En la última andanada de la batalla sobre las listas de votantes en Florida, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una carta en la que declara que tomará medidas legales contra el estado por violaciones de las leyes de derechos de voto.

"Debido a que el estado ha indicado su renuencia a cumplir con estos requisitos, he autorizado el inicio de una acción en contra de Florida en una corte federal", escribió el fiscal general adjunto de Derechos Civiles, Tomás Pérez.

La demanda se produce después de que el Departamento cuestionó la legalidad de una purga de votantes meses antes de la elección presidencial del 2012, en la cual Florida jugará un papel clave.

El anuncio de la eliminación de votantes no elegibles se inició después de que el gobernador republicano del estado, Rick Scott, presionó para que fueran identificados los ciudadanos no estadounidenses que se habían inscrito para votar ilegalmente.

Con información del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida, el estado identificó más de 100,000 nombres de votantes que podrían estar en las listas de manera ilegal.

Los críticos dicen que el plan se enfoca injustamente en las minorías, y lo calificaron de un intento de disuadir a los votantes demócratas que suelen ir a las urnas.

Mientras que el Departamento de Justicia señaló que los estados pueden remover legalmente a los votantes no admisibles de las listas, la carta de este lunes sostiene que el programa de Florida no cumple con las normas legales tiene "imperfecciones críticas, que conducen a errores que pueden perjudicar a votantes elegibles".

La carta afirma que el programa de Florida utilizó de forma errónea información recopilada a partir de viejas solicitudes de licencias de conducir.

"La información a menudo es obsoleta, ya que un número de personas posteriormente podrían haberse convertido en ciudadanos y estar legalmente registrados para votar", resaltó el fiscal.

Pérez sugiere que el proceso de eliminación ha estado ocurriendo durante un "período de 90 días" antes de las elecciones primarias del 14 de agosto.

"Por favor, pongan fin inmediatamente a esta conducta ilícita", solicita en la carta.

Tres de los mayores condados del estado —Miami-Dade, Broward y Palm Beach— acordaron la semana pasada para poner fin a la eliminación de los nombres. El asesor jurídico de las autoridades electorales recomendó detener la purga de los nombres hasta que el estado responda a la evaluación jurídica del gobierno federal.

El secretario de estado de Florida, el republicano Ken Detzner, ya ha defendido la práctica del estado, al criticar al gobierno federal por restringir el acceso a bases de datos federales de ciudadanía y asegurar que dicha limitación es ilegal.