La Florida y su cloaca electoral

Los escándalos en el condado Miami-Dade durante sus procesos electorales han ido tan lejos que el presidente del Partido Republicano allí, Nelson Díaz, prohibió el uso en estos de “boleteros”.

Esos personajes se dedican a conseguir las denominadas boletas ausentes que se envían a personas muy ancianas, o con fuertes limitaciones físicas, para que ejerzan el sufragio desde su vivienda.

Por lo general son de procedencia hispana, algunas con deficiencias mentales, a quienes las boleteras o boleteros les recogen sus cédulas y después, como supuesta ayuda, se las llenan.

Un analista político y consultor en el sur de la Florida, Darío Moreno, recordó que durante años los republicanos han dependido de esa clase de boletas para ganar distintas contiendas.

Han creado, subrayó Moreno, “una industria”, en comunidades como “Hialeah, La Pequeña Habana y Miami Beach, para los boleteros”, donde han tenido lugar una montaña de irregularidades.

Aunque hasta el Partido Demócrata en Miami-Dade, saludó la promesa republicana de no volver a contratar a ese tipo de personas, algunos recordaron que ambos partidos las utilizan.

El nuevo capítulo sale a escena después que destaparon el contenido de tres libretas de la boletera Deysi Pentón, de 57 años de edad, ubicada en Hialeah, la cual manejaba listas de unos 550 votantes.

Uno de esos cuadernos registra pagos a su favor por 10,140 dólares, procedentes de 7 aspirantes a ocupar puestos judiciales durante los comicios de 2008.

Esos candidatos no lo negaron, pero dos mujeres profesionales, con determinado grado de cinismo, aclararon que le hicieron llegar menos dinero que el escrito en su libreta.

Se trata de las abogadas Marcia Caballero y Migna Sánchez Llorens, quienes ahora son juezas de la división de apelaciones y de la división criminal en la Corte del Undécimo Circuito de la Florida.

El Nuevo Herald informó este lunes que, según la boletera Deysi Pentón, Marcia Caballero le pagó 1 700 dólares por ayudarle a obtener su actual responsabilidad, pero la jueza Caballero desmintió esa cifra alegando que solo fueron 800 dólares.

Otra de esas candidatas judiciales, la abogada Lourdes Cambó, narró públicamente que en la práctica eran abordadas por los boleteros como si “fueran aves de rapiña”.

El arresto de Pentón salpicó las campañas para la reelección del alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, y de la fiscal estatal, Katherine Fernández-Rundle, pues la boletera Deysi Pentón frecuentaba la oficina electoral del primero en Hialeah.

Fernández Rundle echó a rodar todas sus influencias para evadir, entre otras cosas, que uno de sus cercanos colaboradores estuvo mezclado en esos sucios cambalaches.

Los apuntes probatorios de la boletera Pentón fueron retenidos casi nueve meses por la policía de Miami-Dade, pese a las reiteradas solicitudes de la Fiscalía del condado de Broward, que atendía el caso.

¿Motivo? Lo explicó el detective privado Joe Carrillo. Es obvio, afirmó el investigador, que cuando tienes a un juez, una fiscal y un alcalde, beneficiándose del robo de elecciones, “jamás va a pasar algo para frenar este fraude”.

Cabe la interrogante de si tal cloaca electoral es privativa de la Florida o solo prototipo de una calamidad mucho mayor que abarca al conjunto de la sociedad estadounidense.

Todo indica que es lo segundo.