Símbolo del horror: pese a todo, Guantánamo se resiste al cierre

Símbolo del horror: pese a todo, Guantánamo se resiste al cierre
Fecha de publicación: 
2 Septiembre 2014
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Días antes, el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, había llamado a José Mujica y lo había presionado para que aceptara reubicar a esos hombres. El presidente uruguayo se había ofrecido en enero a recibir a los presos, pero cuando Estados Unidos estuvo finalmente listo para el traslado, hace un par de meses, Mujica manifestó su preocupación, ya que le resultaba políticamente riesgoso avanzar con la medida en plena campaña.

Después de cuatro días de intensas negociaciones, el C-17 finalmente despegó sin los pasajeros.

Aunque Barack Obama se comprometió el año pasado a intensificar sus esfuerzos para cerrar el centro de detención, en lo que va del año sólo logró liberar a un prisionero de baja peligrosidad y dejó en espera a otros 79, cuyo traslado a otros países ya fue aprobado. Tampoco logró persuadir al Congreso de que levante la prohibición de trasladar a los 70 detenidos restantes, de alta peligrosidad, a una prisión en Estados Unidos.

"Falta mucho para el cierre de Guantánamo", dijo el general John Kelly, líder del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa la Fuerza de Tarea Conjunta Guantánamo. "Obviamente, el presidente está haciendo todo lo que puede. Tiene gente dedicada a buscar países que los acepten, pero tarde o temprano hará falta la intervención del Congreso" para revocar la prohibición de los traslados.

Más de 12 años después de que el gobierno de George W. Bush enviara a los primeros prisioneros a este lugar, la tensión aumenta y todos se preguntan si Obama podrá cerrar la prisión antes del final de su mandato, según revelaron más de 20 funcionarios del gobierno, el Congreso y las fuerzas militares. Y está surgiendo una fractura entre los funcionarios del Departamento de Estado, que parecen deseosos de avanzar con el cierre de la prisión, y algunos funcionarios del Pentágono, que dicen compartir el mismo anhelo, pero que parecen menos convencidos de la perspectiva de liberar a los detenidos de baja peligrosidad.

Obama dijo que Guantánamo debería cerrar debido a sus altos costos operativos -cerca de tres millones de dólares al año por cada detenido-, y porque pone en riesgo la seguridad nacional. Guantánamo se ha convertido en un símbolo antinorteamericano, por las torturas y los abusos contra los detenidos que se cometieron en el pasado.

"Cada mes cuenta", dijo Cliff Sloan, enviado del Departamento de Estado para la transferencia de detenidos. "El lapso entre hoy y fin de año es crucial, porque para avanzar en el cierre de Guantánamo primero hay que avanzar con el traslado de los detenidos."

En medio de este paisaje árido y polvoriento bajo un sol abrasador, las instalaciones de la prisión se extendieron, por más que la población de internos se achicó. En 2003, había cerca de 680 prisioneros en Camp Delta, un extenso complejo con tres unidades de bloques de celdas a cielo abierto y otra zona de literas comunes. Actualmente, los 149 detenidos restantes viven en edificios nuevos, y Camp Delta está vacío. Hacia el Norte está el complejo original, Camp X-Ray -jaulas tipo perrera que fueron usadas durante cuatro meses, en 2002, mientras era construido el complejo Delta-, ahora convertido en una prisión fantasma, invadida por la vegetación y las ratas.

A un kilómetro de la costa, escondido en las colinas, está el Camp 7, un centro de operaciones de inteligencia donde están prisioneros un grupo de sospechosos de terrorismo de alta peligrosidad, como Khalid Sheikh Mohammed, el autoproclamado cerebro de los ataques del 11 de Septiembre.

El año pasado, el Comando Sur pidió alrededor de 200 millones de dólares para reconstruir esa estructura, para mejorar las viviendas de los 2000 soldados que forman parte de la fuerza de tareas de la prisión, y para reemplazar y reparar otras instalaciones, con el argumento de que el complejo no estaba diseñado para un uso a largo plazo, y de que emparchar los edificios existentes ya no representaba una solución.

