Insegura seguridad

Inspirados por su ídolo de ahora, Donald Trump, la diversa amalgama de regímenes derechistas que están controlando la mayor parte de Centro y Suramérica han emprendido una violenta campaña con un despliegue militar donde aparecen militares norteamericanos, lo cual pudiera agravar el problema de la seguridad.

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, pidió en la ONU tratar al crimen organizado como terrorismo, mientras Ecuador, El Salvador, Chile y Colombia repiten el mismo discurso de guerra, pero no atacan el problema de fondo.

Desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mandataria sudamericana sostuvo que el continente americano no vive guerras entre países, pero sí "afronta otro tipo de guerra" contra organizaciones criminales transnacionales, que han impuesto el terror a la población; pidió que estas bandas delictivas sean tratadas como grupos terroristas y defendió que las Fuerzas Armadas actúen "en apoyo" a la Policía Nacional. Horas después, en la reunión del Escudo de las Américas liderada por Donald Trump, el propio mandatario estadounidense resumió la postura: "Háganoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta", subrayó.

La militarización del crimen es una tendencia que se amplía en América Latina, y ese lenguaje lo comparten varios mandatarios de la región: Ecuador con Daniel Noboa, El Salvador con Nayib Bukele, Chile con José Antonio Kast y Colombia con Abelardo de la Espriella, entre otros. La receta se repite, aunque los resultados no acompañan al discurso.

La Policía peruana arrastra fallas estructurales que ningún despliegue castrense resuelve. El proceso de admisión se ha convertido en una "coladera" por la que ingresan jóvenes reclutados por organizaciones criminales, en apenas ocho meses de formación.

A eso se suma una Dirección Nacional de Inteligencia debilitada por la alta rotación política de sus directores, así como una capacidad forense que solo llega al lugar de un crimen cuando hay un muerto de por medio, pero no ante un robo.

El resultado es que ni el Ministerio del Interior ni los alcaldes de las regiones tienen metas claras de reducción del sicariato o la extorsión. Además, nadie sabe a dónde se quiere llegar en políticas de seguridad.

Por ejemplo. Ecuador, que tenía 13 homicidios por cada 100 000 habitantes en el 2021y hoy roza los cuarenta. Pese al despliegue militar y al modelo de "control territorial", el país no logró revertir la violencia, porque enfrenta cárteles mexicanos, que operan a través de bandas locales en un territorio extenso y complejo. Esto no sucedía durante la Revolución Ciudadana correista, hoy perseguida injustamente por el aprendiz de dictador.

El Salvador, en cambio, funcionó por razones que no son trasladables: un país pequeño, pandillas identificables por tatuajes y una megacárcel. Ni esa fórmula ni la ecuatoriana calzan, advierte, con la geografía de costa, sierra y selva de Perú, ni con las más de 800 bandas que operan solo en Lima.

Otro punto relevante es que la capital peruana suele estar bajo sucesivos estados de emergencia, en los que militares patrullan puntos como Larcomar, estaciones del Metro o la Vía de Evitamiento, pero no logran intervenir en las zonas más críticas: van armados con fusiles de largo alcance pensados para el campo de batalla, no para labores de detención urbana. El efecto es más disuasivo que operativo y responde a la lógica del "titular del día siguiente".

En Chile, el pinochetista José Antonio Kast ha querido dar cierta libertad de su régimen derechista sobre el particular, pero ya desde meses antes tenía programado entrar en el grupo afín a Washington con el cual prevé acuerdos de entrega de la riqueza nacional a la estadounidense.

ESCUDO MADE IN USA

El Escudo de las Américas habilita un marco de "guerra contra el terrorismo", que termina legitimando el intervencionismo militar de Estados Unidos en la región, con Venezuela como antecedente y Panamá como episodio reciente de presión.

Esta coalición política se construye cada vez más en función de contener a China, algo que no beneficia por igual a economías como la peruana o la chilena, donde la relación con Beijing, pesa distinta que en México.

Multiplicar operativos y detenciones no equivale a aumentar la capacidad real de investigar delitos. Si no se mejora la Policía local, el despliegue militar podría agravar el problema, en términos de violación a los Derechos Humanos e incremento de la corrupción de las Fuerzas Armadas.

Y es que la región enfrenta una demanda urgente de seguridad y desplegar militares es una decisión visible, pero mejorar la investigación policial, depurar instituciones y fortalecer a fiscales y jueces toma años.

Además. los intereses de Estados Unidos no son idénticos a las necesidades de seguridad de cada país. Para Perú, la prioridad debería ser reducir la extorsión, atacar a la minería ilegal y proteger a la población y recuperar la capacidad del Estado para investigar y sancionar. Eso requiere cooperación internacional, pero también instituciones civiles fuertes y decisiones sujetas a control democrático.

En corto plazo, la cooperación con Estados Unidos puede mostrar resultados, pero se duda que el mecanismo aguante en el tiempo y si conviene atar la política de seguridad de la región a un proyecto que depende de quién gobierne en Washington.