California busca desmantelar el corredor de la muerte más grande de EE.UU.

El estado de California (EE.UU.) se ha comprometido a desmantelar el corredor de la muerte más grande del país, el de la prisión de San Quintín, trasladando a los reclusos condenados a otras prisiones en un plazo de dos años.

El objetivo es convertir la sección de la Prisión Estatal de San Quintín en un "ambiente positivo y sanador", señaló el gobernador de California, Gavin Newsom, que impuso una moratoria a las ejecuciones en 2019 y cerró la cámara de ejecución por inyección letal.

Aunque California no ha llevado a cabo una ejecución desde 2006, es uno de los 28 estados que mantienen corredores de la muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

"Estamos comenzando el proceso de cerrar el corredor de la muerte para reutilizar y transformar las unidades de vivienda actuales en algo innovador y anclado en la rehabilitación", dijo la portavoz del departamento penitenciario, Vicky Waters, a AP.

En el marco del Programa Piloto de Transferencia de Reclusos Condenados, que arrancó en enero de 2020, 116 de los 673 reclusos varones condenados en el estado han sido trasladados a una de otras siete prisiones de máxima seguridad, que albergan a personas que cumplen cadena perpetua sin libertad condicional.

Según Waters, el Gobierno pronto presentará las regulaciones propuestas que harían obligatorias estas transferencias y que "permitirán la reutilización de todas las unidades de vivienda del corredor de la muerte". Mientras, Newsom, en su propuesta de presupuesto para el año fiscal que comienza el 1 de julio, ha solicitado alrededor de 1,5 millones de dólares en concepto de fondos para llevar a cabo este proyecto.

Según el programa de transferencia del estado, los reclusos condenados trasladados a otras prisiones pueden ser alojados en confinamiento solitario o disciplinario si los funcionarios deciden que no pueden ser alojados de forma segura con otros reos por motivos disciplinarios, bien porque tengan cargos pendientes o hayan sido declarados culpables de determinados delitos disciplinarios en los últimos cinco años.

El departamento de correccionales aseguró que todos los reclusos que participan en este esquema de transferencia son "examinados cuidadosamente" antes de ser trasladados, tanto en lo referente a riesgos de seguridad, como a dolencias médicas o a necesidades psiquiátricas o de comportamiento, entre otras consideraciones. Waters asegura que hasta la fecha no se han registrado "preocupaciones de seguridad" o "problemas disciplinarios importantes".