OPINIÓN: Ecuador, canallas complacidos

El gobierno de Lenín Moreno ha anunciado como exitoso y síntoma de la confianza internacional el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones crediticias, en tanto su ministro de Economía, Ricardo Martínez -cuyo nombre me hace recordar a un personaje canalla de la cinematografía mexicana-, afirmaba pomposamente que esto borrará los vestigios del “socialismo del siglo XXI”, que pretendía establecer el traicionado exmandatario Rafael Correa.

Claro, esto último no lo dijo Martínez, a quien le gusta que le llamen “Richard”, ministro que se caracteriza por un ambivalente lenguaje, pero que sí dice claramente que evitará el camino de “Venezuela” en la economía, argumento ideológico que no comulga con la realidad histórica de Ecuador ni en la década pasada ni en los casi dos años de gobierno de Moreno.

Además, en otras declaraciones y adaptando una serie de palabras a las circunstancias del momento, ha afirmado que se imponen “ajustes económicos”, “cambios estructurales” y una “carta de intención”; que el FMI trata el asunto por “objetivos” y que, por tanto, Ecuador se encamina a simplificar el sistema tributario, cambiar tributos, incrementar la recaudación de impuestos y mejorar la eficiencia en tal recaudación.

Así, en un lenguaje en el que trata de convencer a la población, se busca formalizar el trabajo, reducir la masa salarial, fomentar el empleo de los jóvenes y de las madres de familia, hacer reformas laborales, reducir el gasto corriente, optimizar el gasto público, reducir el déficit, optimizar las empresas públicas, fortalecer las reservas internacionales, reformar la legislación para dar independencia al Banco Central (BCE), y que en los acuerdos hay un componente de gasto social, además del combate a la corrupción y la defensa de la dolarización.

En concreto, Ecuador obtiene un crédito de “servicio ampliado” del FMI por 4 209 millones de dólares, y entonces podría beneficiarse del incremento en el cupo de financiamiento que llega hasta 6 070 millones de dólares de “libre disponibilidad” a través de otras instituciones.

“Richard” ha sostenido que el crédito con el FMI es “distinto” a los créditos stand-by del pasado, porque no es de corto plazo, sino que ahora es de “largo plazo”, y requiere un programa de medidas económicas con igual alcance. Pero todo lo que hay que explicar e informar acerca de las condiciones del crédito, ha quedado revestido por una fraseología que no aclara nada.

La Jefe de la delegación del FMI, Anna Ivanova, ha dado a conocer que se trabaja con el gobierno ecuatoriano desde agosto del 2018, lo cual explica los pasos que se han venido dando, para “ajustar” la economía a los requerimientos del Fondo, como son los recortes presupuestarios para este 2019, los ajustes de precios a las gasolinas, la reducción en 10% del personal de las empresas públicas o las remisiones y exenciones tributarias.

De acuerdo con los artículos 419.3 y 419.5 de la Constitución del 2008, el acuerdo con el FMI tendría que pasar por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, incluso porque habría que modificar leyes, pero el gobernó declaró que ello no es necesario, mientras la Defensoría del Pueblo sostiene que esos pasos son constitucionalmente obligatorios.

En todo caso, más allá de los misterios, lo cierto es que el nuevo acuerdo con el FMI no se diferenciará en nada con las cartas de intención que Ecuador suscribió entre 1983 y 2003, porque las medidas de “ajuste” van en la misma línea de reducir o achicar al Estado, estrangular el gasto público, flexibilizar las relaciones laborales, revisar impuestos, poner bienes y servicios públicos en la esfera de los intereses privados, liberar controles estatales y favorecer el “mercado libre” tanto como las inversiones privadas.

El acuerdo con el FMI, como ocurrió con las 16 Cartas de intención anteriores, es un instrumento para apuntalar el nuevo modelo empresarial de desarrollo que el gobierno de Lenín Moreno ha definido como política de Estado, dejando de lado tanto el programa de gobierno inicial, como el régimen económico que consta en la Constitución.

Como se puede advertir en todo tipo de medios de comunicación, el acercamiento al FMI ha sido saludado y bendecido por los dirigentes de las cámaras de la producción y por los analistas y economistas con visión empresarial y neoliberal. Algunos adornan aún más el beneplácito, sosteniendo que por fin se superará el “estatismo” del gobierno anterior, para dar paso al emprendimiento privado y a los capitales extranjeros que ahora sí llegarán al Ecuador.

Sin embargo, desde la perspectiva de la historia económica, contrariando la opinión “oficial”, el desarrollo y el avance social conducen a otras conclusiones: todo modelo exclusivamente empresarial, si bien puede promocionar la esfera de los negocios y provocar un crecimiento capitalista acelerado, nunca ha logrado solucionar las condiciones sociales y laborales de las amplias mayorías de la población.

Los acuerdos de Ecuador con el FMI del pasado así lo demuestran, porque no sirvieron para cambiar al país. No se entiende cómo ahora sí ese milagro pueda llegar y menos aún de la mano del mismo Fondo y de los mismos y viejos conceptos económicos que vuelven a repetirse en el presente.