Hay que trabajar con inteligencia, no es momento de estar apesadumbrados ni agobiados, valoró el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en reunión del Consejo de Ministros, donde se aprobaron y analizaron temas de vital importancia en medio del actual contexto que vive el país.

“Sí, hay complejidades”, reconoció el Jefe de Estado, al realizar las conclusiones del encuentro que estuvo dirigido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Y esas complejidades –comentó– a los revolucionarios nos impulsan a crecernos y a superar los problemas como nos ha enseñado la Revolución en su historia, con dedicación, inteligencia y trabajo intenso, quitándole todos los días un pedacito a los grandes problemas, sin pasividad, sin demora y con agilidad.

En tres asuntos descansan, fundamentalmente, esas complejidades: la implementación de la Tarea Ordenamiento, el enfrentamiento a la COVID-19, y la producción de alimentos, refirió el mandatario.

De ahí su énfasis en priorizar, a corto plazo, las acciones que conduzcan a lograr estabilidad en el ordenamiento monetario, para que tenga el impacto positivo previsto en las personas y en la economía; regresar a la nueva normalidad en el menor tiempo posible tras el control de la epidemia de la COVID-19; y que se desate, con eficiencia, la producción de alimentos, a partir de nuestros propios esfuerzos y recursos.

Para ello se requiere –puntualizó– de una adecuada conducción por parte de los cuadros, seguir despojándonos de la burocracia, mostrar sensibilidad con los problemas de la población, y que el sector empresarial sea más proactivo e innovador.

Al referirse a los inevitables ajustes que han sucedido en la implementación de la Tarea Ordenamiento, un proceso complejo, que llega a todos los ámbitos y las personas, Díaz-Canel reconoció que varias entidades no se prepararon adecuadamente para su inicio, lo cual provocó incomprensiones e insatisfacciones en algunos aspectos.

Cosas que se previeron aplicar de una manera se hicieron de otra –enfatizó–, empezando por un grupo de precios y tarifas, sin tener en cuenta lo dispuesto en las normas que se habían concebido.

Cada vez que implementamos algo mal –señaló– generamos incomprensiones e inconformidades, y tenemos que dedicar tiempo a rectificar para poder avanzar; entonces nos ponemos freno nosotros mismos.

En medio de ese contexto, el Jefe de Estado insistió en la manera en que se debe continuar el enfrentamiento a la COVID-19, otro asunto de gran complejidad, agravado desde finales del pasado año, producto a las indisciplinas cometidas por viajeros y sus familiares, que no cumplieron las orientaciones para el aislamiento domiciliario, así como el exceso de confianza que se suscitó en las instituciones y en la población de manera general.

“Esto hay que trabajarlo con más precisión; sabemos qué hay que hacer para solucionar el problema”, acotó el mandatario, y enfatizó en un grupo de acciones que se han realizado en todos estos meses, y que corresponde fortalecer en el actual escenario epidemiológico, sobre todo relacionadas con las instituciones públicas y, en particular, las de Salud. Cortar la transmisión requiere trabajar con más precisión en las instituciones y con el apoyo de las organizaciones de masas.

Sobre la producción de alimentos, otro tema priorizado, el Presidente Díaz-Canel reiteró la necesidad de buscar soluciones ante la disminución de recursos importados. “Hay que producir más alimentos, y la única manera de conseguirlo es haciendo más eficiente nuestra producción”, reflexionó.

PERFECCIONAR PARA TAMBIÉN AVANZAR

Como parte de la amplia agenda de trabajo que definió este encuentro del máximo órgano de Gobierno cubano, fueron aprobadas tres normativas que complementan el desarrollo económico y social de la nación.

La primera de ellas, expuesta por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, se corresponde con el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, a partir del cual, entre otros asuntos, se elimina el anterior listado donde se recogían las 127 actividades aprobadas.

Según detalló la titular, de las más de 2 000 actividades en las cuales se permite el ejercicio del trabajo por cuenta propia, de acuerdo con el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, solo se limitan, total o parcialmente, 124 de ellas.

La lista no incluye actividades consideradas ilícitas para todos los actores económicos o prohibidas expresamente por ley, como la caza y pesca de especies prohibidas y en peligro de extinción, la explotación de las plantas endémicas, el empleo infantil y el trabajo forzado, entre otras.

El trabajo por cuenta propia, como opción de empleo, especificó Feitó Cabrera, actualmente tiene más de 600 mil trabajadores, lo cual representa el 13 por ciento de la ocupación en el país. Este es un sector –recordó– que ha sido duramente impactado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, y también por los efectos de la pandemia.

Que el trabajo por cuenta propia continúe desarrollándose es el propósito de este perfeccionamiento, aseguró, de ahí que, entre los principios aprobados por el Consejo de Ministros, se destaca que el alcance de la actividad se determina a partir del proyecto de trabajo que presente el interesado, eliminándose así los alcances específicos y homogéneos que tenían las anteriores normas, lo cual va a posibilitar desatar las fuerzas productivas en este sector.

De acuerdo con la explicación de la Ministra, se ha previsto que los trámites se realicen a través de una ventanilla única, lo cual permitirá que en un solo lugar se pueda, a la vez, brindar información y asesoría en esta materia, así como tramitar las solicitudes, suspensiones, cancelaciones, permisos y consultas, en correspondencia con el proyecto de trabajo a desarrollar.

