De una manera u otra con o sin juicio político, Santiago Peña, connotado corrupto, renunció a la Presidencia de Paraguay, tratando de eludir que el Congreso lo juzgue y pueda llevarlo a prisión, tras el estallido de un escándalo financiero que ha dejado sin acceso a sus ahorros a los casi tres millones de clientes del banco Ueno.

Peña, abandonado por su partido, lleno también corruptos, pero impunes, no le quedará más remedio que enfrentar un juicio político, ya que la Cámara de Diputados lo aprobó por unanimidad (78 votos), para impedir que tenga fueros como senador vitalicio y así pueda responder ante la Justicia. La decisión final está ahora en manos del Senado.

Peña comunicó que renunciaba al cargo a través de un mensaje en las redes sociales en el mismo momento en que la Cámara de Diputados debatía someterlo a juicio político. En su lugar asumirá el vicepresidente Pedro Alliana, quien deberá completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.

“He tomado la decisión de presentar la renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, dijo Peña en un breve vídeo publicado en sus redes. El presidente subrayó que su prioridad “es la tranquilidad de los paraguayos” que confiaron sus ahorros en el sistema financiero del país. “Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos”, agregó, pensando en hacer creíble tal embuste.

Por ahora, el único presidente de Paraguay destituido por esta vía ha sido el izquierdista Fernando Lugo, en junio del 2012. En un juicio exprés, que duró menos de dos días, el mandatario fue removido del cargo en una acción que fue calificada de golpe parlamentario por varios gobiernos de la región.

La acción contra Lugo avanzó de manera expedita porque las mayorías en el Congreso estaban decididas de antemano, un panorama que no se dará en esta oportunidad.

ABANDONO

La dimisión de Peña ocurre sólo 48 horas después de la intervención del banco Ueno por problemas graves de solvencia. Los casi tres millones de clientes del banco tienen vetado el acceso a sus cuentas desde el martes y han salido en masa a protestar a las calles y a exigir la renuncia del presidente. La gran indignación popular ha sido clave para explicar su rápida caída. Aunque en un primer momento parecía que el juicio político contra Peña no tendría éxito, pasado el mediodía era evidente que hasta los parlamentarios oficialistas lo habían abandonado.

Su expadrino político, el expresidente Horacio Cartes, se pronunció hipócritamente contra Peña: “Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”.

Mientras transcurría la sesión legislativa, Cartes se instaló en la sede del partido junto al vicepresidente, a quien ya se anunciaba como eventual sucesor de Peña, y recibió a otras reconocidas figuras del partido oficialista. “Ha traicionado al país por dinero”, enfatizó el senador colorado Oscar “Cachito” Salomón al llegar a la sede partidaria. Peña, en cambio, permanecía solo en la residencia presidencial. El grito de miles de ahorristas y el eco de las sirenas policiales componían la banda sonora de un presidente acorralado.

La renuncia le permite a Peña mantener fueros políticos con los que evitar una detención, dado que asume de forma automática el rol de senador vitalicio. Legisladores opositores presentaron este jueves ante la Fiscalía una ampliación de una denuncia penal contra el presidente por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza y estafa.

La denuncia también apunta al ministro de Economía y Finanzas (Óscar Lovera), al expresidente del Banco Central del Paraguay (Carlos Carvallo), a miembros del directorio del Banco Central, al titular de la Superintendencia de Bancos (Holger Insfrán) y a autoridades de instituciones públicas —como el Instituto de Previsión Social (IPS) y la ANDE— que mantuvieron depósitos y fondos millonarios en el banco Ueno. Poco antes del mediodía, el propio Ministerio Público anunció que iniciaba un proceso contra Santiago Peña, quien se presentaba como el estadista economista tecnócrata que prometía refundar “el Paraguay gigante”, pero acabó como el presidente que defraudó a millones de compatriotas.

El miércoles, como un intento de apagar el incendio, Peña promulgó una ley de emergencia para devolver parte de las garantías y entregó la cabeza de la cúpula del BCP, proponiendo a Raúl Vera Bogado como bombero de última hora. Pero el guion ya no lo escribía él. Una marea humana enfurecida avanzaba hacia el centro de Asunción para exigir su cabeza y Cartes, en paralelo, soltaba la mano de su exdelfín.

SUSTENTO

El pedido de juicio político contra el presidente de la República se sustenta en cinco ejes que apuntan a presuntos conflictos de intereses, utilización de recursos previsionales, beneficios financieros y debilitamiento de los controles del Estado. La Constitución establece un procedimiento de dos etapas: Diputados debe aprobar la acusación y el Senado decidir si corresponde la destitución. Para remover al presidente se necesitan 30 votos en la Cámara Alta.

