Policías municipales de la localidad de Chilapa, en el violento estado mexicano de Guerrero, descubrieron la noche del sábado los cuerpos desmembrados, decapitados y calcinados de cinco personas al interior de una camioneta de carga, dijeron el domingo autoridades locales.

Los cuerpos fueron hallados después de que socorristas de protección civil y elementos de la policía municipal sofocaron el incendio de la camioneta, que se quemaba sobre una carretera de Chilapa, a unos 55 kilómetros Chilpancingo, la capital del estado que se ubica al sur del país.

"De acuerdo al levantamiento cadavérico son cinco cuerpos descuartizados en proceso de incineración sin cabeza", dijo a Reuters un policía de Chilapa, quien no pudo precisar si todos los cuerpos eran de hombres o si había también mujeres.

Hace unos días también en Chilapa, los cuerpos decapitados de 11 personas fueron hallados al costado de una carretera, en medio de la brutal violencia que golpea a Guerrero y en donde 43 estudiantes fueron secuestrados y presuntamente masacrados hace más de dos meses, un caso que ha desatado protestas masivas en México y la indignación internacional.

Los estudiantes desaparecidos de la escuela rural del magisterio de Ayotzinapa fueron entregados por policías corruptos de Iguala a un grupo local del crimen organizado, en un caso que involucró al destituido alcalde de Iguala y a su esposa, actualmente presos.

El caso de los estudiantes ha despertado fuertes críticas al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien anunció recientemente un nuevo plan de seguridad que incluye modificaciones legales para eliminar los cuerpos de policía municipal, que a menudo trabajan para los cárteles de la droga, también dedicados a secuestro y extorsión.

Más de 100,000 personas han muerto desde finales del 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón lanzó una campaña frontal contra los cárteles de la droga, que se fragmentaron a medida que caían sus líderes y elevaron la espiral de violencia y la saña con la que los sicarios acaban con sus víctimas.

Alrededor de 30,000 de estos homicidios se han registrado durante los dos años del Gobierno de Peña, que había prometido controlar la violencia heredada de su antecesor.