Chilenos participarán en plebiscito sobre nueva Constitución

Más de 15 millones de personas están convocados a participar este domingo en el plebiscito para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución chilena.

De acuerdo al Servicio Electoral de Chile (Servel) un total de 15.076.690 de personas están habilitadas para emitir su voto en el país, mientras que 97.239 lo harán en el extranjero.

La participación en la consulta sobre la aprobación o no de la nueva carta magna es obligatoria so pena de una multa máxima de 180.000 pesos (unos 200 dólares).

La autoridad electoral chilena establece que, luego de la instalación de las mesas receptoras de sufragios, el proceso debe iniciar a las 08H00 y finalizará a las 18H00 (hora local). 

Sin embargo, el Servel precisó que al momento del cierre,existieran electores al exterior de los locales de votación esperando a sufragar, se les deberá permitir emitir su voto.

Al momento de la votación cada elector tendrá una papeleta con la pregunta "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?".

Expertos esperan la participación de más de 11 millones de personas en el plebiscito constitucional, superando los 8.3 millones que votaron en diciembre, cuando el izquierdista Gabriel Boric ganó la elección presidencial.

A horas de iniciar la consulta popular sobre la nueva Carta Magna, el presidente Gabriel Boric indicó que confía "en la sabiduría del pueblo de Chile" y llamó a la ciudadanía a participar y a tener "confianza en las instituciones".

En caso de ganar la opción del Apruebo, el presidente Gabriel Boric deberá convocar al Congreso pleno con el fin de que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la nueva Constitución. 

De ganar  la opción que rechaza el texto de la nueva Constitución, continuará vigente la actual Carta Magna en el país.

La nueva carta magna surgida de la Convención Constitucional consagra un "Estado social de derechos", en respuesta a reclamos expresados en las masivas manifestaciones sociales de octubre de 2019.

El proyecto constitucional establece también un nuevo catálogo de derechos sociales en salud, educación y pensiones, con un marcado énfasis medioambiental y de protección de nuevos derechos.