Estados y ciudades de EE.UU. pueden regular las armas de fuego

El diario recordó que el Congreso de ese país se niega a aprobar medidas como la verificación de antecedentes de las personas que compran armas de fuego, pese a ser una propuesta apoyada por casi nueve de cada 10 estadounidenses.

Sin embargo, la publicación indicó que desde 2008 hasta la fecha, la Corte Suprema rechazó unas 70 demandas contra reglamentos federales, estatales o locales que proponen la regulación de ese tipo de armamento.

De acuerdo con The New York Times, esto crea una gran oportunidad para que los ciudadanos puedan presionar a sus líderes a fin de que adopten medidas con las cuales se limite el acceso a pertrechos.

Estados y ciudades han aprobado leyes que restringen o prohíben ciertos tipos de armas y municiones; impiden que ciertas personas, como los condenados por acoso o por conducir ebrios, puedan adquirirlas; y establecen controles de antecedentes y otros requisitos de seguridad.

La Corte de Justicia del Distrito de Columba concluyó en 2008 que la Segunda Enmienda otorga a los individuos el derecho de mantener en sus hogares las armas de fuego para la autodefensa, y dos años después determinó que ese principio se aplica a los estados y al Gobierno federal.

Desde esa fecha se aprobaron a nivel local cientos de leyes de seguridad para controlar el uso de ese material, las cuales han enfrentado demandas amparadas en la Segunda Enmienda, pero hasta el momento los tribunales menores han fallado a favor de mantener las leyes el 93 por ciento de las veces.

Para el juez Antonin Scalia, el derecho garantizado por esa enmienda no es ilimitado, y no debe usarse contra regulaciones de larga data sobre la posesión de armas de fuego por parte de delincuentes y enfermos mentales, o su portación en lugares sensibles como escuelas y edificios del Gobierno.

The New York Times sostuvo que el lobby a favor de las armas se niega a aceptar esa idea, como ocurrió en Illinois, donde los legisladores estatales prohibieron a las ciudades y pueblos la proscripción de armas de asalto.

Pese ese caso y otra docena de hechos similares, el criterio más extendido en la corte es que estados y ciudades tienen amplia libertad para aprobar leyes duras y efectivas dirigidas a proteger a sus ciudadanos, refirió el diario.