El Pentágono rechazó el pedido, pero el Congreso tal vez apruebe unos 23 millones de dólares para dos ítems de esa lista de deseos: reemplazar el edificio de la cocina y trasladar el centro médico más cerca de los Campos 5 y 6, estructuras de hormigón donde ahora viven la mayoría de los detenidos, rodeados de varios perímetros de alambre de púa.

Además, los oficiales militares de este lugar dicen estar actualizando un "mapa de ruta" presupuestario que permita construir, eventualmente, alguno de sus otros requerimientos. La idea es derivar gradualmente algunos fondos generales para construcciones militares, y no buscar la aprobación de toda la lista de necesidades a través de una ley de gastos del Congreso.

"Por lo menos, tenemos que prevenir, en caso de que este centro de detención siga abierto por dos años más, 12 años más o 22 años más, para que pueda seguir cumpliendo con su misión", dijo el contralmirante Kyle Cozad, a cargo de la fuerza de tareas de la prisión desde el mes de junio.

En los Campos 5 y 6, los detenidos están alojados según su comportamiento. Los que cumplen con las reglas de la prisión pueden vivir comunitariamente, comiendo y rezando juntos. En cada bloque de celdas viven hasta 20 detenidos, y las puertas de las celdas permanecen abiertas durante la mayor parte del día, lo que les permite a los prisioneros socializar alrededor de una mesa o en el patio. Los detenidos que viven comunitariamente tienen mínimo contacto con los guardias, pero están bajo vigilancia constante a través de cámaras de seguridad y vidrios polarizados. Los periodistas que visitaron recientemente el lugar vieron a varios hombres de largas barbas y cabello corto, en uniforme penitenciario color marrón y blanco, hablando entre ellos en un espacio abierto, mientras otros dormían la siesta en sus celdas, tapándose la cara para protegerse de las luces.

Unos pocos hombres estaban sentados en el interior en sillas blancas de plástico, mirando televisión con auriculares inalámbricos. Algunos bloques de celdas están diseñados para aquellos que quieren mirar televisión occidental o películas en DVD, mientras que hay otros preparados para quienes no quieren ver mujeres con el cuerpo descubierto.

Más tarde, varios prisioneros pusieron sus alfombras sobre el piso y rezaron en dirección a la Meca.

Desde el techo del Camp 6, los periodistas pudieron ver a dos detenidos en otro patio recreativo, conversando bajo el tórrido sol. Un puñado de detenidos está intentando cultivar menta, tomates y arvejas en las clases de horticultura que imparte un docente contratado a través de la cerca perimetral. Los hablantes de árabe o pastún también pueden tomar clases de inglés y español.

En su momento, también ofrecieron clases de habilidades sociales, en las que se enseñaba a elaborar un currículum, pero no hubo suficientes interesados, así que fueron reemplazadas por clases de manejo de Office, según relata un oficial a cargo del programa.

Mohammed y otros cuatro acusados de colaborar con los atentados del 11 de Septiembre atravesaron prolongadas audiencias previas ante la comisión militar. El fiscal en jefe, brigadier general Mark S. Martins, renovó recientemente su mandato por tres años más en un intento por llegar al final del caso. Pero, según un informe de 2010 de un grupo intergubernamental, alrededor de la mitad de los detenidos eran apenas soldados rasos.

Ese grupo de internos no violó ninguna ley y representa el grueso de los 79 elegidos para ser trasladados cuando estén dadas las condiciones de seguridad. El problema es que en su mayoría provienen de países demasiado inestables para que el Congreso habilite su traslado.

Durante 2014, los contribuyentes norteamericanos habrán gastado 443 millones de dólares en la prisión de Guantánamo, incluidos los costos de vuelo de los equipos legales que deben venir para cada audiencia frente a la comisión. El alojamiento de un criminal federal en una prisión de máxima seguridad en el interior de Estados Unidos cuesta muchísimo menos: según la Oficina de Cárceles, en 2013 esa cifra fue de 30.280 dólares por detenido, aunque no incluye los costos judiciales.

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