La pena de muerte en EE.UU.: a la orden del día

Este jueves en Estados Unidos se realizó la tercera ejecución en los últimos dos días. Un hombre negro condenado a muerte por un asesinato cometido hace 17 años recibió la inyección letal en el estado de Alabama (sureste del país).

Derrick Mason, de 37 años, fue condenado a la pena capital por el asesinato en marzo de 1994 de la empleada de una tienda de Huntsville, Angela Cagle, de 25 años, durante un robo. Mason no negó su culpabilidad y pidió perdón a la familia de la víctima antes de recibir la inyección letal.

Ha sido la quinta ejecución del año en Alabama y la 36ª en todo el país. Además, fue la tercera realizada durante esta semana en Estados Unidos. Un día antes, en el estado de Texas fue ejecutado Lawrence Brewer, un racista radical condenado a muerte por el asesinato de un hombre negro.

El miércoles también se le aplicó la inyección letal a Troy Davis, que provocó fuerte polémica en EE.UU. y en otros países. Davis, condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1989, fue ejecutado en Georgia tras varios intentos de última hora de su defensa para salvarle la vida y pese a las dudas sobre su culpabilidad, así como a las numerosas peticiones de clemencia.

Desde hace algunos años, Estados Unidos es el único país del continente americano que mantiene la práctica de la pena de muerte.

"Una clara mayoría de los países ha rechazado la pena de muerte. ¿Cómo puede Estados Unidos reclamar el liderazgo en derechos humanos y a la vez cometer asesinatos por ley?", se preguntan algunos activistas.

La pena de muerte es cruel, degradante, ineficaz y totalmente incompatible con el concepto de dignidad humana. Su uso en Estados Unidos está marcado por la arbitrariedad, la discriminación y el error.

En la nación norteña los asesinatos que involucran víctimas blancas son más propensos a terminar en una condena de muerte que los casos con víctimas afroamericanas. Los estados de Texas, Virginia y Oklahoma concentraron más de la mitad de las ejecuciones en el país.

La etnia, la geografía, la política electoral, las finanzas locales, la composición del jurado y la calidad de la defensa legal son todos factores problemáticos en los casos de pena capital en Estados Unidos.
Ser enjuiciado por un crimen capital es como participar en una lotería letal, y eso no debe ocurrir en ningún sistema judicial.

Hasta el momento se suman 1270 ejecuciones llevadas a cabo en 34 estados de EE.UU. desde 1976, cuando se restableció la pena capital tras una moratoria de 10 años.