Una investigación de la Revista RAYA, basándose en documentos policiales, reveló que fueron incautados cerca de 700 kilos de cocaína en el puerto de Naportec, Guayaquil, ocultos en cajas de banano pertenecientes a la empresa Noboa Trading. A pesar de estas incautaciones, los responsables no han sido llevados ante la justicia, y todos saben el porqué.

El periodista ecuatoriano Andrés Durán, quien dio a conocer parte de esta investigación, ha tenido que salir del país debido a amenazas de muerte y acoso judicial por el partido oficialista Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). En declaraciones a la Revista RAYA, Durán afirmó: “Este es el primer caso documentado en la historia del Ecuador en el que estaría involucrada una familia presidencial con el tráfico de cocaína”.

Durante un debate, la dirigente opositora Luisa González cuestionó a Noboa sobre las incautaciones de droga vinculadas a su familia. En respuesta, el presidente no negó la relación de con la empresa Noboa Trading, pero aseguró que la compañía ha cooperado con la justicia. Sin embargo, varios fiscales han sido removidos de sus cargos en los casos de incautación de cocaína relacionados con la empresa.

La primera incautación se produjo el 20 de agosto de 2020 en el puerto de Naportec, cuando se encontraron 151 paquetes de cocaína camuflados en cajas de banano con destino a Croacia. El único detenido fue José Luis Rivera Baquerizo, contratista de Noboa Trading encargado del control antinarcóticos de los contenedores. Sin embargo, fue liberado gracias a la defensa de Edgar José Lama Von Buchwald, abogado que en ese momento era asesor del entonces asambleísta Daniel Noboa y que hoy ocupa el cargo de Ministro de Salud de Ecuador.

Otra incautación, el 30 de junio de 2022, reveló 260 kilos de cocaína ocultos en el sistema de refrigeración de un contenedor de Noboa Trading. Rivera Baquerizo fue nuevamente capturado, pero esta vez se descubrió que su contratante era Roberto Ponce Noboa, primo del presidente Daniel Noboa y representante legal de la empresa.

En el caso más reciente se incautaron 76 kilos de cocaína en un techo falso de un contenedor. La droga nuevamente fue atribuida a Rivera Baquerizo, quien sigue en libertad. Además, en el puerto de Mersin, Turquía, fueron hallados 600 kilos de cocaína en cajas con el logo de Banana Bonita, una empresa del grupo Noboa registrada en Bahamas.
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Con estos antecedentes y la postura oficial de encubrimiento total a los familiares de Noboa involucrados, se puede decir que, a pesar de su juventud, el mandatario ecuatoriano ha superado con creces en ladronismo a un avezado en el negocio del narcotráfico, como lo es el presidente impuesto por Trump en Honduras, Nasry Asfura.

En este contexto, la agencia francesa de noticias AFP comenta que el narcotráfico es un fenómeno creciente en Ecuador, debido al desafío a la institucionalidad, pero opino que ya Noboa lo ha hecho institucional, amparado incluso por las fuerzas militares norteamericanas que, con su par ecuatoriano, se ha dedicado a rastrear supuestos grupos delincuenciales en unas nueve provincias del país que, sin embargo, emergen cada vez más fuertes.

El mal del narcotráfico sigue expandiéndose a pesar del presunto apoyo estadounidense, y es porque la evidencia contradice las declaraciones de la familia Noboa.

Según un informe de la Comisión Europea citado por medios ecuatorianos, el 57% de los contenedores de banano que salen de Guayaquil llegan a Europa con cocaína. La familia Noboa controla la totalidad del proceso de producción y exportación del banano, desde los cultivos hasta el transporte y la distribución internacional, lo que genera dudas sobre la posibilidad de que estas actividades delictivas sean desconocidas por ellos.

Mientras, Noboa insiste en su discurso de lucha contra el narcotráfico, contrata mercenarios y trata de restablecer la base militar estadounidense en Manta, a pesar del rechazo popular.

NO SÓLO EL NARCOTRÁFICO

La adjudicación del Campo Sacha (el más grande y de mejor rendimiento petrolero en Ecuador) ha recibido rechazos desde diversos sectores, más aún después de conocerse que algunas empresas vinculadas al consorcio extranjero tendrían relación con firmas de la familia del presidente.

