Varios fiscales de distrito y cuerpos policiales no lograron tomar medidas contra militares estadounidenses que después fueron procesados en tribunales militares por delitos sexuales, según documentos internos del gobierno que resumían los resultados de decenas de casos. Pero en varios casos, los pasos tomados por las autoridades civiles fueron descritos de forma incorrecta o se omitieron. Las descripciones de otros casos eran demasiado imprecisas como para verificarlas.

Tampoco había nada en los registros que respaldara el motivo principal por el que el Pentágono habló de los casos al Congreso en un principio: Mostrar que los mandos militares como estrictos luchadores contra el crimen que insistían en llevar los casos a juicio.

Los documentos se consiguieron a través de una solicitud amparada por la Ley de Libertad de información presentada por el grupo activista Protect Our Defenders, que proporcionó los archivos en exclusiva a Associated Press. Protect Our Defenders tenía previsto publicar un informe el lunes que critica cómo el Pentágono utilizó esos casos para socavar el apoyo a una ley en el Senado que habría forzado un cambio importante en la forma en la que el Ejército gestiona las acusaciones de abusos sexuales.

El grueso de los casos afectaba a soldados.

Las descripciones de los casos las escribieron abogados de servicio que tenían "conocimiento directo y personal de las circunstancias", según la portavoz militar Tatjana Christian. Los abogados contactaron con las autoridades locales en todos los casos para confirmar que la descripción era fiable, aunque no había indicación de eso en los documentos. El Ejército declinó permitir el acceso a un oficial de servicio para una entrevista.

Hasta ahora, los más de 90 casos se habían comentado en público sólo como estadísticas que respaldaban las objeciones del Pentágono al proyecto del Senado, la Ley de Mejora de la Justicia Militar.

Hace tres años, el almirante de la Marina James Winnefeld, entonces vicepresidente del Estado Mayor, empleó las cifras para advertir a un comité del Senado que de aprobarse, la ley implicaría que menos casos de agresión sexual llegarían a juicio. Winnefeld se retiró el año pasado del servicio.

En respuesta a la investigación de AP, el portavoz del Estado Mayor Richard Osial describió la información proporcionada por Winnefeld al comité como un "vistazo" basado en datos proporcionados por los servicios militares.

"Tenía confianza para emplearla", dijo Osial.

Las consecuencias podrían ser significativas si los legisladores creen que fueron desinformados. Una reacción en contra podría recabar apoyos para la ley del Senado, que no se aprobó debido en gran parte a la firme oposición del Ejército. Podría celebrarse otra votación sobre el proyecto este mismo junio.

La legislación pretende detener las agresiones sexuales al despojar a los mandos militares de la capacidad de decisión sobre si se procesan los casos y daría esa autoridad a experimentados abogados militares. Protect Our Defenders, una organización no partisana, respalda el proyecto.

"Deberían exigirse explicaciones a alguien en el Pentágono", afirmó el coronel retirado Don Christensen, presidente de la organización y ex fiscal de la Fuerza Aérea. "Tanto si uno está de acuerdo como si no con la ley, cualquier senador —especialmente los que repitieron ese argumento o basaron sus votos en ese argumento— debería estar indignado".

La imagen poco favorecedora de las autoridades civiles que presentan los documentos también contradice la estrecha relación de trabajo que los fiscales locales dijeron a Associated Press haber forjado con el personal legal de uniforme en bases militares de su jurisdicción, muy lejos del clima político de confrontación en Washington.

Los fiscales civiles dicen que no es raro transferir un caso de agresión sexual al ejército para su investigación o instrucción. Pero estos casos suelen mostrarse como negativas civiles a trabajar en los casos, lo que da la impresión de que no se habrían presentado cargos de no haber intervenido las autoridades militares.

"Es ofensivo que digan que ellos procesarían casos que nosotros no", dijo Jaime Esparza, fiscal del distrito en el condado de El Paso, Texas, donde se encuentra Fort Bliss, una gran base militar.

En Fort Drum, en el estado de Nueva York, el ejército se atribuyó el mérito de haber procesado a un soldado que había sido condenado antes por posesión de pornografía infantil pero nunca había sido licenciado del servicio. El soldado, cuya identidad no pudo confirmar AP, tampoco se registró como delincuente sexual. Después de que se le permitiera conservar el uniforme, realizó tocamientos a una niña y le envió mensajes sexuales explícitos. Después fue condenado a cinco años de prisión en un proceso militar.

Kristyna Mills, fiscal del distrito en el condado de Jefferson, donde se encuentra Fort Drum, puso en duda la conclusión del ejército de que su oficina había rechazado el caso. La decisión de permitir que el Ejército lo instruyera fue un "esfuerzo colaborativo" realizado con el personal legal de la base, afirmó.

"Es extremadamente raro que mi oficina 'decline procesar' un caso salvo que haya serios problemas de pruebas que creamos que no podemos superar", indicó Mills.