Una huelga de hambre en la que participan decenas de presos del sistema penitenciario de California desde hace siete semanas se ha vuelto en una batalla semántica entre sus defensores y funcionarios correcciones sobre cómo definir tal acción.

Abogados y activistas dijeron que los aproximadamente 70 reclusos que se han negado a comer desde el 8 de julio quieren comenzar una dieta líquida que incluye zumos de frutas y verduras, como se les permite a los sospechosos de terrorismo que están detenidos en la Bahía de Guantánamo y que también se niegan a recibir alimentos.

Pero las autoridades penitenciarias de California definen los zumos de frutas y verduras como alimento, y por lo tanto se consideraría que los reclusos no se encuentran en huelga de hambre si empiezan a beberlos.

Los reos que protestan quieren beber los jugos de frutas o vegetales que se dan en los alimentos en prisión o que están a la venta en este lugar como una forma de prolongar su huelga, dijeron sus representantes a reporteros en conferencia telefónica.

"Hay muchos tipos de huelgas de hambre", dijo Jules Lobel, presidente del Centro de los Derechos Constitucionales, en referencia a los diferentes estándares que según él se aplican en la prisión en Guantánamo. "La definición de una huelga de hambre debe dejarse a los huelguistas".

Lobel calificó la definición del estado "un intento descarado de hacer las cosas tan lastimeras como sea posible y obligarlos a abandonar la huelga". Dijo que representa a 10 reclusos que han interpuesto una demanda federal que impugna el confinamiento solitario prolongado en la prisión estatal de Pelican Bay.

Los 70 presos forman parte de un grupo de casi 130 presidiarios en seis instalaciones carcelarias que rechazan los alimentos. Cuando comenzó la huelga, abarcó a casi 30.000 de los 133.000 reos en las prisiones de California.

La huelga de hambre es encabezada por criminales violentos que están en aislamiento, en lo que se conoce como el "corredor corto" en bahía Pelícano. Cuatro líderes supremacistas blancos, negros y bandas enemigas de hispanos se aliaron para promover la huelga de hambre en un intento porque se ponga fin a las unidades de confinamiento solitario.

Los cuatro líderes que firmaron cartas en nombre de los huelguistas están condenados a cadena perpetua por asesinato y se les acusa de numerosos ataques contra internos y empleados de la prisión. Uno de ellos, Arturo Castellanos, fue nombrado a principios de este mes —aunque no encausado por eso— como parte de un operativo federal contra la pandilla carcelaria de la Mafia Mexicana y un cartel de las drogas mexicano. La acusación alega que Castellanos sigue dirigiendo una pandilla en Los Angeles desde su celda.

En tanto, un juez federal aprobó el lunes una solicitud de las autoridades federales y del estado de California para alimentar forzadamente a los presidiarios en caso de ser necesario.

Las autoridades dijeron que temen por el bienestar de casi 70 reclusos que se han negado a ingerir los alimentos suministrados por el sistema penitenciario desde que comenzaron la huelga por el confinamiento en solitario de líderes de pandillas y otros presidiarios violentos, el cual podría extenderse por décadas.

La política penitenciaria es dejar que los prisioneros mueran de hambre si han firmado documentos para no recibir reanimación en caso de una crisis de salud. Pero funcionarios penitenciarios estatales y un interventor federal que controla los servicios médicos a los reos recibieron autorización del juez federal de distrito Thelton Henderson, de San Francisco, para alimentar a los prisioneros cuya salud pueda estar menguando. La orden incluye a los que firmaron recientemente solicitudes de no ser reanimados.

"Los pacientes tienen el derecho a rechazar el tratamiento médico. También tienen el derecho de negarse a comer", dijo Joyce Hayhoe, portavoz del despacho del interventor.

Sin embargo, "si un reo llega al punto en que no puede decirnos qué desea, por ejemplo, si lo encontramos sin sentido en su celda, y no tenemos una solicitud de no reanimarlo, vamos a alimentarlo. Eso es lo que hacen los médicos. Van a seguir sus normas éticas", dijo Hayhoed. "Tomaremos todas las medidas necesarias para salvarles la vida".

El procedimiento puede incluir la administración de fluidos por vía intravenosa o a través de una sonda nasogástrica.

Funcionarios de prisiones podían de antemano solicitar una orden judicial que obligue a un reo en particular a alimentarse, aunque no lo han hecho. Esos funcionarios y el despacho del interventor solicitaron una autorización general para tomar esa medida sin tener que solicitar una orden judicial para cada caso en particular.

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