Y todo esto ocurre en medio de la declaratoria de un nuevo estado de excepción decretado por el mandatario para siete de las 24 provincias, “con el fin de garantizar la seguridad pública ante los altos índices delictivos por la criminalidad”, pero también para impedir la movilización o protesta popular que se anuncia contra la privatización petrolera.

El gobierno ecuatoriano entregó la explotación del Campo Sacha a la empresa privada SINOPETROL por 20 años, a cambio que esta firma invierta y aumente la producción. Sin embargo, el consorcio internacional se quedará con 87,5% del petróleo que extraiga. En otras palabras, de cada 10 barriles de petróleo, Ecuador apenas recibe 1 ó 2. Incluso, la crítica apunta a que SINOPETROL se quedaría con la mayor parte del petróleo sin haber descubierto el pozo ni construido la infraestructura, ya que el campo ya estaba funcionando bajo la administración y explotación de la estatal Petroecuador desde la década de los setenta del siglo pasado.

Además, las sospechas también apuntan a un hecho inusual: la firma de la adjudicación no la hizo la ministra de Energía, Inés Manzano, como se acostumbra en estos casos, sino por un viceministro (Fabián Calero) con conexiones políticas cuestionadas, lo que genera dudas sobre intereses ocultos detrás de la negociación.

De acuerdo con varios expertos, muchos de ellos afines a Noboa, Ecuador pierde el control sobre uno de sus campos petroleros más importantes; recibe una parte mínima de la producción, mientras en otros países los contratos son más justos. De hecho, el supuesto éxito de esta negociación depende de que la empresa privada realmente invierta lo prometido.

Y, como ha dicho el ex presidente Rafael Correa, la afectación principal es porque Ecuador pierde una de las principales fuentes de ingreso del país para las próximas dos décadas.

Frente a todo esto, en las últimas 48 horas, las alertas se encendieron por coincidencias entre El Ordeño S.A.S, y la empresa Amodaimi-Oil Company S.L, que está detrás del consorcio que busca operar el Campo Sacha. El Ordeño tiene como accionista minoritario a la empresa Agroindustrias San Esteban, que tiene como una de sus accionistas a Isabel Noboa Pontón, tía de Daniel Noboa. Además, esta compañía es una las empresas del Grupo Noboa, del cual es parte como directivo el actual mandatario ecuatoriano.

EL MÁS INSEGURO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido dos medidas cautelares relativas a Ecuador: una que aborda la presunta desaparición forzada de 26 personas por las fuerzas armadas y otra relacionada con una creciente crisis sanitaria dentro del sistema penitenciario del país.

En fin, el presidente afirma que hay estabilidad económica, pero también con un gobierno más militarizado, con récord de homicidios, hospitales colapsados y denuncias de autoritarismo.

En el 2025, Ecuador registró 9 216 homicidios. Ya llevaba tres años, con gobiernos anteriores, duplicando sus propias cifras. El año más violento de su historia, que quizás sea superado en este 2026. Ni los estados de excepción, ni los toques de queda, ni la presencia militar permanente han contenido una violencia que mutó, se expandió y terminó infiltrándose en casi todos los espacios del país.

“El uso del estado de guerra es básicamente una estrategia de dominación política más que una estrategia de seguridad”, cuestiona Luis Carlos Córdova, experto en temas de seguridad. El poder militar comenzó a ganar influencia sobre decisiones estratégicas, presupuestos e instituciones civiles. El problema, plantea, es que los resultados no acompañan la narrativa oficial. “Como estrategia de seguridad no funciona. Es limitada e incluso contraproducente porque genera más violencia”.

Noboa levantó una cárcel de máxima seguridad que llamó Encuentro, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de Bukele. En noviembre del año pasado, aún sin terminar las obras, los primeros 300 presos fueron trasladados allí: hombres rapados, esposados y vestidos de naranja. El gobierno hablaba de “terroristas”, pero entre ellos había más que líderes criminales. Por ejemplo, figuras políticas como el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción. Meses después, encarcelaron en esa misma prisión al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, una de las principales voces opositoras en Ecuador, investigado por presunto lavado de activos y aún sin sentencia.

Pese a su discurso de mano dura, el presidente chocó con su primera derrota política precisamente en un tema de seguridad. Convocó una consulta popular para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país y abrir la puerta a una nueva Constitución, pero los ecuatorianos votaron con un rechazo contundente. El Gobierno siguió aplicando estados de excepción. Solo en el último año decretó cuatro toques de queda.