Referendo catalán: Voto por la independencia

Referendo catalán: Voto por la independencia
Fecha de publicación: 
2 Octubre 2017
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Pese a hacerse efectiva la anunciada represión dictada por el gobierno español de Mariano Rajoy, el 90% de cerca del 65% del electorado que pudo hacer su voto efectivo escogió el camino de la independencia en el referendo efectuado este domingo en Cataluña, cuyas autoridades tratarán de hacer efectiva, a pesar de ser declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia.

Detención de algunos de sus principales líderes, unos mil heridos y la ocupación de 322 centros electorales por la Guardia Civil no pudieron impedir que más de un millón de personas manifestaran pacíficamente en las calles, durmieran en muchos lugares escogidos para ejercer el sufragio, y algunos de los elementos que debían reprimir mostraran aquiescencia hacia el gesto independentista.

En este contexto se encontraban los bomberos, quienes se interpusieron entre los manifestantes y las fuerzas policiales que trataban de dispersarlos frente a los centros de votación.

Las autoridades catalanas anunciaron que elevarán una denuncia contra el gobierno por la fuerza bruta usada contra el pueblo, en tanto el presidente Rajoy declaraba que hizo lo que tenía que ser hecho, y apelará a la Constitución para anular el resultado de la consulta.

Reportes de prensa llegados desde Barcelona y otras urbes catalanas informaron que las escuelas, centros sanitarios, pabellones y locales municipales habilitados por el Govern para la consulta abrieron a las nueve de la mañana gracias a las largas colas de ciudadanos que, durante toda la noche, ocuparon y durmieron en los centros para impedir su desalojo, como dijimos. A las cinco de la madrugada comenzaron a llegar urnas y papeletas a los colegios. Los Mossos d'Esquadra, agentes policiales locales, acudieron a las escuelas a partir de las seis, cuando se cumplía el plazo otorgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que intervinieran.

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Según la Generalitat, el gobierno estadual, abrió el 96% de las mesas electorales. La policía catalana levantaba acta y se iba en la mayoría de los centros, aunque hasta las 9:30 habían cerrado 90 puntos de votación con la incautación de urnas.

El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, informó a los catalanes, pocos minutos antes de la apertura de urnas, a las 9:00, que podrían votar en cualquier colegio, gracias a un sistema informático de censo universal. La Guardia Civil bloqueó parte de la aplicación que daba acceso al censo y limitó el acceso a Internet en varios colegios. Ante este impedimento, en algunas escuelas se anotó a mano a quienes lograban llegar hasta las urnas.

Entre los agredidos por las actuaciones policiales está la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, quien ha explicado: «Me han estirado, arrastrado, y me han dado algunos golpes».

También hubo tensión en varios momentos entre la Guardia Civil y la Policía Nacional con los Mossos, que en algunos casos mantuvieron una actitud pasiva frente a la orden de cerrar los centros de votación.

En una declaración institucional posterior al cierre de las urnas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responsabilizó al Govern catalán de los incidentes registrados, y anunció que comparecerá voluntariamente en el Congreso para debatir sobre el desafío independentista. También convocará a todos los partidos (incluidos los nacionalistas) para afrontar juntos las consecuencias de la consulta.

A las 10:30 de la noche, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareció junto a todos los consejeros del Govern para afirmar que trasladará al Parlament el resultado, lo que abre el camino a una declaración unilateral de independencia. «La situación que se ha generado en Cataluña es un asunto europeo. Hoy Cataluña ha ganado muchos referendos, hoy millones de personas movilizadas habéis hablado alto y claro: tenemos derecho a decidir nuestro futuro, queremos vivir en paz, fuera de un Estado que impone y usa la fuerza bruta», expresó.

«Podemos intuir que esta noche nos podremos contar por millones», había dicho por la tarde el portavoz del Govern, Jordi Turull. «Lo que está haciendo la policía es un auténtico escándalo, una salvajada. El Estado español se ha situado en una situación muy compleja ante el mundo. El día y el recuento serán largos», añadió. El consejero de Exteriores, Raül Romeva, ha afirmado que buscará contactos con los estados miembros de la Unión Europea para que el Consejo Europeo sancione a España.

