En una suerte de remedo de las operaciones de su fuerza de Mar,Aire y Tierra conocida por SEAL, el Departamento de Estado solo cambió de lugar para atacar a Cuba mediante el recurso jurídico contra dicha compañía de comercio electrónico y servicios de computación en la nube, con sede en la ciudad de Seattle.

El nuevo capítulo contra el país caribeño mediante la Ley Helms Burton, reactivada a mediados de año con la autorización oficial a aplicar su Título III, comenzó el 26 de septiembre cuando el cubano-americano Daniel A. González emplazó a esa entidad en una corte federal de Miami por vender carbón extraído de una mina en territorio cubano.

La alegación por parte de González, un nieto del dueño de una propiedad en la provincia de Oriente confiscada en 1959 tras el triunfo de la Revolución, se basó en la venta de carbón producido a partir del árbol del marabú, y se acoge a dicha legislación, igual que hicieron antes otros demandantes.

Por cierto que estos últimos pleitistas tampoco emplearon un espacio nada “terreno” para implementar su ataque, pues sus procesos del 25 de septiembre fueron contra las aerolíneas American Airlines y LATAM y, meses antes, contra compañías de cruceros como la Carnival Corporation, en todos los casos por transportar viajeros hacia la Mayor de las Antillas.

Las nuevas demandas fueron antecedidas por otras también contra empresas turísticas como Meliá, Barceló, Iberostar, Accor, Booking, Trivago y Blue Diamond, sin olvidar lo ocurrido a fines del año pasado al banco francés Société Générale.

Aunque las citadas acciones “legales” de septiembre no encuentran aún respaldo en fallos judiciales, a esta última entidad financiera gala, varias agencias estadounidenses sí le impusieron en noviembre de 2018 multas por valor de mil 340 millones de dólares, bajo acusaciones de “violar el embargo”, como llama Washington al bloqueo.

Respecto a las líneas aéreas, la reclamación de José Ramón López Regueiro, hijo de José López Vilaboy, exdueño hasta su expropiación hace 60 años del terreno del actual Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, se basa en que ambas empresas operaban a través de esa terminal aérea.

También este 28 de septiembre y bajo el mismo precepto “legal”, el estadounidense de origen cubano Robert M. Glen presentó un recurso contra Expedia Group por negociar con reservas en cuatro hoteles del balneario matancero de Varadero, enclavado, según él, en un terreno confiscado a su familia tras el triunfo de la Revolución.

El demandante afirma que tiene derecho a dos propiedades frente al mar ubicadas en esa playa de la península de Hicacos, pertenecientes a este grupo empresarial turístico, dueño de las plataformas para reservas CarRentals, CheapTickets, Vrvo, Hotels, Hotwire, Orbitz, Travelocity, Trivago y Venere.

Según Glen, cuyos abogados presentaron su alegato en la ciudad de Seattle, Washington, sede de Expedia, en dicha propiedad operan los hoteles Iberostar Tainos, Melia Las Antillas, Blau Varadero y Starfish Varadero.

De acuerdo con lo expuesto sobre esa actitud agresiva gubernamental sin precedentes en la historia humana, una interpretación simple de las pretensiones de Washington contra la nación caribeña, podría tener la siguiente lectura: Estados Unidos pretende impedir mediante el título III de la Ley Helms-Burton de 1996, activado por Donald Trump tras más de 20 años en suspenso, contra entidades nacionales que negocian con Cuba sobre expropiedades nacionalizadas, utilicen el aire, el mar y el ciberespacio...y hasta el espinoso marabú... para causar beneficio a cualquier residente del planeta.

Sobre lo cual podría aportar más claridad el asunto de los cruceros, que viajaban a Cuba desde 2016 y asumió ciertos tintes
dramáticos cuando el último de ellos partió de la rada capitalina el miércoles 5 de junio.

La estela espumosa que dejó esa embarcación fue una imagen de abandono y olvido, pero nada metafórica para los cientos de trabajadores privados asociados a esos viajes, quienes perdieron gran parte de sus ingresos.