Cuba: La obligación de dar respuesta

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Cuba: La obligación de dar respuesta
Fecha de publicación: 
12 Julio 2018
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No es un favor, no es pura cortesía, no es una opción: todas las instituciones demandadas, todos los entes estatales y públicos cuestionados por la ciudadanía tienen que responder, ofrecer explicaciones, plantear posibles soluciones, aclarar malentendidos, enfrentar las insuficiencias que originaron las quejas.

No es una elección, es una obligación. Está refrendada en el entramado legal del país. Aunque tantos funcionarios y hasta organismos, al parecer, lo ignoren. En todos los niveles: desde el municipio hasta la nación.

Leer las secciones de correspondencia de los periódicos nacionales puede resultar un ejercicio desalentador: ¿Por qué suceden ciertas cosas? ¿Por qué se repiten una y otra vez las mismas situaciones? Y algo que no debería escapar de la vista: ¿Por qué la gente, ante problemas que muy bien pudieran resolverse en la misma instancia en que se produjeron, tiene la necesidad de acudir a la prensa?

La respuesta es simple y preocupante: las entidades no responden como debieran, esperan la socialización de las quejas para atenderlas. No responden en el momento en que deberían, sino cuando son emplazadas por los medios de comunicación.

Y a veces ni cuando son emplazadas: ¿cuántas veces se han quedado los periodistas (y por supuesto, los afectados) esperando una respuesta que no llega?

No es que (en teoría) falten espacios para la atención a los planteamientos, el trámite de quejas, el debate entre los ciudadanos y las instituciones… No faltan, pero no son aprovechados cabalmente. A veces por desconocimiento (está claro que parte de la ciudadanía no tiene noción de la naturaleza de sus derechos), a veces por resignación (¿para qué lo voy a hacer, si no se va a resolver nada?), a veces por falta de gestión, a veces por pura indolencia del que debe atender.

Muchos se escudan en la fórmula más simple: «No respondemos porque no hay respuesta; es imposible encontrar solución a lo planteado».

Al obrar así, se violenta el derecho a ser atendido, y el deber de ofrecer explicaciones, si en verdad no hay soluciones contundentes a los planteamientos. La ley establece las vías. En la práctica pueden estar cerradas.

Puede que, en efecto, un ciudadano no quede conforme con la respuesta a sus reclamos. Tiene todo el derecho de apelar a instancias superiores. Pero lo que resulta ilógico (y es lo lógico para muchos, a juzgar por la cantidad de veces que sucede) es que «de arriba» orienten a los «de abajo» resolver un problema que no debió haber llegado a las más altas instancias… porque había capacidad para solucionarlo donde inicialmente fue planteado.

Al final se ha cerrado el círculo vicioso: hay gente que no acude a las primeras instancias porque están convencidos de que eso será puro e ineficaz trámite.

Ninguna sociedad puede evitar contradicciones, por más humanistas que sean sus presupuestos. La madurez de una sociedad estriba en la capacidad de lidiar con ellas sin afectar el equilibrio entre sus factores. Fácil es plantearlo; complejo, concretarlo. Pero el primer paso es que todos asuman sus responsabilidades: los ciudadanos y las instituciones, que, de hecho, están integradas por ciudadanos.

Porque aquí la mítica serpiente vuelve a morderse la cola. Los que maltratan, es muy posible que hayan sido, a su vez, maltratados.

Responder una queja, atender al que demanda, escuchar y ofrecer razones… tienen una dimensión práctica y funcional, pero también son un posicionamiento ético. Y en el socialismo la actitud ética tiene que sustentar el ejercicio práctico.

La justicia no puede estar confinada a un papel. Deber ser valor de todos los días.

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