Otra de las personalidades de la política catalana que también ha hablado ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien calificó de cobarde a Rajoy, por inundar de policías la capital catalana. «Barcelona, ciutat de pau, no té por» (Barcelona, ciudad de paz, no tiene miedo), afirmó.

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Mentas tanto, en Madrid, el jefe del socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, reclamó a Rajoy la apertura de un diálogo político con la Generalitat, horas después de haberle trasladado en una conversación privada el malestar del partido «por como está transcurriendo la jornada y la imagen que estamos dando en el exterior», y el dirigente de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, pidió el cese de las cargas policiales porque, para él, no hay referendo, sino «simulacro de votación», por lo que no era necesaria tanta brutalidad.

A su vez, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pidió la dimisión de Rajoy y urgió al PSOE a que rompa su apoyo al gobierno, porque en Cataluña «se está arremetiendo contra la libertad de expresión, el derecho de reunión y libertad de información».

Desde el derechista Ciudadanos, Albert Rivera se mostró consternado por los acontecimientos en Cataluña. «Lo que he vivido hoy no quiero volver a vivirlo en mi vida», declaró, y arremetió contra lo que calificó de nacionalismo y populismo, al considerarlos «grandes peligros para los cimientos de Europa».

También ha habido políticos del escenario internacional que han criticado la labor del Gobierno en Cataluña. Por ejemplo, el líder laborista en Gran Bretaña, Jeremy Corbyn, urgió a la primera ministra, Theresa May, a que pida a Mariano Rajoy que ponga fin a la violencia en Cataluña y encuentre una solución política a la crisis institucional.

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Ante la situación en Cataluña, la junta directiva del FC Barcelona decidió, tras la negativa de la Liga a aplazar el cotejo de este domingo ante la UD Las Palmas en el Camp Nou, que el encuentro se jugase sin público. Las federaciones catalanas de fútbol y de baloncesto suspendieron todos los partidos de las competiciones, y los teatros hicieron lo mismo con sus funciones del domingo, por la «indigna situación vivida en nuestro país».

Los partidarios de la independencia dicen que Cataluña tiene su propia lengua y cultura, es una nación, y que como tal se les debe permitir tener su propio Estado. También dicen que es una de las regiones autónomas más ricas de España, pero que sus ciudadanos no disfrutan esta condición, porque está transfiriendo un exceso de su recaudación fiscal, y no confían en la integridad del gobierno actual, envuelto constantemente en escándalos de corrupción.

A su vez, Rajoy considera que la consulta viola la Constitución de 1978, que establece que España es indivisible, por lo cual el Tribunal Constitucional ordenó su suspensión. El último recurso sería aplicar el artículo 155 de la Constitución, que otorga a Madrid el poder de suspender la autoridad del Gobierno regional.

El gobierno catalán informó que el Parlamento local declarará unilateralmente la independencia en las 48 horas posteriores a la victoria del Sí; redactará una nueva Constitución y levantará las estructuras del nuevo Estado.

Analistas políticos y la mayoría de los políticos estimaron que el enfrentamiento podría haberse evitado si Rajoy hubiera accedido a un diálogo renovado entre las autoridades catalanas y españolas, con el fin de conducir a un mejor trato fiscal y un mayor gasto en infraestructuras para la región. Muchos, incluso representantes del Gobierno central, admitieron que también sería necesaria una reforma constitucional amplia que incluyera artículos específicos para proteger la lengua y la cultura catalanas, y que esta sea aprobada mediante un referendo pactado a escala nacional.

Lo cierto es que España está sumida en una de sus mayores crisis políticas en décadas, e independientemente de la actuación de la fuerza pública, se presumía el triunfo del Sí independentista. Ahora habrá que esperar acontecimientos que se tornan muy difíciles.

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