Reportan pérdidas millonarias por fraude en telecomunicaciones
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Especialistas del Departamento Antifraude de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) precisaron en el IV Taller de Atención Ciudadana y Gestión de Calidad CALIPROT 2014, que se desarrolla hasta mañana, que la Isla se ubica en el lugar 17 entre los países más afectados por esas violaciones.
Jorge Sacre Izquierdo, jefe de la referida oficina, explicó que un considerable número de usuarios intenta evadir los canales de tráfico establecidos legalmente para las llamadas del exterior hacia Cuba y viceversa, al emplear nuevos adelantos tecnológicos que dificultan su rastreo.
Las ilegalidades más comunes son manipulación de pizarras, desvío de llamadas y robo de líneas a usuarios legítimos, fraudes de suscripción y la creación de sistemas internacionales de ganancias compartidas que ofrecen un servicio adyacente de menor tarifa que la establecida por teleoperadores legales.
Estas actividades se apoyan en la instalación de antenas parabólicas, el uso del servicio telefónico tradicional y el acceso a Internet, conllevando a que por cada minuto de llamada realizada por estas vías, la Isla deje de ingresar 0.60 pesos libremente convertibles.
Las llamadas originadas a partir de estos sitios luego son distribuidas mediante la Red de Telefonía Nacional, como si fueran locales o de larga distancia, con lo cual provocan cuantiosas pérdidas.
Como sucede también en muchas naciones del mundo, las tarifas contribuyen a que sus sistemas de telecomunicaciones sean blanco de fraudes, pero más allá está el ansia de lucro de algunos usuarios, dijo Sacre Izquierdo.
En el caso de Cuba, no podemos obviar que cuenta con una gran comunidad de ciudadanos residentes en los Estados Unidos, hacia donde se registra el mayor porcentaje de las llamadas exteriores, comentó el funcionario de ETECSA.
También recordó que la nación norteña es el epicentro del fraude mundial de las telecomunicaciones, y eso vuelve a Cuba más vulnerable.
Actualmente el Departamento Antifraude de ETECSA labora en la especialización de los procesos de detección de fraude y en las diferentes medidas a aplicar a los usuarios que incurren en este delito, en dependencia del perjuicio causado.
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