Ley 959 de la Florida: Camino al sepulcro

Una encendida polémica convulsiona al estado de la Florida en torno a la titulada ley 959, expresión de un grotesco desprecio a las facultades del Congreso de Washington, e incluso del Presidente de Estados Unidos.

Tal legislación prohíbe llevar a cabo transacciones con empresas extranjeras que mantengan relaciones con Cuba y Siria, naciones a las que valora como represivas.

La supuesta ley fue rubricada el martes por el gobernador, Rick Scott, en medio de un espectáculo al que asistieron jefes de la ultraderecha de origen cubano, funcionarios gubernamentales y portavoces del Partido Republicano.

Un comunicado del gobernador afirmó: “Estoy orgulloso de firmarla”, y aún cuando abogados me advierten que será impugnada en tribunales, “se convertirá en ley estatal el primero de julio”.

Según la prensa local “todos ovacionaron la determinación de Scott y su voluntad política de apoyar la causa contra los regímenes autoritarios”.

Un periodista de Miami, Juan Carlos Chávez, recordó que normas y leyes federales constituyen la única vía establecida para hacer legales los asuntos de comercio exterior del país.

De pronto comenzó a estropearse el festejo por la firma del proyecto que glorificó la derecha “dura” de la comunidad de origen cubano.

Fue cuando el gobernador Scott aclaró algo que ocultó durante el referido acontecimiento: la ley será una realidad luego que reciba el aval de Washington, porque, de lo contrario, no lo sería.

En Miami trascendió públicamente que este hombre del neonazi Tea Party cumplió instrucciones llegadas a través del congresista republicano Mayito Díaz-Balart.

Uno de los auspiciadores del proyecto de ley, el senador René García, reveló al periódico The Miami Herald que poco antes de la firma de Rick Scott escuchó una conversación entre él y Mayito sobre los términos de la legislación. 

El periodista Juan Carlos Chávez comentó que, al parecer, el gobernador interpretó las palabras de este último “como una indicación de que no debía mencionar el tema en su discurso oficial”, tal como hizo.

Hubo un pronunciamiento muy significativo que corrió a cargo de la jefa del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, quien llegó a decir que la nueva legislación “no viola ningún reglamento constitucional.”

Le siguió en turno un legislador floridano acorralado por hechos de corrupción, David Rivera, el cual amenazó con llevar a Scott ante los tribunales si no garantiza echar adelante la ley.

Días antes, el principal abogado de Miami-Dade, Robert Cuevas, recomendó a las autoridades del condado no aplicarla porque tropieza con lo establecido por la Constitución de Estados Unidos.

Una torpe jugarreta que vuelve a escena movida por el odio y el resentimiento sin cura de Ileana, los Díaz-Balart, David Rivera, Marco Rubio y otros especimenes por el estilo que han transformado en regularidad su existencia al margen de la ley.