La cifra es correspondiente a 389 facturas que no llegaron a su destino, y la afectación económica ascendió a ocho millones 907 mil 562 pesos, informó hoy el periódico Granma.

   La Fiscalía solicitó para los acusados sanciones entre 8 y 20 años de privación de libertad, unido a la responsabilidad civil por los delitos de malversación, apropiación indebida y falsificación de documentos bancarios y de comercio.

   El fraude tuvo lugar en el año 2012 y consistía en grandes facturaciones de huevo que se vendían de manera ilícita, alteraciones de los planes previstos para las unidades territoriales, desviación del presupuesto del Estado y confección de autorizos de cargas fraudulentos.

   Según Gioiver Portuondo, encargado actualmente de la comercialización en la UEB, debido a lo sucedido se han modificado algunos métodos: los autorizos de carga que antes eran simples recortes de papel manuscritos, hoy son un modelo donde se consigna la chapa del camión, municipio de destino, la unidad, cantidad de cajas y nombre del chofer.

   Otro cambio, es el uso de una ficha de clientes con los datos de las personas autorizadas, así como la realización del pago por parte de las unidades básicas municipales.