El escándalo de Ueno Bank trasladó la crisis financiera al terreno político y abrió uno de los escenarios institucionales más delicados para el gobierno de Santiago Peña. El pedido de juicio político presentado por legisladores de distintas bancadas opositoras y sectores disidentes del oficialismo busca establecer la responsabilidad del presidente en una serie de hechos que, según los impulsores de la iniciativa, comprometen la transparencia de la gestión pública, la independencia de los organismos de control y la protección de los recursos del Estado.

La acusación se estructura sobre cinco argumentos principales, todos vinculados al funcionamiento de Ueno Bank y a las relaciones económicas y políticas que, de acuerdo con el libelo acusatorio, existirían entre la entidad financiera, empresas relacionadas y el jefe del Ejecutivo.

Los parlamentarios sostienen que estos hechos podrían configurar mal desempeño de funciones y cuestionan tanto las decisiones adoptadas como las omisiones presidenciales frente a situaciones que requerían controles institucionales.

El primer eje apunta a los presuntos conflictos de intereses y a la supuesta injerencia en instituciones públicas. Los legisladores sostienen que el presidente declaró ante la Contraloría General de la República acciones por un valor nominal de G. 6.144 millones en Ueno Holding SAECA. A partir de esa vinculación patrimonial, cuestionan decisiones regulatorias, nombramientos de funcionarios que anteriormente estuvieron relacionados con empresas privadas vinculadas al mandatario y una eventual intervención en el Instituto de Previsión Social (IPS) para favorecer a la entidad financiera.

El segundo argumento se concentra en la utilización de los fondos previsionales. La acusación cuestiona el crecimiento de las inversiones del IPS en Ueno Bank y advierte sobre una supuesta concentración de recursos en una entidad relacionada con el entorno económico del presidente. Según los datos expuestos en el documento, las colocaciones pasaron de G. 80 millones en noviembre de 2023 a G. 346.500 millones en marzo de 2024, lo que representa un incremento del 3.035% en aproximadamente 20 meses. El planteamiento sostiene que los fondos destinados a garantizar las jubilaciones requieren controles especialmente rigurosos y que cualquier concentración que comprometa su seguridad debe ser examinada.

El tercer punto se refiere al supuesto incumplimiento de los límites de concentración crediticia y al papel del Banco Central del Paraguay (BCP). Los diputados citan informes técnicos que señalan que, al cierre de abril de 2026, Ueno Bank acumulaba operaciones crediticias con tres empresas vinculadas por G. 743.784 millones, equivalentes a unos USD 123 millones. Según la acusación, ese monto representaba cerca del 30% del patrimonio efectivo de la entidad, cuando el límite prudencial legal señalado es del 20%. Los legisladores cuestionan la actuación de los organismos de supervisión y sostienen que el presidente habría omitido ejercer sus atribuciones constitucionales ante las irregularidades denunciadas.

El cuarto argumento apunta al supuesto aprovechamiento del cargo público para obtener beneficios patrimoniales. El documento pone bajo cuestionamiento la evolución patrimonial de Peña y sus relaciones económicas con Ueno Holding e Itti. Los promotores del juicio político consideran que deben examinarse posibles ventajas financieras personales y beneficios corporativos incompatibles con las responsabilidades de la Presidencia. Se trata de uno de los puntos más sensibles de la acusación, porque busca determinar si existió una relación entre el ejercicio del poder y la consolidación de intereses económicos particulares.

Finalmente, el quinto eje plantea el deterioro de la confianza en el sistema financiero nacional y la exposición a riesgos institucionales. Los legisladores argumentan que la combinación de presuntos conflictos de intereses, concentración de recursos previsionales, cuestionamientos regulatorios y falta de controles podría haber afectado la credibilidad del sistema financiero. La acusación sostiene que la confianza pública no depende únicamente de la solvencia de las entidades bancarias, sino también de la independencia de las autoridades encargadas de supervisarlas y de la certeza de que las reglas se aplican por igual.

¿QUÉ SE PIERDE?

Nada bueno en realidad, porque deja inestabilidad política y financiera, que es lo que vive una población que está en plena incertidumbre en este momento en toda la República.

Peña no sólo era uno de los presidentes reaccionarios favoritos de Trump, sino toda una punta de lanza para el genocida gobierno de Israel. Socio íntimo de Milei, encabezó la ofensiva contra la Revolución Cubana y fue uno de los promotores del voto que bendecía el más asfixiante bloqueo norteamericano contra el pueblo de la isla caribeña.