Colombia: Duque incita a la guerra

Más preocupado por contribuir al derrocamiento del Gobierno Bolivariano de Venezuela y desatendido de una población indígena que se muere de hambre y sed, el presidente Iván Duque dedica grandes esfuerzos a tratar de revertir el voto parlamentario que le impide eliminar imprescindibles decisiones sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el anterior gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Los testaferros de Duque han estado ofreciendo grandes sumas de dinero a varios parlamentarios para que se vuelva a abordar el tema, mientras su padrino, el reaccionario expresidente Álvaro Uribe, clama “consideración” a los esfuerzos de su ahijado para, según él, hacer que el convenio sea realmente fructífero.

Mientras en gran parte de Colombia se suceden manifestaciones contra el intento de Duque de tergiversar el convenio, no pasa un día sin que se reporten asesinatos de líderes sociales, sindicales e indígenas a manos de las fuerzas paramilitares que, a su vez, son protegidas por el ejército.

A ello se agrega que la cifra de muertes de ex combatientes de las FARC pasa de 160, sin contar que algunos han desaparecido y se presume su trágico final, porque las autoridades no hacen nada al respecto.

Pero de esto se habla poco en los medios y sí bastante de la decisión de Duque de pedir enmiendas a la norma estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP), creada tras la firma del acuerdo de desarme con la guerrilla de las FARC para tratar los crímenes relacionados con el conflicto armado.

Nada nuevo

"Nunca los vamos a convencer", afirmó Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz en Colombia, sobre quienes no creen en el acuerdo con las FARC.

Y es que estos reparos, Duque ya los había hecho públicos antes de ser presidente. Es por eso que cabe cuestionarse por qué ha causado tanto revuelo la situación y por qué se ha llegado a decir que Duque puede "dejar morir la paz".

La propia JEP se define a sí misma como "el componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC".

Es decir, es una jurisdicción paralela que debe juzgar a ex guerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles vinculados a delitos relacionados con la guerra de más de medio siglo que culminó nominalmente con la firma del acuerdo de paz del 1 de noviembre del 2016.

Aquellos que son y serán juzgados en la JEP pueden acceder a penas menores que los que impone la justicia ordinaria, siempre y cuando reconozcan su culpabilidad y cumplan otras condiciones como entrega de bienes y de información. Además se benefician con la garantía de no ser extraditados. Estos dos elementos, las penas reducidas y la no extradición, fueron los más combatidos por los detractores del acuerdo de paz.

Por su parte, las principales autoridades de esta instancia especial señalan que centran su trabajo en reparar a las víctimas, la búsqueda de la verdad y que la paz sea duradera.

La JEP comenzó a funcionar en los primeros meses del 2018, aunque solo siete casos se han abierto hasta hace unos días.

El primero, denominado 001, está relacionado con secuestros y retenciones ilegales perpetradas por las FARC. El 003, por ejemplo, investiga los "falsos positivos", un escándalo que estremeció a Colombia hace una década, cuando se descubrió que jóvenes fueron asesinados para después ser presentados como guerrilleros dados de baja.

El séptimo y último que ha sido abierto versa sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas durante la guerra.

Hasta ahora se han tomado decenas de declaraciones en los casos abiertos y miles de exguerrilleros, militares y agentes del Estado han aceptado someterse a la justicia especial.

Pero Duque, taimadamente, quiere eliminar seis puntos de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP, siendo los más controversiales los referidos a la reparación económica de las víctimas y a la extradición.

En la primera objeción, pide que los condenados sean los que realicen la reparación "con sus bienes y activos", algo que en su criterio no está especificado, porque la ley se limita a señalar "reparación integral".

Uno de los puntos más álgidos es el relacionado con la extradición. Duque rechaza que la JEP tenga la potestad de decidir cuándo procede o no extraditar a una persona juzgada en los tribunales especiales.

El mandatario sostiene que congelar las posibles extradiciones que puedan resultar de investigaciones internacionales hará que Colombia incumpla acuerdos con la comunidad internacional en materia de lucha contra el crimen, y sostiene que estas acciones conjuntas entre países deben mantenerse.

Este tema tiene mayor notoriedad dado que un excomandante de las FARC, Jesús Santrich, se encuentra detenido y con un pedido de extradición en suspenso por haberse sometido a la justicia especial.

En criterio de Jaime Córdoba, miembro del colectivo académico iusDigna, "la falta de vigencia de la ley estatutaria priva al país de un marco claro y definido y dificulta la justicia para la paz".

"La decisión de objetar puede minar la confianza de los ex combatientes que buscan la reincorporación y de la comunidad internacional sobre la implementación del acuerdo de paz", añade el experto.

Por su parte, Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, afirma que lo que hizo Duque son "objeciones inconstitucionales y fuera de lugar", pero señala que ese no es el mayor problema.

"Estamos ante un desacato presidencial de un fallo de la Corte Constitucional, un desconocimiento del tribunal de cierre. Una barbaridad", afirmó en una entrevista con el diario colombiano El Espectador.

Jaramillo opina que Duque "se quitó la máscara y se entregó a los extremistas de su partido", y señaló:

"Ahora se muestra como un hombre dispuesto a dejar morir la paz sin pestañear y a fracturar el estado de derecho desde la Presidencia".

Para Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe del ahora partido FARC, las observaciones a la ley son una "incitación a la guerra".