Honduras: El silencio de los depredadores
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Al igual que el Tribunal Supremo Electoral pospone el conteo final de los votos que marcaron hasta este domingo el fraude electoral a favor del ilegal candidato oficial, el presidente Orlando Hernández, del Partido Nacional, quien se postuló, violando la prohibición al respecto de la Constitución, Estados Unidos y la Unión Europea guardan silencio ante lo sucedido en la nación centroamericana y los principales medios de prensa no reflejan ni una línea de lo que está ocurriendo: una represión militar contra las manifestaciones de protesta de la oposición, que ha costado muertos, heridos y detenidos, en medio de un toque de queda constantemente violado.
Tres años estuvieron las huestes gubernamentales preparando el fraude, con el fin de dar un ropaje democrático a la dictadura, entronizada desde el 2009, tal como exigió el anterior gobierno norteamericano de Barack Obama, al tiempo que el actual de Donald Trump no estaba muy conforme con un oficialismo en el que se movían personajes comprometidos en el tráfico de drogas. Pero la Casa Blanca accedió a otorgar cerca de 300 millones de dólares para que sus muchachos de Tegucigalpa hicieran un fraude lo mejor posible, eliminando el intento de institucionalización y regreso a la normalidad que pretendía el candidato Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura.
Ante la magnitud del fraude electoral, subrayo, los depredadores del pueblo, internos y externos, utilizan y santifican la represión, pero no han podido impedir que trascienda.
Realmente, era un golpe electoral anunciado, lo cual llevaría a Honduras al borde del abismo en el que ya ha caído varias veces, debido a los regímenes inescrupulosos que han detentado allí el poder.
Estados Unidos no puede dejar la gigantesca base que tiene en Palmerola, desde donde ha dirigido intentos contrarrevolucionarios, incluso contra Cuba, y penetrado con agentes secretos diversas esferas de la vida nacional venezolana, como ahora se acaba de demostrar en la del petróleo.
Cierto que el pueblo se encuentra enardecido ante el descaro gubernamental y la manipulación de actas por un Tribunal Supremo Electoral en el que ser afirma hay elementos fuertemente ligados al narcotráfico e incluso temen ser extraditados a Estados Unidos, país que mantiene una posición ambigua, porque por un lado castiga fuertemente a los latinoamericanos, pero no interroga ni detiene a los norteamericanos que se llevan la parte gorda del sucio negocio.
Hace algún tiempo se hablaba del poder que ejercían los latifundistas en el centro de Honduras, pero ahora se confirmó el de los narcotraficantes en el oeste y norte, zona esta donde se encuentran fuertemente establecidas compañías mineras que no cumplen leyes ni les interesa, tal es su dominio.
SUBSISTIR, ESE ES EL PROBLEMA
Y todo sucede en lo que ya se conoce es una de las naciones más violentas del mundo, donde la pobreza afecta a casi el 58% de su población, por lo que muchos se ven obligados a vender su voto y callar ante lo mal hecho, si desea subsistir.
Recordemos que el declive brutal en materia de derechos humanos y gobernabilidad se inició con el golpe de Estado de hace ocho años, cuando fue defenestrado Manuel Zelaya, dando lugar desde ese momento al colapso de la incipiente democracia hondureña, la cual siempre ha estado supeditada al poder militar y, por supuesto, a las órdenes de la embajada estadounidense.
Con el apoyo de las “fuerzas vivas” de la comunidad internacional, las elecciones espurias realizadas en noviembre de 2009, con la participación casi exclusiva del Partido Nacional, fueron coronadas por el Tribunal Supremo Electoral, el cual refrendo el poder de Porfirio Lobo, quien dio rienda suelta al laboratorio político-social en que se convirtió Honduras, además de centro de operaciones de los carteles de narcotráfico en Centroamérica.
La costa norte de Honduras, como mencionamos, pasó a ser controlada por el crimen organizado que se apropió además del aparato político, del sistema judicial y de seguridad. Los hechos son descritos de forma detallada en los prontuarios de la Corte Sur de Nueva York, donde fue condenado el hijo del ex presidente Lobo y otros funcionarios más afiliados al partido de gobierno.
Pero al mismo tempo que se entrega Honduras a los carteles de la droga, apareció el profeta de la macroeconomía Paul Romer con la receta del siglo XXI, denominada ciudades modelo, una variante de las zonas económicas especiales con el aditamento de la tercerización de la justicia y seguridad. La receta de Romer causó un golpe de Estado en Madagascar como rechazo de la entrega de la isla a la empresa DAEWOO, filial de la metalúrgica coreana POSCO.
Las ciudades modelo fueron declaradas inconstitucionales en octubre de 2012 por la Corte Constitucional, dando lugar a un golpe a dicha corte en diciembre del mismo año, dirigido desde el Congreso Nacional, que en ese momento era feudo del actual mandatario Juan Orlando Hernández.
La defenestración de la Corte se prestó para incrustar nuevos magistrados afines al régimen, quienes permitieron posteriormente deshacerse de los artículos pétreos que prohibían la reelección presidencial.
La ilegalidad tanto del golpe a la Corte Constitucional y la derogación de los artículos de la constitución que impedían la reelección, forman parte de la distorsión jurídica que empaña el mandato del actual régimen y del proceso de reelección emprendido por Hernández, quien encabeza un “pucherazo” contra una oposición que solo cuenta con el apoyo de un pueblo armado con la razón, pienso que aún insuficiente por el tipo de enemigo al que se enfrenta.
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