Macron y la reforma de pensiones: ¿Una burla al pueblo francés?

No basta que líderes africanos rechacen ahora a las tropas galas que supuestamente combatirían al terrorismo, ni que el miedo a la ultraderecha y la división de la izquierda lo mantengan en el poder: Emmanuel Macron sigue gobernando de tal manera que acaba de contrariar la voluntad de millones de trabajadores franceses, al aprobar por decreto la extensión de la edad del retiro, haciendo honor a su sobrenombre de “presidente de los superricos”.

Este le mantiene en el poder, controlando el poder financiero, la judicatura y jefes de gendarmería que no cesan en la represión a unos tres millones de personas que están en las calles de las principales ciudades del país, con destrozos, incendios, heridos y detenidos por centenares.

Macron confía en su suerte, como un gato que a pesar de que lo lancen de cualquier parte, siempre cae de pie.
Su nueva maniobra para aprobar la reforma al sistema de pensiones de Francia ha inflamado aún más los ánimos en un país cuya mayoritaria masa trabajadora rechaza que se eleve la edad de la jubilación.

Para ello Macron utilizó a su primera ministra, Elizabeth Borne, para que presentara un proyecto de reforma, según el cual las autoridades del país europeo empezarán a retrasar la edad de jubilación tres meses al año a partir del 1 de septiembre del 2023, hasta alcanzar los 64 años en el 2030.

Otro factor que ha causado descontento social es que, para obtener una pensión completa, el periodo de cotización exigido pasará de los 42 años (168 trimestres) a los 43 años (172 trimestres), de aquí al 2027, a razón de un trimestre por año.

Asimismo, se eliminarían los privilegios de jubilación que disfrutan algunos empleados del sector público, como los trabajadores del Metro de París o de Electrocuté de France.

El presidente Emmanuel Macron y su gobierno afirman que la reforma al sistema de pensiones es necesaria por "el envejecimiento de la población", ya que existe el temor que, en algún futuro, no haya trabajadores en activo suficientes que paguen las pensiones de los jubilados. Según las autoridades francesas, la reestructura del sistema permitirá evitar ese desequilibrio y, con ello, mantener lo que llaman el Estado de bienestar.

Sin embargo, una buena parte de la población, sobre todo la clase trabajadora, desconfía de la postura oficial. Desde enero pasado, millones de personas se han movilizado en diversas regiones de Francia para manifestar su rechazo a la reforma, lo cual toma hoy una violencia extrema, luego de tres semanas de marchas donde participan trabajadores de energía, transporte, construcción, servicios, limpieza, metalurgia, educación y refinerías, así como grupos estudiantiles, desde el nivel preparatoria hasta el universitario.

De hecho, los más jóvenes eran quienes portaban carteles con consignas como: "Suban los salarios, no la edad de jubilación", “Vivir mejor: no a la jubilación a los 64 años" y "Quiero jubilarme antes de pillar un cáncer".

Las confederaciones obreras y los sindicatos —principales opositores de la reforma junto con la izquierda y la ultraderecha— aseguran que los ajustes al sistema de pensiones afectarán a tres tipos de personas:
Quienes hayan empezado a trabajar más jóvenes, ganan menos y tengan empleos que impliquen un mayor desgaste físico o mental. En pocas palabras: un duro golpe al cacareados oficial de “Estado de bienestar de Francia” —contrario a lo que dice Macron.

TAIMADO

Totalmente respaldado por quienes más tienen, al mandatario le importa un bledo hacer maniobras para esquivar todo tipo de obstáculo a su pretensión.

Así, para evitarse discusiones legislativas y ahorrarse tiempo, utilizó una facultad prevista en el artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación del proyecto sin necesidad de pasar por el voto de los diputados.

El artículo 49.3 de la Constitución prevé lo siguiente: "El primer ministro podrá, previa deliberación del Consejo de Ministros, comprometer la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional en la votación de un proyecto de ley de financiación de las finanzas o de la seguridad social. En este caso, este proyecto de ley se considerará adoptado, a menos que se apruebe una moción de censura, presentada en las veinticuatro horas siguientes, en las condiciones previstas en el párrafo anterior. El primer ministro podrá, además, recurrir a este procedimiento para otro proyecto o proposición de ley por período de sesiones".

Tras el decreto de Macron —con el cual el mandatario se saltó, subrayo, la aprobación del Poder Legislativo—, las protestas se han agravado en intensidad y violencia. 
El uso de la facultad prevista en el artículo 49.3 podría, a su vez, provocar que se endurezca el movimiento de protesta en las calles, pero también podría causar una moción de censura por los parlamentarios.

De ese modo, el Legislativo podría frenar la reforma y, debido a la composición actual del Parlamento francés, el Ejecutivo podría perder.

Los diputados de la coalición presidencial disponen de una mayoría relativa, y los diputados de extrema izquierda a extrema derecha tendrían que ponerse de acuerdo para desautorizar al gobierno.

Por lo pronto, la opositora política y líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, anunció que presentará una moción de censura contra Macron.

"Esperamos que los que iban a votar en contra de esta reforma de las pensiones voten esta moción de censura. Por nuestra parte, presentaremos una moción y votaremos a favor de todas las mociones de censura que se presenten", añadió, aclarando que el uso del 49.3 "es una admisión de fracaso total de Emmanuel Macron", así como una "extraordinaria admisión de debilidad" del gobierno.

Prácticamente todos los sindicatos del país se han pronunciado en contra y convocado a huelgas y manifestaciones contra la reforma. En dos meses en Francia se declararon ocho huelgas generales y centenares de manifestaciones organizadas por los sindicatos.

El 68% de los franceses, según los sondeos, están en contra de la reforma de Macron. Los legisladores de izquierda y de extrema derecha se oponen fuertemente. Los conservadores están divididos.

Desde el pasado 13 de marzo, toneladas de basura se acumularon en las calles de París como consecuencia de la huelga de los trabajadores de la limpieza.

CRÍTICA ACERTADA

Los participantes de las protestas exigen fijar la edad de jubilación en 60 años y acogen con escepticismo las explicaciones de las autoridades sobre la necesidad de tal reforma que pretextan la escasez de recursos presupuestarios para el pago de las pensiones.

Dicen que Francia debe distribuir más justamente las riquezas, gravar con impuestos las superganancias y dejar de aumentar el presupuesto militar.

También han denunciado los atajos legales del gobierno para impulsar la ley como una "negación de la democracia".

La lógica indica que el “decretazo” de Macron será echado abajo, pero en Francia, con el presidente de los superricos, cualquier cosa mala puede pasar.