España se une para protestar contra los recortes de derechos sociales

“En un sistema falsamente democrático, donde nuestra única participación es elegir a la élite que nos gobierna durante cuatro años y que nos va a traicionar, la única forma que tenemos los ciudadanos de protestar es tomando la calle”, sostiene Luis Montes, un portavoz de la plataforma ‘Marea Ciudadana’ que coordinó todas las iniciativas de protesta.

Las concentraciones y marchas ‘multicolores’ van a alternarse hasta la noche en las avenidas principales de las mayores ciudades de España: una ‘marea’ blanca, otra verde y varias ‘mareas’ rojas por la coincidencia en el color de Izquierda Unida y de los trabajadores de la sanidad pública.

Importantes colectivos de bomberos, mineros, periodistas y pilotos de Iberia han sido movilizados por sus respectivos sindicatos. Asisten también los miembros de decenas de asambleas populares del Movimiento 15M, los afectados por los desahucios y la estafa hipotecaria.

Toda esta gente no solo denuncia los problemas que están afrontando sus familias, sino también la corrupción de las autoridades, la pérdida de la legitimidad de las instituciones, la ola de suicidios generada por esta mafia gobernante, aseguró el analista Francisco González Tejera. A su juicio, los manifestantes coinciden en la opinión de que “es una política que roza el fascismo” y “que está hundiendo en la pobreza a millones de españoles”.  

La fecha del 23 de febrero fue escogida con mucha antelación, siendo el día en que se cumplen 32 años desde el intento de golpe de Estado emprendido por un grupo de oficiales de la Guardia Civil y el Ejército contra el gobierno democrático. En 1981, recuerdan en la plataforma organizadora, la ciudadanía salió a la calle para expresar su rechazo rotundo al golpe de Estado militar. Ahora hace lo mismo para manifestar su malestar por “el golpe de Estado de los mercados”.

Algunas de las fuerzas asistentes han avisado a las autoridades sobre su participación en las protestas, mientras que otras no. Se hace para evitar que los indignados por la política gubernamental se quedaran en casa por miedo a ser multados por participar en una concentración no autorizada, advirtieron los organizadores. Reflexionando que eso es lo que ha ocurrido con varias convocaciones anteriores.

“Lógicamente la gente no está para pagar multas cuando no tiene ni para pagar el metro”, explicó uno de los activistas del partido ecologista EQUO, Ramón Linaza.