Comienza referendo secesionista en región española de Cataluña
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Más de 5,3 millones de personas están llamadas a concurrir a la consulta unilateral sobre la independencia en esta próspera comunidad autónoma, pero su resultado se torna incierto ante el cerco judicial y policial desplegado por el ejecutivo central de Mariano Rajoy.
La administración del conservador Partido Popular de Rajoy dio hoy por "desbaratada" la controvertida cita con las urnas, después que la Generalitat (gobierno catalán) anunció un censo universal para que la ciudadanía pueda votar en cualquier colegio electoral habilitado.
Ante la pasividad de los Mossos d'Esquadra (policía catalana), que permitieron -según testigos presenciales- la apertura de los centros de votación a pesar de una orden judicial que los obligaba a precintarlos, las fuerzas de seguridad españolas comenzaron a actuar.
La intervención de los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, los dos cuerpos armados nacionales de este país europeo, dejó imágenes de algunos forcejeos y momentos de tensión.
En una primera valoración sobre el censo universal acordado por la Generalitat para sortear el cierre de numerosos colegios, el Palacio de La Moncloa (sede del poder central) consideró que el cambio "liquida cualquier vestigio de respetabilidad democrática".
El recurso de último momento fue anunciado por el portavoz del gobierno regional, Jordi Turull, quien además admitió que no se llegó a fabricar sobres suficientes para reponer los confiscados durante la férrea ofensiva lanzada por La Moncloa contra el referendo.
Los votantes en el escrutinio, que busca proclamar a Cataluña en un Estado independiente, una aspiración que no está contemplada en la Constitución española de 1978, podrán depositar su papeleta doblada y sin sobre, explicó el funcionario en rueda de prensa.
Han sido días difíciles, reconoció Turull al repasar los golpes propinados por el Estado al aparato logístico del referéndum, con el decomiso de millones de papeletas, material de propaganda y el arresto de miembros de la Generalitat, liberados con posterioridad.
Al margen de esos contratiempos, el consejero catalán aseguró que su gobierno "está en condiciones de afirmar que podremos celebrar con garantías, aunque no como queríamos, el referéndum de autodeterminación".
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