi exclusivamente blanca de partidarios de Donald Trump y de organizaciones de extrema derecha irrumpió en el Congreso, hizo que se enfocase la atención en el extremismo blanco y planteó interrogantes acerca de si hay una doble moral de trasfondo racial en la represión de estos grupos.

El presidente Joe Biden dijo que el extremismo interno es un problema de seguridad nacional que requiere atención inmediata y ordenó a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional que preparase un informe sobre esta amenaza. El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que podría haber nuevos actos de violencia. Y ya antes del episodio del Congreso el director del FBI Chris Wray había dicho que el extremismo interno era una amenaza comparable a la del terrorismo internacional.

Ahora se discute cómo combatir la creciente violencia de los supremacistas blancos sin afectar a la gente en la mira de estos sectores. No solo eso: Las fuerzas policiales a cargo de la represión del extremismo interno deben cuidarse de no violar la Primera Enmienda constitucional, que protege la libertad de expresión y prohíbe la detención de gente que hace pronunciamientos aborrecibles, que destilan odio, pero sin llegar a amenazar con actos violentos.

“La violencia blanca se perpetúa y es usada para justificar una mayor vigilancia y un uso más fuerte de los poderes del estado en perjuicio de las minorías”, declaró la activista de ascendencia iraní Hoda Katebi, de 26 años y quien es musulmana, usa un pañuelo en la cabeza y está acostumbrada a ser hostigada y a ser acusada de terrorista desde los ataques del 11 de septiembre del 2001.

El Departamento de Justicia no ha dicho en público si quiere más atribuciones. No hay leyes enfocadas específicamente en el extremismo interno, pero las autoridades han aplicado en el pasado otros estatutos que abarcan conductas que pueden ser consideradas terrorismo.

Además, hay otras herramientas pensadas para combatir el terrorismo internacional que pueden ser aplicadas. Por ejemplo, es un delito apoyar a organizaciones extranjeras consideradas terroristas, que dan a las autoridades más flexibilidad para detener a personas que donan dinero o ayudan de algún modo a grupos terroristas, incluso si no han lastimado a nadie ni han lanzado amenazas de violencia.

Esas leyes no abarcan a las agrupaciones extremistas nacionales, que gozan de la protección del derecho a la libre expresión.

La inquietud de las organizaciones de derechos civiles deriva de la forma en que las fuerzas de seguridad se han enfocado en las minorías, sobre todo en los afroamericanos y los musulmanes.

El FBI dijo en un comunicado que seguirá usando las herramientas existentes y que dejará en manos del Congreso la decisión de si se aprueban nuevas leyes.

“El FBI investiga y responde a los incidentes solo cuando la actividad de un individuo se pasa de la raya, y pasa de ideas y actividades protegidas por la constitución a la violencia”, expresó en su comunicado.

En el pasado, sin embargo, el FBI tuvo en la mira a “movimientos que buscaban la liberación de los afroamericanos de la continua opresión”, expresó Janai Nelson, subdirectora del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. El propio Martin Luther King Jr. fue vigilado por el FBI.

“Las tácticas de vigilancia y el enfoque de la policía siempre apuntaron a las comunidades de color, sobre todo las negras”, sostuvo Nelson.