Tras una votación dividida una corte de apelaciones de Estados Unidos mantuvo hoy la prohibición a la capacidad del presidente Donald Trump de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos criminales.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington (en un fallo 2-1) determinó que dos órdenes de tribunales inferiores que bloquean la autoridad de Trump para invocar esa ordenanza de 1798 -que es solo para tiempos de guerra-, debe continuar mientras se resuelve una impugnación legal.

La orden del juez James Boasberg, que frena el empleo de la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones, ha estado en el centro de una creciente controversia política y legal desde el 15 de marzo.

Dos vuelos trasladaron a El Salvador a más de 250 migrantes, la mayoría venezolanos señalados de pertenecer presuntamente al grupo delictivo (pandilla) Tren de Aragua, despegaron del territorio estadounidense mientras se realizaba una audiencia de emergencia para impedir el envío.

Sin embargo, los aviones no retornaron y sus ocupantes fueron a parar al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad en suelo salvadoreño.

El Departamento de Justicia (DOJ) se niega a dar información sobre esas personas, que -de acuerdo con Boasberg- debieron tener antes audiencias para demostrar que realmente forman parte de esa pandilla.

Para evitar más preguntas incómodas el DOJ invocó el privilegio de secretos de Estado.

El fallo del tribunal de apelaciones no estaba firmado; sin embargo, las juezas Patricia Millett, designada por el expresidente Barack Obama, y Karen Henderson, designada por George H.W. Bush, argumentaron el porqué de su decisión.

Mientras, el juez Justin Walker, designado por Trump durante su primer mandato (2017-2021), fue la opinión disidente alegando una cuestión técnica.

El gobierno de Trump podría apelar el fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos.