Como parte de esa política punitiva se eliminará la autorización para las visitas educativas grupales pueblo a pueblo y no se otorgarán licencias para los buques de pasajeros y recreativos, así como a los aviones privados y corporativos.

Aunque las medidas afectan a los cubanos en general, el Departamento de Estado norteamericano consideró que solo van dirigidas contra el Gobierno en esta nación.

Recientemente la Casa Blanca activó el Título III de ley Helms-Burton, que permite a nacionales estadounidenses demandar ante la justicia de ese país a personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Para La Habana, estas acciones se enmarcan en la estrategia de Washington de intentar asfixiar económicamente a la mayor de las Antillas al atentar con las inversiones extranjeras y el turismo, uno de los sectores más dinámicos del país.

Según datos oficiales, en 2018 arribaron unos 850 mil visitantes a través de los cruceros.

El año anterior llegaron cuatro millones 732 mil turistas y las autoridades del sector trabajan para superar en estos 12 meses la barrera de los cinco millones.