Queda instalada la nueva Asamblea Nacional de Venezuela

Con una votación de 109 parlamentarios a favor también quedaron instalados los diputados Enrique Márquez (Un Nuevo Tiempo) y José Calzadilla (Movimiento Progresista de Venezuela) como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.

Ramos Allup, de 73 años de edad y parlamentario desde 1980, es el presidente del partido de derecha Acción Democrática (AD), vinculado durante la denominada cuarta república con los actos represivos del Gobierno contra el pueblo, entre ellos la práctica de la desaparición forzada.

Defendió el paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional en 1989, que sumió a Venezuela en una profunda crisis económica y social, encareciendo servicios básicos como el transporte, combustible y alimentos de la canasta básica.

Esa situación produjo uno de los estallidos sociales más importantes del siglo 20 en América Latina: El Caracazo.

Asimismo, en 1992 solicitó la suspensión de las garantías constitucionales, que estipulaba medidas como la detención de cualquier ciudadano sin necesidad de orden judicial, y prohibía las libertades de expresión, reunión o manifestación.

Después de los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en las que la oposición obtuvo la mayoría, Ramos Allup se ha pronunciado abiertamente a favor de privatizar empresas medulares de la economía nacional, nacionalizadas por el Estado.

Entre esas instituciones destacan Petróleos de Venezuela S.A, la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela, la Corporación Eléctrica Nacional y la Empresa Siderúrgica del Orinoco.

Por otro lado, el dirigente de AD ha declarado su intención de derogar legislaciones como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las leyes orgánicas de Trabajo y Precios Justos, así como las comunales y de vivienda.

Igualmente, el nuevo presidente de la AN defiende la aprobación de una ley de amnistía y reconciliación para los presos políticos.
Ese instrumento legal le otorgaría la libertad a Leopoldo López, vocero de ultraderecha condenado por la justicia venezolana, luego de dirigir el plan de golpe de Estado -conocido como La Salida- que causó la muerte de 43 personas y más de 800 heridos en 2014.

También permitiría el regreso al país de venezolanos acusados por delitos similares, que huyeron hacia Estados Unidos y otras naciones del continente.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó al respecto que no sancionará ninguna ley que ponga en libertad a criminales, responsables de la muerte de cientos venezolanos.