No habrá impunidad para quienes roban el aceite de los transformadores eléctricos

Los órganos competentes del Ministerio del Interior investigan los hechos de sustracción de este insumo, vital para el servicio eléctrico, en varios transformadores de la provincia, al tiempo que las autoridades, entidades y organizaciones laboran incesantemente para afrontar las múltiples y complejas situaciones derivadas de dicho delito

En varios territorios del país se ha suscitado un delito que bien puede recibir los calificativos más severos, dado el daño económico y su impacto en la sociedad: la sustracción del aceite dieléctrico de los transformadores eléctricos.

En Santiago de Cuba, este año, se habían dado hechos de esta índole fundamentalmente en los municipios de Contramaestre, Palma Soriano y San Luis, en este último ocurrió el que afectó la mayor cantidad de personas y entidades.

Aprovechando la contingencia energética, y de manera específica la más reciente desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (Sen), al transformador de 6,3 millones de volt amperes (MVA) ubicado en la Subestación de Paquito Rosales, en San Luis, le fueron sustraídos unos 300 litros de aceite, afectando a miles de personas residentes en los consejos populares de Paquito Rosales, Dos Caminos y cuatro circunscripciones del Estrella Roja.

El hecho contado por los perjudicados

Un acto criminal, jamás visto por Víctor Agramonte Fuentes desde que se mudó a escasos metros de la Subestación, en los años 80’, “mi familia siempre ha estado pendiente a todo cuanto tiene que ver con el transformador, la limpieza de sus alrededores, porque sabemos lo que significa y las relaciones con la Empresa Eléctrica son las mejores”.

Fue durante la noche del viernes, “hacía mucho calor y llegué muy cansado. Figúrate, los apagones se incrementaron luego que el huracán Rafael azotó el Occidente del país. Debió ser a altas horas de la noche, nos cazaron la pelea y cometieron un acto criminal”, aseveró el sanluisero con una visible combinación de impotencia, enojo y tristeza.

Cuando se crearon las islas de generación eléctrica, “el transformador falló, y enseguida nos dirigimos hasta aquí, acompañados por las principales autoridades del Partido y el Gobierno en el municipio, y muy pronto se sumaron directivos y especialistas de la Empresa”, refirió Silvio Miranda Reyes, Jefe de Operaciones de la Organización Básica Eléctrica (Obe) sanluisera y quien lidera un equipo “que desde entonces permanece vigilante y encaminando el restablecimiento del servicio que todavía dista de lo que debe ser”.

En ese contexto el ingeniero eléctrico Léster Díaz, que vive en el llamado Camino de la Isla, no dudó en explicarles a sus familiares, vecinos y amigos la negativa trascendencia de aquel hecho, “yo trabajo en los Talleres Ferroviarios pero sé muy bien que el aceite tiene una función aislante y refrigerante y al faltar colapsa el equipo. Quienes lo hicieron, supongo, tienen conocimientos”.

De acuerdo con especialistas de la Empresa Eléctrica, este tipo de aceite determina “la prolongación de la vida útil y el funcionamiento eficaz de los transformadores eléctricos, disipa el calor, garantiza que la bobina y el núcleo del transformador se mantengan a temperaturas óptimas al permitir la absorción de energía térmica”.

Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido, y Manuel Falcón Hernández, Gobernador, se personaron en el sitio e intercambiaron con la población. Actualizaron, a través de las plataformas digitales, las causas, consecuencias y posibles soluciones.

Con determinación, Johnson Urrutia afirmó en sus redes sociales que “no habrá impunidad para los autores del delito”, al tiempo que indicó las acciones para garantizar la vitalidad de los servicios básicos y lo concerniente al restablecimiento del eléctrico.

Es así que, con el objetivo de garantizar la alimentación del pueblo, se procedió a la venta de alimentos elaborados y productos agropecuarios por las unidades productivas y las del Comercio y la Gastronomía. Se ubicaron dos plantas eléctricas, una en el Parque Central de Dos Caminos y otra en la Casa de Cultura, para que la ciudadanía energizara sus dispositivos móviles y equipos recargables, así mismo, una radio base para mantener el flujo informativo.

También se activó un puesto de dirección para atender, chequear, organizar las acciones y enfrentar la contingencia energética. Entre las múltiples variantes, se trasladó un transformador de menor potencia con el fin de garantizar el servicio eléctrico a una parte de la comunidad. Se mantuvieron, además, funcionando los grupos electrógenos de emergencia en centros vitales.

La Primera Secretaria “nos dio aliento y nos hizo multiplicar en cada barrio las explicaciones, cuando uno hace eso los rumores y especulaciones se terminan”, afirmó Francisca Fuentes Rosales, organizadora del Bloque de la FMC del área donde ocurrió el delito.

“En un país socialista este tipo de bienes son propiedad de todo el pueblo, por lo tanto, como dueños legítimos, nos corresponde cuidarlos”, expresó encarecida la federada que, junto a los CDR, permanece “al tanto de las obras, porque las lluvias prácticamente hicieron inaccesible el sitio de la Subestación, atendiendo a los operarios y colaborando con las investigaciones”.

