«OEA no tiene atribuciones para intervenir en Paraguay», afirma Insulza

«OEA no tiene atribuciones para intervenir en Paraguay», afirma Insulza
Fecha de publicación: 
26 Junio 2012
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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, aseguró este lunes que el organismo regional «no tiene atribuciones para intervenir en Paraguay», país que vive una crisis política y social por la destitución del presidente Fernando Lugo.

«Nadie tiene ninguna atribución para intervenir», enfatizó Insulza, y añadió que «no puede obligar a los países a hacer algo», tomando además en consideración que «no habría en la OEA un acuerdo para una intervención».

Insulza afirmó que cuando la OEA actúa, lo hace en función de resolver conflictos, promoviendo el diálogo entre las partes involucradas. Sostuvo que no pudieron intervenir, ni siquiera, en Honduras, donde hubo «un golpe de Estado».

En ese sentido, explicó que el papel de la OEA no es dirimir. «No vamos a arbitrar el problema. No vamos a ser un tribunal que dirima quién tiene la razón. Lo que nosotros podemos hacer es buscar una salida constructiva», acotó.

Para Insulza, en Paraguay hay una «crisis constitucional, un encontrón entre el poder Legislativo y el Ejecutivo», pero no consideró que se hubiese gestado un golpe de Estado, tal como lo denuncia Lugo y gran parte de la comunidad internacional.

«No quiero atribuirle adjetivo, él (presidente Fernando Lugo) no ha hablado de un golpe constitucional. Hubo una decisión del Congreso con las mayorías necesarias, pero no se le dio a él la posibilidad de defenderse», precisó.

El chileno argumentó también que, incluso, en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), hasta la fecha, «nadie ha dicho que hay que intervenir en Paraguay, ni mucho menos».

El secretario chileno presidirá este martes una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada para analizar y debatir el conflicto en Paraguay.

El pasado jueves la Cámara de Representantes de Paraguay aprobó un juicio político contra el presidente constitucional Fernando Lugo, bajo la acusación de «mal desempeño de sus funciones».

El Senado tomó una decisión final 24 horas después, violando el debido proceso de Lugo y sin concederle el tiempo legal para preparar su defensa. Por mayoría parlamentaria, Lugo fue destituido de su cargo y fue juramentado el hasta entonces vicepresidente, Federico Franco.

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