La Revolución Cubana ha sido, desde sus inicios, blanco de una política hostil y sistemática por parte del gobierno de Estados Unidos. El cerco económico, comercial y financiero impuesto contra la Isla constituye una prolongada agresión que busca quebrar la resistencia de un pueblo que desde 1959 intenta construir su destino con prosperidad, pero sin renunciar a su independencia y soberanía.
 
Las medidas coercitivas aplicadas por Washington poco después de que la insurrección popular derrotara a la tiranía batistiana no solo afectan la economía nacional, entendida en sus macrodimensiones, sino que golpean directamente la vida cotidiana de los cubanos. La actual escasez de alimentos, combustible y recursos para hospitales, escuelas y otros centros vitales tiene una innegable relación de causa-efecto con el bloqueo estadounidense, recrudecido tras la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero de este año. Se trata de una política que desconoce principios elementales de justicia y humanidad y, sin embargo, ha sido aplicada con más o menos ensañamiento por los mandatarios norteamericanos durante más de seis décadas.
 
El entramado judicial que sostiene el bloqueo se basa en un conjunto de políticas, leyes y disposiciones como la Ley Helms-Burton y la Ley Torricelli, que codifican y endurecen las sanciones contra Cuba. Estas normas, aprobadas muchas veces con carácter extraterritorial, buscan impedir o al menos dificultar las relaciones económicas de terceros países con la Isla y consolidan un sistema que perpetúa la agresión contra Cuba, con argumentos politizados y distorsionados sobre el sistema político cubano. 

Año tras año, la mayoría de la comunidad internacional rechaza estas medidas coercitivas unilaterales en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque las resoluciones aprobadas a propuesta de la isla caribeña no son vinculantes —los documentos debatidos en este órgano de las Naciones Unidas nunca lo son—, expresan la posición de la inmensa mayoría de los países y se convierten en una denuncia universal contra el bloqueo. La votación mayoritaria contra el bloqueo estadounidense reafirma que este constituye una violación del derecho internacional y de los principios básicos de convivencia entre naciones. 

A pesar de estas presiones, la Mayor de las Antillas ha demostrado una capacidad de resistencia admirable. La solidaridad internacional, la organización socialista y la creatividad de los cubanos han permitido sostener servicios básicos y defender conquistas sociales que son orgullo del pueblo.  

Entre tanto, la hostilidad imperialista también busca aislar a Cuba en el plano internacional, mediante presiones a gobiernos y organismos internacionales para que rompan vínculos de cooperación. Sin embargo, la Mayor de las Antillas sigue siendo referente de solidaridad, y, a pesar de las dificultades internas, no ha renunciado a compartir sus médicos y maestros con naciones que los necesitan, incluso cuando se intenta desacreditar y obstaculizar esos programas de legítima cooperación. Así, la ética revolucionaria se expresa en la defensa de la vida y la justicia, frente a la lógica del poder imperial.  

La denuncia de esta política agresiva es siempre necesaria. No se trata solo de repetir consignas contra el bloqueo, sino de explicar lo mejor posible su lógica de funcionamiento, su impacto real en la vida de los cubanos y su naturaleza injusta. Mientras tanto, la experiencia de Cuba se ha convertido en un referente de perseverancia para la región de América Latina y el Caribe, históricamente avasallada por el imperialismo estadounidense. La capacidad de resistencia de esta pequeña nación demuestra que la soberanía es un principio que se puede defender a pesar del tamaño de los desafíos externos.