De esencial calificó la responsabilidad de los gobiernos provinciales y los consejos de la administración municipales con la atención, el control y la evaluación del desempeño de este sector, así como en los resultados de la inspección y el enfrentamiento a las ilegalidades.

Al comentar sobre este asunto, el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, lo consideró como un paso muy importante en función de ampliar las posibilidades de empleo en el trabajo por cuenta propia, para dar una respuesta oportuna y positiva a la implementación del ordenamiento monetario en el país.

En tanto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz consideró vital garantizar la preparación de todas las personas a quienes corresponde la implementación de estas decisiones. Es importante que esto nazca bien desde el momento en que se recepciona una propuesta, al tiempo que consideró esencial la evaluación que tienen que hacer todas las instituciones, y organismos relacionados con ella, para después aprobarla, así como el seguimiento que se debe dar a su puesta en práctica.

Otro de los temas aprobados durante la jornada fue el referido a las modificaciones al Decreto que establece las contravenciones, multas y demás medidas a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas minoristas.

Teniendo en cuenta el actual escenario que vive el país, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, explicó que resulta imprescindible actualizar la cuantía de las multas, para que realmente cumplan un efecto sancionador, y ayuden al enfrentamiento de las violaciones de precios, en especial la lucha contra aquellos que se consideran abusivos y especulativos.

Entre las principales modificaciones que se pondrán en práctica, detalló el aumento de la cuantía de las multas, que ahora estará comprendida entre dos mil 500 y 15 mil pesos; incluir como sanción el decomiso y la venta forzosa de los bienes; así como añadir dos nuevas contravenciones de precios minoristas: la retención o no comercialización de mercancías destinadas a la venta a la población y la aplicación de precios abusivos y especulativos.

Igualmente, se aprobó el Decreto “De las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19”, presentado por Rosabel Gamón Verde, vice ministra primera de Justicia.

Este instrumento, de aplicación en todo el territorio nacional, tiene entre sus objetivos no solo disponer las regulaciones en materia de contravenciones, sino, además, incrementar la responsabilidad individual, familiar y social, la exigencia, el rigor y el enfrentamiento a conductas de indisciplina y descontrol.

Sobre este asunto, el Primer Ministro refirió que dicho Decreto responde a un reclamo hecho por la mayoría de los territorios del país, de contar con un instrumento jurídico que respalde aplicar multas superiores ante las diferentes violaciones que se presentan a diario, asociadas al enfrentamiento a la COVID-19 y el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en el actual escenario epidemiológico. Recordó que, en La Habana, desde hace algunos meses ya se aplicaba el Decreto 14, el cual demostró su efectividad en el enfrentamiento a las infracciones.

OTROS TEMAS EN LA AGENDA

Durante el encuentro, donde también participaron el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura; el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, se presentó un informe acerca de la actualización e inscripción del patrimonio inmobiliario estatal en los registros de la propiedad, un tema en el que, según resaltó el Primer Ministro, se ha avanzado en los últimos años.

Hasta la fecha, se conoció, ha sido inscrito el 91,8 % de los inmuebles estatales que se encontraban pendientes. No obstante los indiscutibles progresos que se han conseguido en este sentido, la vice ministra primera de Justicia, Rosabel Gamón Verde, reconoció que, en ocasiones, ha faltado sistematicidad en el accionar de los grupos responsabilizados con esta actividad.

Asimismo, se aprobaron los planes de continuidad de estudio de los graduados de noveno grado hacia la Enseñanza Técnico Profesional y el preuniversitario, así como de ingreso a la Educación Superior y el técnico-profesional de nivel medio para los graduados de preuniversitario y otras fuentes priorizadas, correspondientes al curso 2021-2022.

De igual manera, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, informó acerca de la solución de los sistemas de abasto de agua y saneamiento de la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara.

Todo ello, enfatizó, se inscribe en el plan de Desarrollo Hidráulico hasta el año 2030, da respuesta a acciones de adaptación al cambio climático incorporadas en la Tarea Vida, y está en total correspondencia con el Plan de Ordenamiento territorial para ese municipio cabecera.

Las soluciones que se han buscado –dijo– parten de la infraestructura ya construida, y en el caso de las redes internas, tienen como premisa realizar las acciones constructivas interviniendo una sola vez en los diferentes sectores hidráulicos de la ciudad.

Si bien las mejoras en el abasto de agua en la urbe han sido evidentes, aún resta mucho trabajo por realizar, el cual demanda de recursos y no poco financiamiento que no se dispone totalmente en estos momentos.

A través de videoconferencia, Alberto López Díaz, gobernador de Villa Clara, comentó que las acciones realizadas darán solución a uno de los principales problemas de la población de Santa Clara. No solo va a tener un impacto en la satisfacción del pueblo –dijo– sino, a su vez, en el ahorro de combustibles, pues más de 25 000 personas se abastecen de agua mensualmente con el uso de pipas.

Tras concluir la amplia agenda de temas evaluada en este encuentro, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reflexionó que, ante los complejos momentos que vivimos, se requiere de cuadros capaces, no solo por los años en el cargo, sino también por la capacidad real demostrada.

Tenemos la máxima responsabilidad como Gobierno –subrayó– de contribuir en la identificación oportuna de los cuadros, para enfrentar el nada fácil escenario que tenemos por delante y, dentro de todo ello, la prioridad que requiere la solución de los problemas todavía pendientes, asociados al ordenamiento.