De manera provisional fue instalado un transformador de 1,6 MVA “que al menos garantiza una rotación del servicio en las diversas zonas de Dos Caminos, Paquito y Estrella Roja”, confirmó Miranda Reyes. Mientras, en la UEB de Redes Eléctricas, en la capital provincial, continúan las labores de mantenimiento al transformador de alta potencia.

Un daño incalculable

A las complejidades que marcan la cotidianidad -precios elevados, abusivos y especulativos para todo tipo de artículos; irregularidades en los ciclos de abasto de agua; y los molestos apagones provocados por el déficit en la generación del Sen-, se sumó este, provocado por inescrupulosos oportunistas, que bien pueden responder a intereses desestabilizadores.

La cuestión es que, a la altura de noviembre, son cinco los transformadores dañados por el robo del aceite, “el de Dos Caminos, por ejemplo, tiene un coste en el mercado internacional que oscila entre los cuatro y cinco millones de dólares, a eso se le suma la energía dejada de servir a los clientes, los gastos en transportación, alquiler de grúas, el combustible y la fuerza de trabajo puesta a disposición de la contingencia, con tres brigadas laborando las 24 horas”, declaró el ingeniero Adrián Blázques Sánchez, director del Centro Territorial de Operaciones (CTO) de la Empresa Eléctrica.

Se ultiman acciones en los destinados “para Dos Caminos y Hatillo, con sentido de urgencia pero sin violar los procedimientos para su puesta en funcionamiento; cuando se trabaja con electricidad y, específicamente, con este tipo de medios hay que ser muy detallista para reducir al máximo los riesgos y vulnerabilidades”, enfatizó el director del CTO.

“Hubo que cocinar con lo que apareciera, sin equipos de refrigeración funcionando para conservar los alimentos, estábamos al punto de la desesperación pero al observar el ir y venir de los especialistas y de las autoridades, le dije a mi abuela que, al menos, íbamos a tener algo de corriente, y ya la hay”, refirió el joven Léster Díaz.

Toda una logística -procedente de la cabecera municipal y de otros territorios de la provincia-, tuvo que trasladarse hacia las comunidades afectadas “para ofrecer bienes y servicios, asistir a los más necesitados y atender las quejas, sugerencias y peticiones de la población. Fue una prueba de fuego para todos”, aseguró Yusmaikel Valier Ramírez, primer secretario del Comité Municipal del Partido.

Precisiones desde la Fiscalía

Para conocer detalles del tratamiento jurídico penal a los hechos, Sierra Maestra conversó con la M.Sc. Elizabeth Govea Maceo, Jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial:

“De agosto a noviembre se ha presentado un incremento de estos hechos, provocando esto afectaciones al servicio, con independencia de las que se han suscitado a raíz de la contingencia energética por la que hoy atraviesa el país.

“Tales hechos han generado molestias a los pobladores, alterando la tranquilidad ciudadana e impactan en el desarrollo económico social de los territorios afectados, que permanecen varios días sin servicio eléctrico en virtud del actuar de personas inescrupulosas que sin pensar en los resultados, asumen tales conductas, que tipifican ilícitos penales recogidos en el Código Penal vigente.

“Las conductas asumidas por estas personas, atendiendo a la forma y medios que se emplean para la sustracción del aceite de los transformadores, podrían corporificar delitos de Hurto o Robo con Fuerza en las Cosas, dependiendo de la forma en que suceda la sustracción y para el caso de las personas que compran o vendan este aceite se podría integrar un delito de Receptación.

“También podrían integrar un delito de Sabotaje, ilícito regulado en el capítulo II de la Ley 151/22 que es el Código Penal vigente, en el que se agrupan los Delitos contra la Seguridad Interior del Estado, específicamente en la Sesión Sexta, artículo 125.1, que establece que cuando una persona con sus acciones y con el propósito de obstaculizar o impedir el normal uso o funcionamiento o a sabiendas de que puede producirse este resultado, destruye, dañe, inutilice, altere o perjudique los medios, recursos, edificaciones, sistemas, instalaciones o unidades socioeconómicas relacionadas entre otras con las fuentes de energía o de transmisión de energía, preveen sanciones de siete hasta 15 años de privación de libertad.

“En el artículo 126 de la citada norma se agrava el marco penal de la sanción establecida cuando además se pone en peligro la seguridad colectiva, se producen consecuencias graves cualquiera que sea el medio utilizado o los bienes afectados pertenecen a las reservas materiales, como sucede en estos casos, en estos supuestos las sanciones establecidas son de 10 hasta 30 años de privación de libertad”, sentenció Govea Maceo.

La Fiscalía General de la República, como órgano del Estado encargado del control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública, en respuesta a las exigencias del momento histórico por el que atraviesa el país y cumpliendo la política penal establecida, de conjunto con los órganos de investigación del Minint mantiene un seguimiento permanente a estos hechos y ofrece a cada caso el tratamiento riguroso que amerita, desde la imposición de medidas cautelares -que pueden llegar a ser la de prisión provisional-, hasta la solicitud a los tribunales de justicia de penas severas para los autores.

Todo en función de garantizar la protección de la población y el enfrentamiento a tales conductas para evitar su proliferación.