Sin acceso a cobertura médica y con miedo a exigir mejores condiciones debido a su frágil estatus migratorio, los empleados irregulares en EE.UU. son especialmente vulnerables frente a la pandemia.

Uno de los sectores sociales que con más dureza ha acusado el golpe de la pandemia de coronavirus en EE.UU. es el de los trabajadores indocumentados: al carecer de acceso a la cobertura médica, se ven obligados a arriesgar considerablemente su salud para poder mantener su empleo para subsistir en medio de una situación económica cada vez más crítica.

Muchos de estos migrantes trabajan en las llamadas 'bodegas', que son los enormes depósitos donde se clasifican, envasan y procesan diferentes suministros considerados esenciales (productos alimentarios, sanitarios y de limpieza) y cuya distribución y venta no se ha detenido durante la pandemia. La falta de equipos de protección individual, la carencia de precauciones sanitarias y la imposibilidad de mantener las distancias de seguridad en este tipo de entornos laborales han incrementado el miedo al contagio en muchos de estos empleados irregulares.

Sin embargo, su frágil estatus laboral les impide de facto exigir mejores condiciones. Celia, una trabajadora que oculta su rostro y su verdadero nombre, explica que los empleadores a menudo saben "con qué empleado pueden meterse y con cual no", en función de su situación migratoria, algo que pone de manifiesto el grado de desprotección social al que están sometidos los inmigrantes sin documentos en EE.UU.

Verónica Alvarado, la directora del Centro de Recursos para Obreros de Bodegas, explica a este respecto que "la comunidad indocumentada está teniendo miedo específicamente a acudir a servicios por su estatus migratorio", algo que a su juicio tiene que ver con la Administración Trump, que en su opinión "ha sido bastante cruel y bastante racista".

De hecho, las más de 10.000 deportaciones desde que empezó la pandemia y la suspensión de la migración decretada por Donald Trump ha elevado la presión sobre estos trabajadores, que en este contexto se ven forzados a elegir entre continuar sus labores, exponiéndose a un posible contagio, o prescindir de los ingresos con los que alimentan a sus familias.

"En lugares como Nueva York y en muchos otros estados estamos viendo que hay más latinos en los hospitales y son más los latinos e inmigrantes que han muerto a causa de esta horrible enfermedad", explica Héctor Sánchez Barba, activista por los derechos de la comunidad latina y director ejecutivo de la organización civil Mi Familia Vota. En su opinión, son los inmigrantes quienes están manteniendo la economía estadounidense, por lo que considera "inaceptable que se esté dando esta exclusión" contra ellos.