Piñera, más impopular, celebra a Pinochet

Hace apenas unas horas, en Tanta traición en septiembre, en este portal, señalaba que entre los actos abominables ocurridos en ese mes se encuentra el golpe de Estado contra el gobierno progresista de Salvador Allende, hace 45 años, que el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, se apresta a recordar, echando a un lado lo que consideró sutilezas en las violaciones de los derechos humanos, haciendo responsable al mandatario asesinado del complot tramado por la CIA y ejecutado por los militares fascistas chilenos encabezados por Augusto Pinochet.

Precisamente, la victoria de Piñera en los más recientes comicios fue celebrada por ardorosos partidarios que coreaban «Chi, Chi, Chi; le, le, le; Viva Chile y Pinochet», en tanto el flamante mandatario se aprestaba a eliminar las pocas medidas progresistas logradas por su predecesora, Michelle Bachelet.

A tan solo dos semanas del traspaso de mando, tres anuncios sentaron las bases de los retrocesos por venir:

La modificación al reglamento para la aplicación de la ley de aborto en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de muerte materna). La modificación consiste en la eliminación del artículo que impedía que las instituciones que se declararan objetoras de conciencia mantuvieran convenios con el Estado. Esta modificación asegura, entre otras cosas, la posibilidad de que el Estado realice transacciones comerciales con instituciones como la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile —que funciona en asociación con Christus Health-i y que se traduce en jugosas ganancias para la derecha. Más allá de facilitar la objeción de conciencia (que se puede presentar por instituciones completas, a diferencia de otros países en los que la objeción es una opción meramente individual), esta decisión busca la no afectación económica del sistema privado de salud.

El decreto de inconstitucionalidad del artículo 63 de la ley que reforma la educación superior y que prohíbe la presencia de personas jurídicas que persigan fines de lucro en directorios de universidades privadas. El mensaje es claro y no amerita mayor explicación: la educación seguirá siendo un negocio rentable en Chile.

El 1 de abril el presidente manifestó su postura ante la Ley de Identidad de Género que ya se encontraba en trámites dentro del Congreso. Unos días después el Ministro de la Secretaria General de la Presidencia declararía que se otorgaría prioridad a 12 iniciativas consideradas con carácter de urgencia, entre las que no se incluía la Ley de Identidad, que había representado una fractura en el interior del oficialismo, especialmente en cuanto al derecho de los menores de edad.

Entrando a la segunda quincena de gobierno, se presentó la modificación de la Ley de migraciones, que contempla nuevas regulaciones para «combatir el tráfico de migrantes» y la revisión de la situación de los extranjeros en el país, con regulaciones especiales para ciudadanos haitianos y venezolanos. Además, simplifica el proceso de expulsión para quienes se considere hayan infringido la Ley Migratoria.

La ley facilita la migración de venezolanos, con una «visa de responsabilidad democrática», una acción que reafirma el enfrentamiento que Piñera ha planteado con Venezuela. Así, no reconoció los resultados de los comicios del 20 de mayo, y suspendió la participación de Chile en la Unasur, argumentando que «no conduce a nada, no ayuda a la integración y no es capaz de resolver los temas relacionados con la región».

Unos días después, en medio de un escándalo ocasionado por la decisión del presidente de nombrar como embajador en Buenos Aires a su hermano (polémica que concluyó en el retiro de la designación), Piñera realizó su primera visita oficial como presidente. El país elegido: Argentina. En una declaración conjunta desde la Casa Rosada, ambos mandatarios anunciaron que buscarán liberalizar el comercio entre Argentina y Chile. El segundo país elegido para esta primera gira fue nada menos que Brasil —en una apuesta por legitimar el Gobierno de Temer—, con el que acordó avanzar en un tratado de libre comercio.

Además, la decisión de nombrar como responsable del Ministerio de Educación a un frontal opositor a la gratuidad educativa reactivó al movimiento estudiantil, que convocó a una protesta que tuvo más de 200 000 asistentes y que terminó con violentos episodios de represión. También se han movilizado trabajadores —en contra de las precarias condiciones laborales que ofrece el Estado chileno—, organizaciones sociales —enfrentadas al sistema privado de pensiones— y comunidades campesinas y pueblos originarios en contra de la privatización del agua.

El pasado 1° de Mayo cerró entonces con una masiva movilización en contra de un Gobierno con manifiesta afinidad hacia la extrema derecha, como quedo claro tras la decisión de incluir a personajes abiertamente pinochetistas en su cartera de Gobierno, que han coadyuvado a elevar aún más la pobreza en el país y la enorme desigualdad que el propio Piñera tuvo que reconocer.

Apenas han paso siete meses de su nueva etapa presidencial, suficientes para seguir entregando las riquezas del país a trasnacionales y la oligarquía nacional, en la que está enquistado.

Mucho habrá que escribir aún de este personaje y de sus andanzas en la consecución del plan imperialista de entronizar regímenes de derecha en Latinoamérica, previa expulsión o desintegración, por cualquier vía, de gobiernos progresistas.