Guatemaltecos demandan a corporaciones de EE.UU. por infección masiva con sífilis

Más de 750 personas han interpuesto una demanda contra corporaciones estadounidenses por participar en una serie de experimentos realizados en Guatemala en las décadas 1940 y 1950, en los que cientos de personas fueron intencionalmente infectadas con enfermedades venéreas.

774 personas han presentado una demanda colectiva contra la Corporación Johns Hopkins Hospital System y la Fundación Rockefeller, entre otras, en la que reclaman 1.000 millones de dólares como compensación por haber sido inoculados con sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual durante un programa del Gobierno estadounidense llevado a cabo entre 1945 y 1956 sin su consentimiento, informa el diario guatemalteco 'La Hora'.

La querella establece que las organizaciones "tuvieron una influencia considerable" y afirma que los experimentos fueron realizados en el extranjero para "dar a los investigadores la oportunidad de probar métodos adicionales de infección de humanos con varias enfermedades venéreas lejos del escrutinio público".

"Ellos lo sabían, fueron arquitectos de ello, lo planearon, buscaron financiarlo, lo mantuvieron supervisado. Hopkins proporcionó conejos sifilíticos que fueron utilizados para inyectar sífilis a individuos", sostiene Paul Bekman, un abogado de los demandantes.

El abogado principal de Johns Hopkins en el caso, Robert Mathias, afirma que la demanda "carece de fundamento" ya que la compañía "no inició, pagó o dirigió este estudio. Fue un estudio del Gobierno federal".

La Fundación Rockefeller ha indicado en un comunicado que los estudios son "moralmente repugnantes" y añadió que el Gobierno estadounidense debe indemnizar a las víctimas y sus familias pero se opondrá a la demanda ya que "no diseñó, financió o dirigió ninguno de estos experimentos y no tuvo ningún conocimiento de ellos".

Este programa fue iniciativa del Gobierno estadounidense quien, en 2010, reconoció los hechos y pidió disculpas. Sin embargo, un juez federal rechazó en 2012 una demanda contra el Gobierno de EE.UU., alegando que el Gobierno federal no puede ser responsabilizado por acciones ocurridas fuera del territorio estadounidense.