El caso Sintel se ha cerrado después de doce años, con un acuerdo por el que la familia Mas Canosa, propietaria de esta filial de Telefónica quebrada en 2001, abonará 35 millones de euros a sus extrabajadores y acreedores, evitando así el juicio fijado por la Audiencia Nacional para el próximo día 20.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que será la empresa MasTec la que el próximo día 14 entregue el dinero a las autoridades judiciales, que procederá después a citar a los más de 3.000 afectados, con independencia de que estén o no personados en la causa, para hacerles entrega de las cantidades que les correspondan.

Para conseguir el acuerdo que evitará la celebración del juicio ha sido determinante la actuación de la sección segunda de la sala de lo penal, según las fuentes consultadas, que han recordado que el pasado mes de abril el tribunal ya facilitó el pacto al acordar la exclusión del procedimiento de los órganos de la quiebra de Sintel: la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Fogasa y Telefónica.

El pasado 21 de mayo, la citada sección fijó el inicio de la vista oral para el próximo día 20 y citó para el mismo a los ocho acusados, todos ellos directivos de la compañía, que se enfrentaban a penas de entre dos años y medio y cinco años y medio de prisión por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública.

Entre los procesados figuran cuatro españoles: Ricardo Campos, exconsejero y vicepresidente de Sintel; Juan Antonio Casanova, ex consejero delegado de la compañía; Alfredo Flórez, exconsejero y exapoderado de Sintel y Pedro José Novela, ex director financiero.

Además están acusados Joel Tomas, exconsejero de Sintel y de MasTec International; José Miguel Sariego, exvicepresidente de MasTec Incorporated; y Jorge Mas Santos, que fue presidente de esta última sociedad y expresidente de Sintel; y su hermano Juan Carlos Mas Santos, exconsejero de MasTec International y de Dintel.

Los dos últimos son hijos del fallecido Jorge Mas Canosa.

En 1996, Telefónica vendió su filial Sintel, fundada en 1975 y especializada en la instalación de líneas y redes de cables, al grupo estadounidense MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa, por 4.900 millones de pesetas (algo menos de 30 millones de euros).

A partir de entonces, según la acusación, los nuevos propietarios iniciaron un proceso de vaciamiento patrimonial que la llevó a la quiebra de la empresa en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros, lo que dejó a 1.788 acreedores pendientes de cobro y a 1.828 trabajadores en el paro.

Varios centenares de empleados llevaron su protesta en enero de ese año al paseo de la Castellana de Madrid, donde permanecieron acampados durante seis meses frente al Ministerio de Economía para exigir la intervención del Gobierno.

El llamado "Campamento de la Esperanza" se desmanteló tras llegar a un acuerdo con las autoridades laborales para la recolocación de los trabajadores, mientras el Congreso de los Diputados aprobó una resolución que instaba al Ejecutivo a impulsar un proceso de negociación entre las partes afectadas.