Autopsias: 30 de 49 manifestantes en Perú murieron a tiros

La leyenda se repite en mayúsculas: PROYECTIL POR ARMA DE FUEGO.

Aunque en algunas páginas se limitan a poner las iniciales PAF, ese es el diagnóstico de muerte en las autopsias de 30 manifestantes fallecidos, más de la mitad de los 49 civiles caídos en enfrentamientos con la fuerza pública en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú entre diciembre y febrero.

The Associated Press revisó los informes forenses de 32 de las víctimas por enfrentamientos con las fuerzas del orden y, salvo en dos casos, todos atribuyen las muertes a esa frase o esas iniciales, lo que apunta al uso de armas letales en la contención de las protestas.

Las necropsias detallan los daños causados por los impactos y tres de ellas también dan cuenta de los calibres de las balas, dado que aún se encontraban en los cuerpos. Coinciden con las que utilizan las armas de las fuerzas de seguridad peruanas, como los fusiles AKM con calibre 7.62 mm y las pistolas 9mm Beretta y Sauer, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso la AP que enlista las armas disponibles en una comisaría de Juliaca.

Esto, según expertos consultados, apunta a que policías y soldados que reprimieron las manifestaciones incurrieron en uso excesivo de la fuerza y fueron en contra de sus manuales de operación que prohíben disparar directamente contra los manifestantes, salvo en el caso extremo de seria amenaza para su vida.

El gobierno ha negado abusos, pero organismos internacionales —como el alto comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— han iniciado sus propias revisiones sobre el uso desproporcionado de la fuerza. En videos de las manifestaciones en las principales ciudades de Perú, policías y soldados fueron captados en distintos momentos mientras apuntan y disparan contra los manifestantes.

Las autopsias, de una de decena de páginas cada una, van acompañadas de algunas imágenes que refuerzan la idea del daño que causan las balas de alto calibre. Se realizaron por el Instituto de Medicina Legal, en los hospitales de Andahuaylas, de Ayacucho y en el Carlos Monge Medrano, de Juliaca, los tres en el sur de Perú y en donde se registraron las manifestaciones con más víctimas.

Cada necropsia abunda en el tipo de herida que causó la muerte. Por ejemplo, Roger Rolando Cayo Sacaca, manifestante de 25 años, falleció el 9 de enero en Juliaca como resultado de una “herida ocular penetrante por disparo de arma de fuego a larga distancia produciendo hemorragia cerebral y edema cerebral”. El parte forense adjunta una fotografía del interior de su cabeza e indica que el proyectil era tipo perdigón.

El cuerpo de Crhistian Armando Mamani Hancco, músico de 22 años presentaba “orificio de entrada y de salida de PAF” y, según su autopsia, el proyectil, que ya no se encontraba en el cuerpo lo que impide conocer el calibre, “atraviesa espacio intercostal izquierdo, lacera vísceras (ambos pulmones, pericardio, mediastino) y vasos torácicos”. Dejó un orificio de entrada de 1,5 x 1 centímetros. Fue otra de las víctimas de las protestas en Juliaca del 9 de enero.

Algunos menores también fueron víctimas.

En la misma jornada, un proyectil de calibre 7,62 milímetros perforó la pared toráxica, pulmón izquierdo, diafragma e hígado de un escolar de 16 años, “alojándose el proyectil en el hemiabdomen derecho”, según la autopsia.

La necropsia a una universitaria de 17 años revela que recibió, también en Juliaca el 9 de enero, un “proyectil de calibre de 9MM Parabellum con encamisado de color cobrizo” que le condujo a una muerte por “laceración de grandes vasos de cavidad abdominal posterior”.

En Ayacucho, el 15 de diciembre, otro adolescente de 15 años recibió un proyectil que entró por “la región escapular derecha, a 9,5 centímetros de la línea media posterior” y salió por la “región anterior del brazo izquierdo”.

En los tres episodios con más víctimas —Juliaca (9 de enero), Ayacucho (15 de diciembre de 2022) y Andahuaylas (11 y 12 de diciembre)—, las letras PAF o la leyenda PROYECTIL POR ARMA DE FUEGO aparecen repetidamente en las autopsias.

La AP contabilizó que de los 18 manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía en Juliaca, todos fallecieron por arma de fuego. Además, uno de ellos, presentaba hasta tres disparos: dos en el tórax y uno en la cabeza; otro tenía 72 perdigones en la espalda que le destrozaron los pulmones y el corazón.

Las 10 víctimas en Ayacucho también cayeron por impacto de bala: tres en el abdomen, seis en el tórax y uno en el cráneo. De los cinco fallecidos de Andahuaylas, al menos dos murieron por disparos en el tórax.

En Lima, adonde llegaron las protestas a finales de enero, murió una persona. Fue un albañil que recibió un golpe en la cabeza por objeto contundente que le causó un traumatismo craneoencefálico severo y fractura craneal. Su familia lo atribuye a una lata de gas lacrimógeno disparada por un agente.

Los parientes de Víctor Santisteban, de 55 años, no han recibido respuesta de las autoridades un mes y medio después de lo que ellos consideran un asesinato a manos de la policía.

La última imagen que tienen de él es la que han visto en 11 vídeos de seguridad que registraron cómo el hombre se desplomó al suelo tras recibir un golpe en la cabeza y su sangre formó un charco en el suelo junto a la caja de zapatos que llevaba. Fue el 28 de enero; el 31 lo enterraron.

“Ni una palabra, ni un papel”, reprocha su hermana Elizabeth Santisteban.

La familia cree que le golpeó una bomba lacrimógena porque en las grabaciones revisadas en la fiscalía se ve salir un fogonazo de la escopeta de un agente y luego una lata a los pies de la víctima que echaba humo. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, dijo en su momento en televisión que fue una “piedra”.

Los análisis forenses solo indican la causa de la muerte, no el objeto que la provocó.

La muerte de Víctor Santisteban tiene en común con los otros 47 civiles fallecidos en enfrentamientos con la fuerza pública durante las protestas que aún está impune.

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